El caso de Mohamed Hnini Ruh Bani, conocido como Mohamed Bani, constituye uno de los ejemplos más graves y prolongados de la represión ejercida por Marruecos contra la población saharaui en el Sáhara Occidental ocupado. Detenido tras el desmantelamiento violento del campamento de protesta pacífica de Gdeim Izik en noviembre de 2010, Bani cumple desde hace más de quince años una condena a cadena perpetua impuesta tras procesos judiciales ampliamente cuestionados por su ilegalidad y falta de garantías.
AFAPREDESA documenta que su arresto se produjo en un contexto de estado de sitio no declarado, marcado por detenciones masivas, torturas y desapariciones temporales. Mohamed Bani fue sometido a detención secreta en dependencias de la gendarmería marroquí, trasladado fuera del territorio ocupado y juzgado inicialmente por un tribunal militar, pese a su condición de civil y a que los hechos se produjeron en un territorio pendiente de descolonización, lo que vulnera de forma directa el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
La condena dictada en 2013 por la jurisdicción militar fue posteriormente confirmada en 2017 por tribunales civiles marroquíes sin corregir las irregularidades de fondo. Tanto Human Rights Watch como Amnesty International concluyeron que los juicios se basaron esencialmente en confesiones obtenidas bajo tortura, en violación del artículo 15 de la Convención contra la Tortura, y denunciaron la ausencia de pruebas materiales sólidas que justificaran una pena de cadena perpetua.
El informe de AFAPREDESA sitúa el caso de Mohamed Bani en un marco más amplio de violaciones cometidas durante y después del asalto a Gdeim Izik. Entre ellas figuran la muerte del joven saharaui con nacionalidad española Baby Hamadi Buyema, enterrado sin el consentimiento de su familia, y el asesinato del menor Najem El Garhi ould Feydel Souidi, abatido por el ejército marroquí cuando se dirigía al campamento. Estos hechos fueron denunciados ante instancias internacionales y ante la Audiencia Nacional española, que en una resolución histórica reafirmó la responsabilidad de España como potencia administrante del Sáhara Occidental.
A ello se suma la situación actual de Mohamed Bani en la prisión de Aït Melloul 2, a más de 750 kilómetros de su lugar de origen y de su familia, en contravención de la Cuarta Convención de Ginebra. AFAPREDESA recoge denuncias persistentes de negligencia médica deliberada, aislamiento, discriminación racial y represalias contra los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik, prácticas que han motivado reiteradas huelgas de hambre como forma de protesta.
Pese a las decisiones claras del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y del Comité contra la Tortura, que han declarado ilegal su detención y exigido su liberación inmediata, Mohamed Bani continúa encarcelado en 2026. Su caso, lejos de ser excepcional, simboliza la persistencia de una política de castigo y disuasión contra quienes defienden pacíficamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación en un territorio cuya ocupación fue calificada ya en 1979 como ilegal por la Asamblea General de la ONU.
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LEER EL ARTÍCULO DE AFAPREDESA EN Francés en: Mohamed Hnini Ruh Bani (Mohamed Bani : Prisonnier politique sahraoui du groupe Gdeim Izik, condamné illégalement à perpétuité, en détention arbitraire depuis plus de 15 ans. –
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