El llamado “plan de autonomía” para el Sáhara Occidental ha dejado de ser una propuesta política para convertirse en una ficción útil. Útil para Marruecos, que lo exhibe como coartada diplomática; útil para determinadas potencias, que lo emplean para justificar su abandono del derecho internacional; e inútil, por completo, para el pueblo saharaui, al que se le sigue negando el único derecho reconocido por Naciones Unidas: decidir libremente su futuro.

Esta impostura ha quedado aún más expuesta tras la promesa formal realizada por las autoridades marroquíes de presentar, en un plazo breve, un texto detallado y definitivo del plan de autonomía. Ese compromiso, anunciado tras reuniones de alto nivel y difundido como señal de “voluntad política”, no se ha materializado. Han pasado los meses y el documento sigue sin existir. No se trata de un retraso técnico ni de una dificultad administrativa, sino de la constatación de que Marruecos es incapaz de transformar un eslogan diplomático en un proyecto político real.

Desde su presentación en 2007, Rabat ha evitado sistemáticamente dotar a este plan de contenido verificable. No existe un marco jurídico específico, no se definen competencias legislativas ni ejecutivas, no hay garantías institucionales ni control saharaui sobre los recursos naturales. La reciente promesa de concretarlo no era un paso adelante, sino una maniobra dilatoria más. Cuando se exige precisión, el plan se desvanece, porque detallarlo implicaría reconocer límites al poder del Makhzen.

La exigencia de una “autonomía auténtica”, reiterada en el lenguaje del Consejo de Seguridad, ha colocado a Marruecos frente a su propia contradicción. Una autonomía real implica transferencia efectiva de poder, legitimidad política local y capacidad de decisión económica. Supone romper con la lógica colonial de administración del Sáhara Occidental. Precisamente por eso, Rabat no puede cumplir lo que promete. El compromiso de presentar el texto estaba condenado al incumplimiento desde el primer momento.

El riesgo interno que explica este bloqueo es evidente. Cualquier concesión real en el Sáhara abriría un precedente inmediato para otras regiones sometidas históricamente a marginación y represión, empezando por el Rif. El régimen marroquí no gobierna mediante el reparto del poder, sino mediante su concentración. El “plan de autonomía” solo puede existir como fórmula ambigua, nunca como realidad política.

La supuesta “regionalización avanzada” incorporada a la Constitución de 2011 confirma esta lógica. Fue una reforma cosmética destinada a tranquilizar a socios internacionales, no a empoderar a las poblaciones. Ninguna región controla recursos estratégicos, ninguna dispone de soberanía fiscal, ninguna puede legislar de forma autónoma. En los territorios saharauis ocupados, la situación es aún más clara: administración vertical, omnipresencia securitaria y una economía extractiva orientada al expolio.

A esta quiebra interna se suma una deriva internacional cada vez más grave. Estados Unidos ha optado por vaciar de contenido el marco multilateral del conflicto, debilitando a la ONU y empujando a la MINURSO hacia la irrelevancia. El referéndum de autodeterminación, núcleo del mandato onusiano durante más de tres décadas, ha sido marginado deliberadamente. No por inviabilidad jurídica, sino por conveniencia política.

La resolución 2797 simboliza este desplazamiento: el derecho es sustituido por el equilibrio de fuerzas, y la descolonización por la gestión diplomática de una ocupación. En este contexto, la promesa marroquí de presentar un plan detallado funcionó como cortina de humo para ganar tiempo y consolidar el hecho consumado, no como un paso sincero hacia una solución.

Conviene llamar a las cosas por su nombre. El “plan de autonomía” no es una alternativa al referéndum, sino un instrumento para enterrarlo sin asumir públicamente su negación. Su falta de concreción no es un fallo, sino su esencia. Mientras no exista un texto, puede seguir siendo invocado sin ser evaluado, impugnado ni sometido a ningún control jurídico.

No estamos ante un proceso de paz, sino ante un intento de liquidación política de la cuestión saharaui. No se busca una solución conforme al derecho internacional, sino la normalización de la ocupación. Mientras las promesas sigan sustituyendo a los compromisos reales, mientras la autodeterminación siga excluida y mientras las grandes potencias actúen como avalistas del ocupante, el Sáhara Occidental seguirá siendo un territorio ocupado y un símbolo del colapso del orden jurídico internacional.

PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL«