Ya mostró sus reservas cuando la proposición de ley impulsada para conceder la nacionalidad a aquellos saharauis nacidos bajo la administración española por Sumar llegó al Congreso de los Diputados el pasado febrero. De hecho, fue el único partido en votar en contra de su toma en consideración. Ahora, en el proceso de enmiendas, los socialistas proponen incluir una traba: que no puedan optar a esta nacionalización quienes presenten documentos legalizados por el Frente Polisario, al considerar que se trata de una entidad privada no reconocida.

La misión del PSOE: deslegitimar al Polisario

“La intervención del PSOE en la votación de la proposición no solo fue miserable sino que faltó a la verdad del derecho internacional. En los dos años que lleva presentada esta proposición no hemos recibido ni una sola enmienda del PSOE”, denunció tras la votación en declaraciones a El Independiente Tesh Sidi, diputada de Sumar en el Congreso y el rostro de la proposición de ley.

Fuentes del PSOE alegaron entonces que no se oponen a la proposición pero mencionaron como pretexto para su rechazo la obligación para los solicitantes de la nacionalidad la necesidad de presente un certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España. Los socialistas tratan desde hace meses de apadrinar el Movimiento Saharaui por la Paz, una organización que el CNI considera pantalla de los servicios secretos marroquíes y que Ferraz ha apoyado para ser incluida como observadora en la Internacional Socialista.

“Realmente esa documentación la expide la República Árabe Saharaui Democrática y es homologada luego por Argelia y luego por el consulado español en Argelia”, replicó Sidi. “Lo que busca el PSOE es deslegitimar al Frente Polisario. España reconoce ya la documentación que expide la RASD porque es nuestra partida de nacimiento. Siento decirlo duramente pero la posición en esto del PSOE es política. No le gusta esta ley porque no la ha redactado Marruecos. No hay más”, lamenta quien calcula que unos 15.000 saharauis podrían beneficiarse de esta norma.

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