El memorándum saharaui en la ONU, claves de medio siglo de ocupación

En agosto de 2025, el Frente Polisario presentó ante Naciones Unidas un memorándum clave sobre la cuestión del Sáhara Occidental. El documento, registrado oficialmente y dirigido al Consejo de Seguridad, sintetiza en ocho apartados la naturaleza del conflicto, la ilegalidad de la ocupación marroquí y la urgencia de garantizar al pueblo saharaui el ejercicio de su derecho a la autodeterminación. A pocas semanas de cumplirse los 50 años de la invasión de Marruecos, el texto constituye no solo un repaso jurídico y político, sino también una llamada de alerta a la comunidad internacional.

El memorándum recuerda que el Sáhara Occidental es un territorio inscrito en la lista de Naciones Unidas como pendiente de descolonización desde 1963. Subraya que Marruecos nunca ha ejercido soberanía sobre él y que su presencia constituye una ocupación ilegal condenada por resoluciones de la Asamblea General, dictámenes de la ONU, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y fallos del Tribunal Africano de Derechos Humanos. También reafirma que el único acuerdo mutuamente aceptado sigue siendo el Plan de Arreglo de 1991, basado en la celebración de un referéndum de autodeterminación supervisado por la MINURSO.

Además, el documento pone en valor el papel de la República Árabe Saharaui Democrática como miembro fundador de la Unión Africana y destaca la voluntad de paz expresada por el Frente Polisario, incluso con propuestas concretas como la de 2007. Finalmente, advierte de que la conmemoración de cinco décadas de ocupación será una prueba de fuego para la credibilidad de Naciones Unidas y de todo el sistema internacional: o se impone el derecho de los pueblos o se consagra la fuerza de los hechos consumados.

Con este prólogo, presentamos una serie de cuatro artículos que desgranan cada parte del memorándum: desde el reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización, hasta el análisis de la ocupación marroquí, el bloqueo del Plan de Arreglo y, finalmente, la legitimidad de la RASD y la urgencia de poner fin a medio siglo de injusticia.

El Sahara Occidental, un territorio pendiente de descolonización: Memorándum saharaui en la ONU

Uno de los grandes silencios del sistema internacional sigue siendo el Sáhara Occidental. A pesar de que desde 1963 figura en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas, más de sesenta años después el pueblo saharaui continúa esperando ejercer el derecho que le corresponde: la autodeterminación y la independencia. La propia ONU, a través de la Asamblea General y de múltiples resoluciones, ha reiterado que el caso saharaui se enmarca en el proceso de descolonización regulado por el Capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas y por la Resolución 1514 (XV), la “Carta Magna de la descolonización”.

La legalidad internacional es clara: el pueblo saharaui tiene un derecho inalienable, imprescriptible e innegociable a decidir libremente su futuro. No se trata de una concesión política ni de un favor diplomático, sino de un principio fundacional del orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial. La Resolución 1514 (XV) de 1960 proclamó que “todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación” y exigió el fin inmediato del colonialismo en todas sus formas. El Sáhara Occidental está inscrito en ese marco jurídico, y así lo han reconocido la Asamblea General y sus órganos subsidiarios durante décadas.

En 1975, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) despejó cualquier duda en su Opinión Consultiva. Marruecos intentó entonces justificar sus aspiraciones alegando supuestos vínculos históricos de soberanía sobre el territorio. La CIJ fue contundente: no existía ningún lazo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Lo que sí existía era una población autóctona, el pueblo saharaui, titular del derecho a decidir su destino mediante la autodeterminación. La Corte, además, reafirmó que la Resolución 1514 (XV) era plenamente aplicable al Sáhara Occidental.

Sin embargo, lejos de respetar el dictamen de la CIJ y el marco jurídico internacional, Marruecos optó por la invasión militar, inaugurando en octubre de 1975 la ocupación ilegal que aún hoy persiste. Desde entonces, el pueblo saharaui ha sido víctima de la represión, el exilio forzado y el expolio de sus recursos, mientras la comunidad internacional ha acumulado promesas incumplidas y resoluciones ignoradas. El contraste entre la claridad del derecho y la realidad de la ocupación es una de las grandes contradicciones de Naciones Unidas en su historia reciente.

