Lo que no se dice del Frente Polisario o la verdad jurídica que asusta a Marruecos

Pero esto es lo que no se informa: aquello que se desconoce o, peor aún, se ignora deliberadamente.

En 2015 se produjo un acontecimiento de gran importancia jurídica: el Frente Polisario fue reconocido oficialmente como parte de las Convenciones de Ginebra de 1949. Esto no es un detalle de relaciones públicas. Es un acto legal. Esto significa que el Polisario, como representante del pueblo saharaui, ha sido aceptado en el derecho internacional humanitario no como una «milicia» ni como un «grupo», sino como un Movimiento de Liberación Nacional, una categoría específicamente definida y protegida por los Convenios de Ginebra y su Protocolo Adicional (l) [del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, del 8 de junio de 1977, nota del editor].

Este estatus no es simbólico. Se basa en la existencia de una ocupación extranjera, en este caso el control militar ilegal y continuado de Marruecos sobre ciertas partes del Sáhara Occidental. Sin la realidad de la ocupación, no habría ninguna vía legal para que el Polisario obtuviera dicho reconocimiento conforme al artículo 96(3) del Protocolo I. La lógica jurídica es inquebrantable: el estatuto del Polisario presupone el papel de Marruecos como potencia ocupante.

Es el problema legal el que está causando el problema. Un problema que Rabat intenta camuflar con eslóganes, apretones de manos diplomáticos y ruedas de prensa.

Marruecos no puede pretender estar implicado en un conflicto colonial y al mismo tiempo negar las consecuencias jurídicas de ser calificado, en los términos de las Convenciones de Ginebra, de «potencia ocupante». La aceptación del Polisario en el marco de Ginebra afirma, implícita y explícitamente, que el Sáhara Occidental está bajo ocupación extranjera. Ésta es la razón fundamental por la que el Frente Polisario puede ser parte de los Convenios.

Aquí es donde la situación se vuelve aún más incómoda para quienes difunden el discurso terrorista.

Estados Unidos, Francia y sí, incluso Marruecos, son firmantes y ratificadores de las Convenciones de Ginebra. Se han comprometido jurídicamente a respetar estos instrumentos, a aplicarlos en todos los conflictos internacionales y a reconocer la identidad jurídica de aquellos a quienes protegen. Estados Unidos ratificó las Convenciones en 1955. Francia lo hizo incluso antes. Marruecos, Estado parte desde su independencia, ha aceptado estas obligaciones y no puede invalidarlas selectivamente para adaptarlas a una agenda política actual.

Si Washington, París o Rabat calificaran ahora al Polisario de organización terrorista, estarían cometiendo directamente una paradoja jurídica: intentar criminalizar a un actor al que ya han reconocido, mediante el derecho de los tratados, como parte legítima en un conflicto internacional. Esto no sólo sería ilegal sino también absurdo.

Esto no es retórica. Se trata del derecho de los tratados. Del artículo 1 común a los Convenios de Ginebra, que obliga a los Estados a respetarlos y hacerlos respetar en todas las circunstancias. Se trata de la primacía de los tratados ratificados en el derecho constitucional estadounidense (artículo VI) y el principio de no contradicción en la interpretación del derecho internacional. Ninguna maniobra política, ningún comunicado conjunto, ninguna especulación de grupos de expertos puede revertir esta tendencia.

Entonces, ¿por qué esta realidad no aparece en los titulares?

Porque la verdad es una fuente de información incómoda. Porque reconocerlo exige una confrontación directa con la verdad jurídica fundamental que más teme Marruecos: su presencia en el Sáhara Occidental no es ni una administración ni una soberanía, sino una ocupación. Y con la ocupación llega la legitimidad de la resistencia.

Esto es lo que el gobierno marroquí no puede explicar a su propio pueblo. Que sus décadas de cabildeo diplomático y costosas campañas de relaciones públicas finalmente se comparen con un documento irrefutable: las Convenciones de Ginebra. Lo mismo ocurre con París y Washington, dos gobiernos incapaces de invocar el estado de derecho en Ucrania o Gaza, mientras que lo arrojan por la ventana en El Aaiún.

El intento de etiquetar al Polisario como organización terrorista es más que un mero espectáculo político: Es amnesia legal. Pero el derecho internacional no se olvida tan fácilmente. Está registrado, firmado, ratificado y sigue siendo vinculante.

La verdadera historia no es la que algunos medios de comunicación intentan presentar. La verdadera historia es la que se niegan a contar. Pero no es demasiado tarde para recordar.

AM-B.

(*) Exdiplomática saharaui