El Gobierno español invoca ante la ONU el Derecho Internacional para exigir la descolonización de Gibraltar, mientras mantiene una posición favorable al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, el último territorio africano pendiente de descolonización.

España ha vuelto a llevar Gibraltar al Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Lo ha hecho con un lenguaje jurídico contundente: situación colonial, Derecho Internacional, resolución 1514, integridad territorial y necesidad de descolonización. El embajador español ante la ONU, Héctor Gómez, afirmó que España sigue siendo víctima de una situación colonial que afecta a su integridad territorial y reclamó a Reino Unido que aborde la descolonización del Peñón.

La intervención española no tendría nada de extraño si no fuera por el silencio, la ambigüedad o la contradicción que el mismo Gobierno mantiene cuando el territorio pendiente de descolonización no es Gibraltar, sino el Sáhara Occidental. Ambos casos no son jurídicamente idénticos y conviene no confundirlos. En Gibraltar, España invoca sobre todo el principio de integridad territorial. En el Sáhara Occidental, el eje reconocido por Naciones Unidas es el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Pero los dos territorios siguen inscritos en la agenda de descolonización de la ONU. Y ahí empieza la incomodidad política.

Porque España parece tener muy claro el lenguaje de la descolonización cuando habla de Gibraltar, pero lo evita cuidadosamente cuando habla del Sáhara Occidental. En el primer caso, habla de legalidad internacional. En el segundo, suele hablar de “realismo”, de “solución mutuamente aceptable”, de “relación estratégica con Marruecos” o de apoyo al plan marroquí de autonomía. Lo que en Gibraltar se presenta como un problema colonial pendiente de resolver, en el Sáhara Occidental se diluye en fórmulas diplomáticas que terminan debilitando el principio fundamental: que ningún pueblo puede ser privado de su derecho a decidir libremente su futuro.

La contradicción es aún más grave porque España no es un actor cualquiera en el caso saharaui. Fue la potencia colonial del Sáhara Occidental y abandonó el territorio en 1975 sin culminar el proceso de descolonización. Desde entonces, el pueblo saharaui vive dividido entre la ocupación marroquí, el exilio en los campamentos de refugiados y la resistencia en los territorios liberados. Por eso, cuando España invoca la resolución 1514 para Gibraltar, resulta inevitable recordar que esa misma lógica descolonizadora debería obligarla a defender con claridad el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

El Gobierno de Pedro Sánchez dio en 2022 un giro histórico al considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base “más seria, creíble y realista” para resolver la cuestión del Sáhara Occidental. Esa posición no es neutral. Supone asumir como punto de partida una propuesta elaborada por la potencia ocupante y presentada dentro del marco de la soberanía marroquí. Y eso choca con la naturaleza misma del proceso de descolonización, que no puede resolverse sustituyendo la libre decisión del pueblo colonizado por una fórmula diseñada por quien ocupa el territorio.

No se trata, por tanto, de decir que Gibraltar y el Sáhara Occidental son casos iguales. No lo son. Se trata de señalar algo más sencillo y más profundo: España no puede usar selectivamente el Derecho Internacional. No puede reclamar descolonización cuando le conviene y rebajarla cuando incomoda a Marruecos. No puede invocar la resolución 1514 para un territorio y olvidar su espíritu cuando se trata del Sáhara Occidental.

La pregunta que deja la intervención española ante la ONU es directa: si una situación colonial es una rémora contraria al Derecho Internacional cuando afecta a Gibraltar, ¿por qué no lo es también la ocupación del Sáhara Occidental? Y si España exige a Reino Unido que aborde la descolonización del Peñón, ¿por qué no exige a Marruecos que permita al pueblo saharaui ejercer libremente su derecho a la autodeterminación?

El problema no es que España hable de descolonización en Gibraltar. El problema es que no hable con la misma claridad del Sáhara Occidental. Porque el Derecho Internacional no puede convertirse en un instrumento de uso selectivo. Y la descolonización, si es un principio, no puede depender de quién la reclame.