El Sáhara Occidental sigue siendo, por tanto, un territorio pendiente de descolonización. El pueblo saharaui no reclama nada que no le corresponda: exige simplemente que se aplique la legalidad internacional. La Opinión Consultiva de la CIJ y las resoluciones de la ONU siguen vigentes y obligan a la comunidad internacional a actuar. Ignorarlas es aceptar que el colonialismo aún tiene cabida en el siglo XXI.

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El 31 de octubre de 1975, Marruecos invadió militarmente el Sáhara Occidental en abierto desafío al derecho internacional. Apenas dos semanas antes, la Corte Internacional de Justicia había dejado claro en su Opinión Consultiva que no existía ningún vínculo de soberanía entre el territorio y Marruecos. La conclusión era inequívoca: el pueblo saharaui era el único titular del derecho a la autodeterminación. Frente a ese dictamen, Rabat respondió con tanques y soldados, iniciando una ocupación ilegal que dura ya medio siglo.

Naciones Unidas nunca ha reconocido esa anexión. Muy al contrario, la Asamblea General deploró la situación en resoluciones como la 34/37 de 1979 y la 35/19 de 1980, que calificaban la presencia marroquí como una ocupación y reafirmaban el derecho del pueblo saharaui a la independencia. El llamado “Acuerdo de Madrid” de noviembre de 1975, mediante el cual España trató de transferir sus responsabilidades coloniales a Marruecos y Mauritania, fue declarado jurídicamente nulo por el propio asesor legal de la ONU en 2002: ni otorgó soberanía, ni transfirió la condición de potencia administradora, ni alteró el estatuto internacional del Sáhara como Territorio No Autónomo.

La jurisprudencia internacional también ha sido contundente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus sentencias de 2016 y 2024, reafirmó que el Sáhara Occidental es “separado y distinto” de Marruecos y que ningún acuerdo comercial con Rabat puede aplicarse al territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui. Por su parte, el Tribunal Africano de Derechos Humanos declaró en 2022 que la ocupación marroquí era incompatible con el derecho a la autodeterminación. Son fallos de máximo nivel que refuerzan una verdad jurídica incuestionable: Marruecos carece de soberanía sobre el Sáhara Occidental.

Pese a ello, Rabat ha tratado de imponer en los hechos lo que le niega la legalidad. La construcción del muro militar, el establecimiento de colonias, la explotación ilegal de recursos y la represión sistemática de la población saharaui forman parte de una estrategia de anexión de facto que no tiene amparo en el derecho internacional. El objetivo es evidente: convertir la ocupación en un hecho consumado mientras se ignoran las resoluciones de Naciones Unidas y los pronunciamientos de los tribunales.

El caso del Sáhara Occidental revela hasta qué punto la comunidad internacional tolera violaciones flagrantes de la Carta de la ONU cuando chocan con los intereses de determinadas potencias. Marruecos sigue ocupando un territorio que no le pertenece, con el silencio cómplice de gobiernos que proclaman su compromiso con el derecho internacional, pero miran hacia otro lado cuando se trata de aplicarlo en el Sáhara. La legalidad, sin embargo, no prescribe: la ocupación es ilegal hoy como lo fue en 1975, y el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro sigue intacto.

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Tras casi veinte años de guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, en 1991 se alcanzó lo que parecía ser una salida definitiva: el Plan de Arreglo ONU-OUA, aceptado formalmente por ambas partes y aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad. Su núcleo era claro y sencillo: organizar un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui pudiera decidir libremente entre la independencia o la integración en Marruecos. Para ello se creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), establecida por la resolución 690 (1991).

Ese plan fue, y sigue siendo, el único acuerdo práctico y mutuamente aceptado para resolver el conflicto. El Frente Polisario cumplió con su parte, hizo concesiones y demostró una voluntad de compromiso que le ha valido el reconocimiento de la comunidad internacional como interlocutor legítimo. Sin embargo, Marruecos nunca aceptó el riesgo de que el resultado del referéndum pudiera ser la independencia. Desde el primer momento obstaculizó el proceso, manipuló el censo, introdujo a colonos y, finalmente, bloqueó la consulta.

