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El acuerdo para un Gobierno progresista elude hablar del Sáhara Occidental, del que España es la potencia administradora de derecho.
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El pacto contempla la defensa de los derechos humanos, atención a los migrantes y una nueva ley de asilo, lo que no se hace con los saharauis.
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El PSOE excluyó el Sáhara Occidental de sus propuestas electorales y Unidas Podemos aboga por el reconocimiento de la RASD.
Alfonso Lafarga.-
El acuerdo PSOE-Unidas Podemos para “conformar un Gobierno progresista de coalición” no hace referencia alguna al Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos y del que España es la potencia administradora de derecho, tal y como establece la ONU y contempla la Audiencia Nacional.
A este acuerdo para una “Coalición progresista” que ignora las responsabilidades de España con su excolonia llegaron el PSOE, que ya no defiende la causa saharaui, y Unidas Podemos, que apoya el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y aboga por el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
El último de los once puntos de “Un nuevo acuerdo para España” acordado entre las formaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se titula “Una España europea abierta al mundo” y en dos páginas se apunta lo que debe ser el eje de su política internacional, sin que haya alusión alguna sobre el Sáhara Occidental, el territorio que España no descolonizó y entregó a Marruecos hace ya 44 años.
Con este acuerdo el PSOE y Unidas Podemos quieren situar a España “como referente de la protección de los derechos sociales en Europa”, fortalecer la influencia de España en organismos e instancias internacionales para “contribuir a la creación de un mundo más justo, próspero y sostenible”, fomentar las relaciones con Iberoamérica y África y apoyar “de manera decidida la defensa de los derechos humanos”.
Además de referirse a cuestiones sociales, medioambientales y económicas, el acuerdo contempla promover “una política europea de inmigración justa y solidaria” que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas, y para ello España promoverá la implementación del Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU.
El acuerdo contempla la modificación del sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de Protección Internacional y una nueva Ley de Asilo que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales.
Se concreta que España seguirá comprometida “con la atención de aquellos migrantes que llegan a nuestro país en situaciones de alta vulnerabilidad, mejorando la coordinación de todos los actores involucrados en la atención humanitaria y en la identificación de vulnerabilidades, especialmente las mujeres víctimas de trata y los menores”.
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