El Sáhara Occidental ha sido definido de múltiples maneras en los discursos políticos y mediáticos: “disputa territorial”, “conflicto olvidado”, “enfrentamiento entre Marruecos y Argelia”, “problema del Magreb”. Todos estos términos, cuidadosamente difundidos, tienen algo en común: ocultan la verdad fundamental de que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización según las Naciones Unidas y el derecho internacional.
El lenguaje no es neutral. Hablar de “conflicto regional” es aceptar de partida el marco narrativo marroquí que pretende diluir la responsabilidad internacional y reducir una cuestión de autodeterminación a una pugna geopolítica entre dos Estados. Frente a esta manipulación, es necesario recordar con firmeza: el Sáhara Occidental no es un asunto bilateral, ni un problema heredado sin solución, sino un caso de colonialismo clásico que aún espera su desenlace, con un pueblo que sigue reclamando su derecho legítimo e imprescriptible a decidir libremente su futuro.
Un territorio pendiente de descolonización
En 1963, la Asamblea General de la ONU incluyó al Sáhara Occidental —entonces colonia española— en la lista de Territorios No Autónomos, aplicándole de lleno la resolución 1514 (XV) de 1960 sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. A partir de ahí, el principio rector fue inequívoco: el pueblo saharaui es sujeto de un derecho de autodeterminación reconocido y protegido por la legalidad internacional.
España, la potencia administradora, debía organizar un referéndum de autodeterminación bajo supervisión de la ONU. Sin embargo, el proceso fue interrumpido en 1975 por la invasión marroquí, disfrazada bajo la llamada “Marcha Verde” y consolidada mediante la firma de los Acuerdos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania. Dichos acuerdos carecían de toda validez jurídica: las Naciones Unidas nunca los reconocieron y, en consecuencia, España sigue siendo la potencia administradora de iure, aunque Marruecos ocupe el territorio de facto.
El propio dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), emitido el 16 de octubre de 1975, demolió la narrativa marroquí. El TIJ dejó claro que no existían vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental, y que lo único que procedía era aplicar el principio de libre determinación. Pese a este pronunciamiento vinculante, Marruecos lanzó su invasión apenas dos semanas después, en flagrante violación del derecho internacional.
La falacia del “conflicto regional”
Desde entonces, Rabat ha invertido enormes recursos diplomáticos y propagandísticos en transformar una cuestión de descolonización en un supuesto “conflicto regional” entre Marruecos y Argelia. Esta construcción discursiva persigue varios objetivos:
- Deslegitimar al sujeto real del derecho a la autodeterminación, el pueblo saharaui, reduciéndolo a un peón de intereses externos.
- Convertir el problema en una pugna geopolítica, donde lo que importa no es la legalidad internacional, sino el equilibrio de fuerzas en el Magreb.
- Diluir la responsabilidad de España y la ONU, desviando la atención hacia Argelia como parte interesada, cuando la realidad es que el único actor enfrentado a Marruecos es el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui reconocido por la ONU.
Pero los hechos son contundentes: el Sáhara Occidental no es un “territorio disputado” ni un problema bilateral. Es un caso de ocupación ilegal, denunciado por múltiples organismos internacionales y condenado en resoluciones y sentencias de gran alcance.
Naciones Unidas: un mandato pendiente
La ONU mantiene al Sáhara Occidental en su lista de territorios no autónomos y, por tanto, bajo el principio de autodeterminación. La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) fue creada en 1991 con el mandato específico de organizar un referéndum de autodeterminación. Treinta y cuatro años después, ese referéndum sigue bloqueado, en gran parte por las maniobras de Marruecos y la pasividad de las potencias con asiento en el Consejo de Seguridad.
La ONU nunca ha reconocido soberanía marroquí alguna sobre el Sáhara Occidental. Por el contrario, todas sus resoluciones insisten en la necesidad de alcanzar una solución que respete la autodeterminación del pueblo saharaui. No existe resolución alguna que avale el llamado “plan de autonomía marroquí”, pese a los intentos de Rabat de imponerlo como única salida.
La Unión Africana: reconocimiento y firmeza
En el terreno continental, la posición es clara. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es Estado miembro fundador de la Unión Africana (UA) y participa en igualdad de condiciones que los demás. Marruecos, tras abandonar la entonces Organización de la Unidad Africana en 1984, regresó a la UA en 2017, pero lo hizo aceptando sus estatutos, incluida la admisión plena de la RASD.
Esto significa que en el marco africano no hay “disputa”: hay un Estado ocupado y un Estado ocupante. La UA ha reafirmado en múltiples ocasiones que el Sáhara Occidental es un caso de descolonización pendiente y que Marruecos debe respetar las fronteras heredadas de la colonización. La participación saharaui en cumbres internacionales como la TICAD 9 en Japón (2025) es un ejemplo de esta legitimidad, mientras que Marruecos acumula derrotas diplomáticas en sus intentos de marginar a la RASD.
