Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos avanzan en una nueva ofensiva económica en el Sáhara Occidental ocupado, esta vez con la complicidad directa de Marruecos. Bajo el paraguas de inversiones presentadas como “verdes” y estratégicas, Abu Dabi y Washington buscan blindar proyectos energéticos, logísticos y financieros en un territorio pendiente de descolonización, transformando una ocupación ilegal en una oportunidad de negocio y en un hecho consumado sobre el terreno.
Los Emiratos Árabes Unidos están dando un nuevo paso en su ofensiva económica sobre el Sáhara Occidental ocupado, esta vez buscando el respaldo directo de Estados Unidos para asegurar y blindar sus inversiones en un territorio pendiente de descolonización. Lejos de tratarse de iniciativas aisladas o meramente económicas, el movimiento confirma una estrategia cada vez más clara: internacionalizar la ocupación marroquí mediante alianzas geopolíticas y financieras de alto nivel.
Según ha revelado Africa Intelligence en «Sahara occidental : les investisseurs émiriens dans le sillage des États-Unis», artículo publicado el 11 de diciembre de 2025, Abu Dabi se prepara para asociarse con la US International Development Finance Corporation (DFC) y con empresas estadounidenses interesadas en invertir en el Sáhara Occidental. El objetivo declarado es crear joint ventures sectoriales que permitan a los Emiratos reducir riesgos y garantizar sus intereses, tras varios reveses sufridos en la zona, entre ellos el fracaso del gigante logístico DP World en su intento de gestionar el puerto de Dakhla.
Blindar inversiones en un territorio ocupado
El caso del puerto de Dakhla-Atlantique es ilustrativo. Tras el anuncio en mayo de 2025 de un contrato récord entre la emiratí Taqa y la empresa marroquí Nareva, DP World mostró su interés por participar en el proyecto. Sin embargo, fue finalmente apartado por las autoridades marroquíes, decididas a mantener el control directo de esta infraestructura estratégica. Este episodio parece haber reforzado la convicción emiratí de que, para operar con garantías en el Sáhara Occidental, es imprescindible contar con el respaldo político y financiero de Washington.
Aunque los fondos soberanos aún no han sido oficialmente designados, Africa Intelligence señala a ADQ y a la Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) como los principales candidatos. Ambos cuentan ya con amplios intereses en Marruecos y buscan ahora ampliar sus carteras, especialmente en el ámbito energético. En el caso de ADIA, presidida por Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente emiratí Mohamed bin Zayed, la apuesta pasa por proyectos “verdes”, en línea con la estrategia de ecoblanqueo que ya hemos analizado en anteriores artículos.
Energía “verde” y normalización de la ocupación
Las conversaciones con las autoridades locales de los territorios ocupados están ya muy avanzadas. En particular, con el Centro Regional de Inversión (CRI) de Dakhla-Oued Edahab, dirigido por Ahmed Kathir, se negocia el despliegue de parques eólicos impulsados por grandes actores emiratíes como Masdar, AMEA Power y Taqa. Proyectos presentados como desarrollo sostenible, pero que se implantan sin el consentimiento del pueblo saharaui y al margen del derecho internacional.
Por su parte, las empresas estadounidenses aún no han concretado iniciativas propias, pero continúan negociando los formatos y modelos de las futuras joint ventures con los Emiratos. Un proceso que se ve claramente respaldado por la diplomacia estadounidense: la reciente visita de una delegación oficial de EE. UU. a Dakhla ha servido para preparar la apertura de un consulado estadounidense en la ciudad, un paso político de enorme calado.
A ello se suma el anuncio previo de la DFC de destinar 5.000 millones de dólares para facilitar la implantación de empresas estadounidenses en el territorio, consolidando así una presencia económica que refuerza de facto la ocupación marroquí.
Inversión extranjera como herramienta política
Este nuevo eje Emiratos–Estados Unidos confirma que el Sáhara Occidental se ha convertido en un espacio clave de experimentación de una estrategia bien conocida: utilizar la inversión extranjera, la energía “verde” y las grandes infraestructuras como instrumentos de normalización de una situación ilegal. No se trata solo de rentabilidad económica, sino de crear hechos consumados que dificulten cualquier solución basada en el derecho a la autodeterminación.
La implicación directa de fondos soberanos, agencias públicas estadounidenses y grandes multinacionales no hace sino agravar esta dinámica. Frente al discurso del desarrollo y la sostenibilidad, lo que se consolida es un modelo de ocupación blindada por intereses geopolíticos, en abierta contradicción con las resoluciones de Naciones Unidas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Una vez más, el llamado “desarrollo” en el Sáhara Occidental no responde a las necesidades ni a la voluntad de su población, sino a la lógica de alianzas estratégicas que transforman la ocupación en negocio.
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