En noviembre de 2020, Rabat dio un paso más: rompió el alto el fuego con la incursión militar en El Guerguerat, reanudando la guerra e imponiendo una nueva ocupación armada en la zona de separación. Desde entonces, Marruecos ha tratado de consolidar su control con inversiones ilegales, acuerdos con terceros y una intensa campaña diplomática para presentar su plan de “autonomía” como la única solución posible. En la práctica, intenta imponer un hecho consumado contrario a la Carta de la ONU y a la esencia misma del Plan de Arreglo.

El memorándum del Frente Polisario recuerda que los Estados miembros tienen una responsabilidad directa: ningún país comprometido con la legalidad puede reconocer ni ayudar a la ocupación marroquí. Hacerlo equivale a legitimar la anexión por la fuerza, sentando un precedente gravísimo para todo el sistema internacional. La MINURSO, concebida para garantizar un referéndum, se ha convertido en rehén de la inacción del Consejo de Seguridad, que ha tolerado durante décadas el bloqueo marroquí.

Hoy, la paz en el Sáhara Occidental sigue secuestrada. El pueblo saharaui espera desde 1991 que se cumpla lo prometido: votar libremente su futuro. La pregunta no es si el referéndum es posible, sino si la ONU y sus Estados miembros tienen la voluntad política de hacerlo realidad. La credibilidad de la organización, y el respeto al derecho internacional, dependen de ello.

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El 27 de febrero de 1976, apenas un día después de la retirada formal de España, el pueblo saharaui proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Nacía así un Estado fruto de la lucha de liberación nacional, reconocido por decenas de países y miembro fundador de la Unión Africana. Hoy, casi cinco décadas después, la RASD es una realidad política irreversible en el continente: un Estado que defiende los principios de la UA, en particular el respeto a las fronteras heredadas de la colonización, y que se mantiene firme en la defensa de la autodeterminación y la independencia.

El memorándum recuerda también que el Frente Polisario, como movimiento de liberación reconocido por la ONU, ha mostrado reiteradamente su voluntad de alcanzar una solución pacífica y duradera. En 2007 presentó una propuesta política mutuamente aceptable, en la que se comprometía a aceptar un referéndum de autodeterminación con garantías internacionales y a establecer, en caso de independencia, relaciones de respeto mutuo y cooperación económica y de seguridad con Marruecos. Lejos de ser una posición maximalista, esta oferta demuestra la flexibilidad y la responsabilidad del Polisario frente a la intransigencia de Rabat.Ver una vista previa

El documento subraya que el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación es inalienable e imprescriptible. Negarlo significaría traicionar la Carta de las Naciones Unidas, premiar la agresión militar y abrir la puerta a un precedente neocolonial peligroso para toda África y para el mundo. El conflicto del Sáhara Occidental no es un asunto bilateral ni un capricho político: es una cuestión de descolonización inacabada que exige el cumplimiento estricto del derecho internacional.

En octubre de 2025 se cumplen 50 años de la invasión marroquí, medio siglo de ocupación, represión y exilio forzado. Esta fecha no es solo un triste aniversario: es una prueba de fuego para la credibilidad de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Permitir que continúe esta situación equivaldría a avalar el colonialismo en pleno siglo XXI. La única salida legítima es permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho en un referéndum libre, justo y supervisado por la ONU.

La causa saharaui no es únicamente una cuestión regional: es un termómetro de la coherencia del sistema internacional. Si se tolera que Marruecos mantenga por la fuerza un territorio colonizado, se debilita todo el edificio jurídico construido tras la Segunda Guerra Mundial. El pueblo saharaui ha demostrado paciencia, resistencia y voluntad de paz. Ahora le corresponde a la ONU y a los Estados miembros demostrar que sus principios no son papel mojado.

PLATAFORMA «No te olvides del Sahara Occidental»