Conceptos básicos del Sáhara Occidental

El Sáhara Occidental figura todavía hoy en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, es decir, territorios pendientes de completar su proceso de descolonización. En ese contexto, el derecho internacional mantiene una cuestión fundamental que a menudo se olvida en el debate político: España continúa siendo considerada la potencia administradora del territorio.

La Asamblea General de Naciones Unidas ya había establecido en 1965, mediante la resolución 2072, que España debía conducir el Sáhara Occidental hacia su emancipación política y preparar al territorio para el ejercicio del derecho de autodeterminación. En el sistema internacional de descolonización, esa es precisamente la función de una potencia administradora: acompañar la transición de un territorio colonizado hacia el autogobierno y la soberanía.

Sin embargo, el proceso quedó inconcluso tras la retirada española de 1975. Los llamados Acuerdos de Madrid, firmados ese año entre España, Marruecos y Mauritania, no transfirieron la soberanía del territorio ni modificaron su estatus jurídico internacional. Así lo recordó en 2002 el asesor jurídico de Naciones Unidas, al afirmar que España no podía disponer unilateralmente de su condición de potencia administradora ni transferir la soberanía del territorio.

Este criterio ha sido reiterado en diferentes ámbitos jurídicos. En 2014, la Audiencia Nacional española recordó en un auto de la Sala de lo Penal que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y que la situación jurídica del territorio no quedó resuelta tras la salida de España.

Mientras tanto, Marruecos controla la mayor parte del territorio desde 1975, tras la ocupación iniciada con la llamada Marcha Verde y la posterior guerra con el Frente Polisario. En 1991, las Naciones Unidas establecieron la Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) con el objetivo de organizar una consulta de autodeterminación para la población saharaui. Más de treinta años después, ese referéndum sigue sin celebrarse.

El conflicto ha ido desplazándose hacia otros terrenos —recursos naturales, acuerdos comerciales, infraestructuras energéticas o rivalidades geopolíticas en el Magreb—, pero la cuestión central permanece intacta: el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.

Por esa razón, el Sáhara Occidental continúa siendo considerado por Naciones Unidas un proceso de descolonización pendiente, y España sigue apareciendo jurídicamente vinculada a ese proceso como potencia administradora.

Comprender este punto es fundamental para entender el marco jurídico del conflicto.