La SADC: solidaridad panafricana
La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) representa la memoria viva de las luchas contra el colonialismo y el apartheid. En su última cumbre en Antananarivo (2025), los jefes de Estado reafirmaron su apoyo al pueblo saharaui y pidieron la inclusión de un mecanismo de supervisión de derechos humanos en el mandato de la MINURSO.
La SADC ha firmado incluso un memorando de entendimiento con la RASD, reforzando los vínculos políticos y diplomáticos. No es casualidad: los países que derrotaron al colonialismo portugués, al apartheid sudafricano o a las dictaduras racistas se reconocen en la lucha del Frente Polisario como prolongación de sus propias batallas por la dignidad.
La Unión Europea y la legalidad internacional
Europa tampoco puede esconderse. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencias históricas que desmontan la narrativa marroquí. En septiembre de 2021, el Tribunal General anuló los acuerdos de pesca y agricultura firmados por la UE y Marruecos en la medida en que se aplicaban al Sáhara Occidental. En julio de 2024, el TJUE confirmó esas sentencias, subrayando que:
- El Sáhara Occidental es un territorio “separado y distinto” de Marruecos.
- El pueblo saharaui es el único titular del derecho a la autodeterminación.
- El Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo saharaui.
- Ningún acuerdo puede aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso de su pueblo.
En 2025, el TJUE rechazó además la solicitud de la Comisión Europea de rectificar algunos párrafos, ratificando la integridad de sus fallos y reafirmando que la población colona instalada por Marruecos no puede ser confundida con el pueblo saharaui originario.
Estas decisiones judiciales, de máxima autoridad en la UE, confirman lo que ya habían afirmado la ONU y el TIJ: Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental y está explotando ilegalmente recursos que no le pertenecen.
La lucha armada y la resistencia civil
El 13 de noviembre de 2020, tras la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos en El Guerguerat, el Frente Polisario anunció la reanudación de la lucha armada. Desde entonces, el ejército saharaui mantiene un hostigamiento constante en el muro militar marroquí. Esta dimensión militar es inseparable de la resistencia civil que se mantiene en los territorios ocupados, donde activistas saharauis desafían la represión, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.
Lejos de debilitarse, la causa saharaui se ha reforzado en estos años, combinando la lucha en el terreno con la batalla diplomática y judicial. La juventud saharaui en los campamentos de refugiados y en la diáspora asume un papel cada vez más activo, asegurando la continuidad de la resistencia.
España: la potencia administradora que no cumplió
España tiene una responsabilidad histórica y jurídica ineludible. Los Acuerdos de Madrid de 1975, con los que intentó desentenderse del Sáhara Occidental, son nulos de pleno derecho. Ni transfirieron soberanía ni liberaron a España de su papel como potencia administradora, tal como ha confirmado Naciones Unidas en múltiples ocasiones.
La decisión del gobierno español en 2022 de alinearse con el “plan de autonomía” marroquí no cambia esta realidad: España sigue siendo responsable de culminar el proceso de descolonización. Su actual postura, además de contraria al derecho internacional, constituye una traición histórica a los compromisos asumidos y a la palabra dada a los saharauis.
El derecho a la autodeterminación es innegociable
Frente a todas estas evidencias, Marruecos insiste en su propaganda: presenta cada declaración vacía como un triunfo, cada foto como un reconocimiento, cada inversión en el Sáhara ocupado como un acto de soberanía. Pero los hechos, las resoluciones y las sentencias lo contradicen: Marruecos es una potencia ocupante sin títulos jurídicos sobre el Sáhara Occidental.
El derecho a la autodeterminación es un principio central del derecho internacional contemporáneo, recogido en la Carta de la ONU y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Es un derecho inalienable, imprescriptible y no negociable. Ninguna fórmula de autonomía bajo soberanía marroquí puede sustituir al referéndum de autodeterminación, única vía reconocida por la comunidad internacional.
Conclusión: una causa justa que avanza
El Sáhara Occidental no es un “conflicto regional”, sino un caso paradigmático de descolonización inacabada. Es un pueblo colonizado que se enfrenta a una potencia ocupante y que cuenta con la ley, la historia y la legitimidad de su lado.
Cada intento de Marruecos de disfrazar esta realidad fracasa ante la solidez de los hechos:
- La ONU lo considera un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
- El TIJ negó cualquier vínculo de soberanía marroquí.
- La UA reconoce plenamente a la RASD como Estado miembro.
- La SADC reafirma su solidaridad panafricana.
- El TJUE ha sentenciado que Marruecos no tiene soberanía ni derecho a explotar recursos en el territorio.
- El pueblo saharaui resiste en armas, en las calles y en los tribunales.
El futuro del Sáhara Occidental no está escrito en Rabat ni en París ni en Washington. Está escrito en el derecho internacional y en la voluntad de un pueblo que no ha renunciado ni renunciará a su derecho a ser libre. El desenlace no será un “arreglo regional” sino la culminación de un proceso de descolonización que lleva demasiado tiempo esperando.
PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»
