Desde la retirada de España del Sáhara Occidental en 1975, diversas organizaciones internacionales han denunciado la violación de derechos humanos en la región donde procedían los saharauis que pidieron asilo en Barajas.

Torturas y detenciones arbitrarias

Cuando preguntas a cualquier activista saharaui sobre su vida en los territorios ocupados del Sáhara es habitual que mencione haber sufrido alguna detención arbitraria durante sus protestas por la autodeterminación. En ellas, muchos mencionan haber sido víctimas de torturas o malos tratos. Un informe publicado recientemente por ACAPS y NOVACT indica que sólo en 2023 se detuvo o retuvo ilegalmente a 10 hombres y 6 mujeres.

A Zeinab Babi la detuvieron un año antes, en 2022. Esta mujer saharaui cuenta que se dirigía hacia un taxi que encontró cerca de un supermercado en la ciudad de Bojador (Sáhara Occidental) sobre las 12 de la noche cuando dos coches sin matrícula se detuvieron junto a ella y, seguidamente, cuatro agentes de policía y seguridad vestidos de civiles apartaron al taxista diciéndole: “Esto no te incumbe”.

Esa noche del 16 de abril de 2022, la policía marroquí arrestó a Zeinab. Sin que la policía le dijera por qué estaba siendo retenida, esta mujer de 43 años contó a Amnistía Internacional que los motivos que se escondían detrás de la actuación policial estaban directamente relacionados con su participación en las manifestaciones en Bojador y su papel de activista saharaui. Mientras estaban en el coche, dos policías golpearon y patearon a Zeinab por todo el cuerpo, también la insultaron. Según el informe que recoge el caso de Zeinab y otras cinco mujeres detenidas por las autoridades marroquíes, ya en la comisaría, cuatro agentes interrogaron a la activista desde las 12.30 hasta las 15.20 horas, cuando abandonó la comisaría descalza y con su melfa (pañuelo tradicional saharaui) rota por los golpes.

De camino a casa, otro coche, un Mercedes, se acercó desde la dirección opuesta y cinco hombres –tapados con mascarillas por la pandemia– se acercaron, bajaron del coche y la golpearon a palos en las rodillas, las manos y los brazos, siempre según su relato. “Siguieron golpeándome. Vi el walkie-talkie de uno de los agentes y pude ver que eran policías. Intentaban impedir que luchara golpeándome con los palos de hierro. Me golpearon sin piedad”, concluye este testimonios recogidos por Amnistía Internacional.

La represión de Marruecos contra los activistas saharauis también ha llegado a los tribunales, traduciéndose en ocasiones en condenas de cadena perpetua por actividades relacionadas con el activismo. Uno de los casos más mediáticos sucedió en 2010, durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. Con el objetivo de exigir mejores condiciones de vida y denunciar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Marruecos en el Sáhara Occidental, miles de saharauis se concentraron para ejercer una gran manifestación que, según analistas, fue considerada como el germen de la Primavera Árabe en 2011.

Como respuesta, las fuerzas marroquíes desmantelaron violentamente el campamento, lo que provocó enfrentamientos y numerosas detenciones. Como resultado, 24 activistas saharauis, conocidos como el grupo de Gdeim Izik, fueron arrestados y condenados por un tribunal militar marroquí. Algunos recibieron sentencias de entre 20, 30 años o incluso cadena perpetua. Según el informe, los detenidos fueron sometidos a “torturas físicas y psicológicas, acoso y reclusión en régimen de aislamiento en represalia por su defensa del derecho a la libre determinación y su retirada del proceso de apelación”.

En abril de 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declaró de “ilegal” la detención de los encarcelados en centros penitenciarios marroquíes del grupo de Gdeim Izik por violar los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desapariciones forzadas

Para Ghalia Djimi, defensora saharaui de los derechos humanos, el 20 de noviembre de 1987 siempre será una fecha a recordar. La mañana de ese día, Djimi se personó en la manifestación en El Aaiún ante la llegada de una misión técnica de la ONU. El objetivo de la visita era evaluar las condiciones para la celebración del referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, pero ese día también Ghalia Djimi fue detenida sin dejar rastro ni avisar a sus familiares, según denuncia la activista.

Djimi cuenta que fue enviada a un “centro discreto”, donde estuvo retenida con “los ojos vendados” durante más de tres años “hasta cuatro días antes de su liberación”. A su salida, ya no tenía cabello, dice que lo perdió por los químicos que le arrojaban. Asegura que en sus brazos y espalda aún se veían las marcas de mordedura de los perros. “Abusaban sexualmente de nosotras o nos ponían una pistola en la cabeza”, cuenta la mujer desde El Aaiún por teléfono. “No teníamos más ropa que la que llevábamos puesta. No podíamos cambiarnos ni siquiera cuando nos venía la menstruación”, denuncia.

Un informe publicado el pasado 10 de octubre por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (UN CED) acusa a funcionarios marroquíes de ser sospechosos de llevar a cabo desapariciones forzadas y otros delitos graves en el Sáhara Occidental ocupado. El documento sostiene que Marruecos “perpetua un clima de impunidad al negarse a investigar y exigir responsabilidades a los autores”.

Otra investigación de la asociación saharaui Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado, publicada este mes, revela que cerca de 1.000 saharauis han sido víctimas de desapariciones forzadas, de los cuales se estima que 440 siguen desaparecidos.

Su experiencia no fue el primer caso de desaparición forzada que conocía. El 4 de abril de 1984, las autoridades marroquíes se llevaron a su abuela, a quien consideraba su madre. La acusaron de ser miembro del Frente Polisario, pero simplemente era una mujer “muy pendiente” que mantenía las costumbres saharauis, aunque vivieran en Marruecos, recuerda Djimi. Desde ese día nunca más volvió a saber de su abuela: “Marruecos dice que ha fallecido, pero no tengo ningún comprobante que lo corrobore”. Djimi fue liberada en 1991, cuando Marruecos liberó a 324 saharauis tras un acuerdo de alto al fuego con el Frente Polisario.

El caso de Ghalia Djimi no es aislado, subraya la activista: “La desaparición forzada ha tocado a casi la totalidad de las personas saharauis”.

Un agujero informativo

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