Madrid (ECS).- El gobierno pretende desclasificar miles de documentos clasificados anteriores a 1982, incluyendo documentos relacionados con la retirada repentina del Sáhara Occidental, la Marcha Verde y la diplomacia secreta durante la transición democrática. Este secreto de Estado clasificado durante muchos años está generando interés mucho más allá de las fronteras españolas.

   Según un artículo publicado en el periódico El País el 28 de julio, el gobierno de Pedro Sánchez está a punto de aprobar una ley que representa un cambio histórico en la gestión de los secretos de Estado. El proyecto de reforma, que sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales heredada del régimen franquista de 1968, propone la desclasificación inmediata de todos los documentos clasificados con más de 45 años de antigüedad, excepto en casos en que ello suponga un riesgo excepcional para la seguridad nacional. El periódico explica que «el proceso de desclasificación afectará a todos los documentos anteriores a 1982».

   Tras esta iniciativa democrática se esconde una parte importante de la historia de la diplomacia española que podría recuperarse. Los investigadores españoles llevan décadas esperando este momento, mientras sus vecinos del sur, Sáhara Occidental y Marruecos, lo observan con mucho entusiasmo. Los documentos en cuestión incluyen los relacionados con el fin de la presencia española en el Sáhara Occidental, la Marcha Verde el 06 de noviembre de 1975 y la política secreta de España hacia Marruecos durante la transición política.

   El rotativo señala que «entre estos documentos se encuentran detalles del proceso que condujo a la precipitada retirada del Sáhara Occidental en 1975, mientras Franco se encontraba en su lecho de muerte». Esta retirada tuvo lugar en un ambiente de alta tensión regional y a menudo se describió como improvisada y llevada a cabo en circunstancias misteriosas. Para Marruecos, cualquier documento que acredite la naturaleza de los compromisos de España en aquel momento o que indique un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el territorio tendría un gran valor diplomático y simbólico. De lo contrario, supone una grave crisis diplomática entre Rabat y Madrid.

   Sin embargo, el acceso a estos archivos no está garantizado. El ministro de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, advirtió que la cantidad de documentos en cuestión es «enorme» (según el texto original: ingente), y que el proceso de desclasificación «no será inmediato», sino «gradual, priorizando los documentos relacionados con violaciones de derechos humanos».

   A esto se suman las dificultades materiales, ya que «los documentos deben ser identificados, organizados, clasificados e indexados con precisión» antes de ser transferidos a la comisión de archivos correspondiente y posteriormente depositados en los archivos públicos. En otras palabras, no basta con que los documentos existan y sean desclasificados; también deben ser físicamente accesibles.

   La posible disparidad en la documentación tendrá consecuencias políticas, ya que permite al Estado español mantener una especie de «amnesia estratégica», a la vez que limita el derecho a la verdad de las comunidades afectadas, especialmente el pueblo saharaui.

   En Marruecos, varios medios de comunicación afín al régimen siguieron este desarrollo con una mezcla de cautelosa esperanza y vigilancia. Abrir los archivos podría revelar los secretos de la Marcha Verde o los detalles ocultos del Acuerdo Tripartito de Madrid. También podría confirmar elementos que han permanecido ocultos durante mucho tiempo, como concesiones implícitas, la mediación estadounidense o las dudas de la cúpula militar española.

   Para la democracia española, el reto es doble: primero, hacer que estos archivos sean funcionales y realmente accesibles, en lugar de simplemente desclasificados en papel; y segundo, asumir la responsabilidad de su contenido. Como señala El País, «los investigadores no pueden exigir lo que desconocen». Por tanto, el reto no se limita a abrir los expedientes; exige también la creación de un catálogo público riguroso y consultable, sin el cual la transparencia seguirá siendo un espejismo.