El 23 de septiembre Marruecos celebrará elecciones legislativas y extenderá el proceso electoral al Sáhara Occidental ocupado. A una semana de la votación, el Gobierno de la RASD ha denunciado que organizar esos comicios en el territorio constituye una nueva violación de su estatus internacional. Días antes, los presos políticos saharauis de Gdeim Izik habían llamado a la población a boicotearlos. Dos pronunciamientos distintos que colocan la misma cuestión en el centro: unas elecciones nacionales no pueden resolver por la vía de los hechos una descolonización que continúa pendiente.

Marruecos elegirá el próximo 23 de septiembre a los 395 miembros de su Cámara de Representantes. La campaña electoral comenzó el día 10 y concluirá a medianoche del 22. Rabat presenta oficialmente el proceso como una votación desarrollada en el conjunto de su territorio nacional. Y precisamente ahí comienza el problema cuando esas elecciones se trasladan también al Sáhara Occidental: Marruecos administra electoralmente las ciudades ocupadas como si la cuestión territorial estuviera resuelta, mientras el Sáhara Occidental continúa figurando ante Naciones Unidas como un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización.

El Gobierno de la República Saharaui reaccionó este 15 de septiembre con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Africanos. En él califica la celebración de las elecciones marroquíes en los territorios ocupados como una «provocación» y sostiene que constituye una nueva violación del estatus internacional del Sáhara Occidental. La declaración insiste en que la celebración de elecciones y las cifras de participación que posteriormente pueda presentar Rabat no modifican la naturaleza de una cuestión que sigue pendiente de solución.

El pronunciamiento institucional llega apenas tres días después de otro llamamiento procedente del interior de las cárceles marroquíes. Los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik pidieron a los saharauis de los territorios ocupados que boicoteen las elecciones del 23 de septiembre, al considerar que participar en ellas contribuye a normalizar la integración del Sáhara Occidental dentro de las instituciones marroquíes. Su comunicado defendía además la resistencia civil y pacífica y reafirmaba el derecho del pueblo saharaui a la libertad y la independencia.

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Los dos comunicados parten de lugares diferentes. Uno procede del Gobierno saharaui y reclama responsabilidades a Naciones Unidas y a la comunidad internacional; el otro nace de presos políticos saharauis y se dirige directamente a la población del territorio ocupado. Pero ambos coinciden en el argumento fundamental: la participación en unas elecciones organizadas por Marruecos no puede utilizarse para convertir en soberanía lo que el proceso de descolonización no ha resuelto.

Esta distinción resulta especialmente importante porque unas elecciones pueden determinar quién ocupa determinados cargos dentro de las instituciones creadas por Marruecos, pero no sustituyen el ejercicio de la autodeterminación. La cuestión pendiente ante Naciones Unidas no consiste en conocer qué partido marroquí obtiene más votos en El Aaiún, Smara, Bojador o Dajla, sino en resolver el estatuto definitivo del territorio mediante un proceso que permita al pueblo saharaui decidir su futuro. Presentar la participación electoral como prueba de integración política confunde deliberadamente dos planos diferentes.

El llamamiento al boicot se produce, además, en un territorio donde la expresión política saharaui favorable a la autodeterminación se desarrolla bajo fuertes restricciones. Naciones Unidas ha recibido denuncias reiteradas de intimidación, vigilancia, violencia y discriminación contra activistas y defensores saharauis de derechos humanos, mientras organizaciones saharauis continúan documentando intervenciones policiales, restricciones de movimiento y hostigamiento en ciudades como El Aaiún. Ese contexto también debe tenerse en cuenta cuando se presentan las cifras de participación electoral como expresión de normalidad política en el territorio.

Por eso el comunicado de Exteriores saharaui dirige también su mirada hacia Naciones Unidas. La RASD reclama que la organización internacional asuma sus responsabilidades respecto de un territorio sometido todavía a un proceso de descolonización y responsabiliza a Marruecos de las consecuencias que puedan derivarse de la consolidación de hechos consumados. La denuncia no se limita, por tanto, al desarrollo de una campaña electoral: cuestiona la utilización de las instituciones marroquíes para proyectar una apariencia de normalidad soberana sobre un territorio cuyo estatuto internacional continúa sin resolverse.

El próximo 23 de septiembre habrá urnas marroquíes en el Sáhara Occidental ocupado y posteriormente llegarán resultados, porcentajes y cifras de participación. Pero ninguna de esas cifras responderá a la pregunta que lleva medio siglo pendiente. El pueblo saharaui no espera elegir qué partido debe representarlo en el Parlamento de Marruecos; espera poder decidir el futuro del Sáhara Occidental. Esa es la diferencia que los comunicados de Gdeim Izik y del Gobierno de la RASD quieren volver a colocar en primer plano.

Fuentes: Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Africanos de la RASD / Sahara Press Service