El giro diplomático de 2022 alteró décadas de política exterior española, pero las razones reales de aquella decisión continúan sin haber sido explicadas de forma transparente ante la opinión pública.
Han pasado más de cuatro años desde que el Gobierno de Pedro Sánchez comunicó a Marruecos su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Aquel movimiento supuso el mayor cambio en la política española sobre el territorio desde la retirada de España en 1975 y rompió una posición mantenida, con matices, por todos los gobiernos anteriores: respaldar el marco de Naciones Unidas y una solución basada en el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Sin embargo, más allá de las fórmulas diplomáticas utilizadas entonces, sigue existiendo una cuestión que nunca ha recibido una respuesta clara. ¿Por qué se produjo realmente aquel cambio?
El Gobierno argumentó que la nueva posición pretendía contribuir a una solución «realista» del conflicto y mejorar las relaciones con Marruecos tras la grave crisis diplomática desencadenada en 2021. Pero nunca presentó ante el Congreso una explicación detallada que justificara una decisión que afectaba directamente a una cuestión histórica de la política exterior española y a un territorio sobre el que Naciones Unidas continúa reconociendo responsabilidades pendientes de descolonización.
Desde entonces han circulado numerosas interpretaciones. Algunas apuntan a la presión migratoria ejercida periódicamente por Rabat sobre las fronteras españolas. Otras recuerdan la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en pocas horas en un episodio que muchos analistas interpretaron como una demostración de la capacidad de presión de Marruecos sobre España.
También han sido objeto de debate las revelaciones sobre el espionaje mediante el programa Pegasus a altos responsables del Estado español, incluido el propio presidente del Gobierno. Aunque nunca se ha establecido una relación directa y demostrada entre aquellos hechos y el giro diplomático posterior, la coincidencia temporal alimentó numerosas preguntas que tampoco han recibido respuestas concluyentes.
El debate ha vuelto a reactivarse estos días tras la publicación de diversos análisis y artículos de opinión en la prensa española. Entre ellos, una columna de Ana Sánchez en ABC plantea interrogantes sobre el papel desempeñado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en las relaciones entre España y Marruecos y sobre la posible influencia de determinadas redes de contactos políticas y empresariales en el contexto del cambio de posición español. Más allá de las conclusiones que puedan extraerse de estas interpretaciones, el interés de fondo reside en otro hecho difícilmente discutible: cuatro años después del giro diplomático de 2022, siguen apareciendo nuevas preguntas mientras las explicaciones oficiales continúan siendo escasas.
No se trata de dar por válidas hipótesis que no han sido demostradas ni de sustituir el análisis por la especulación. Precisamente ocurre lo contrario. Cuanto más opaca fue una decisión política de enorme trascendencia, más espacio queda para las interpretaciones, las sospechas y los intentos de reconstruir las razones que llevaron a ella. La transparencia no elimina el debate, pero ayuda a evitar que el vacío de explicaciones sea ocupado por conjeturas.
A ello se suman factores geopolíticos más amplios. El control de los flujos migratorios, la cooperación policial, la lucha contra el terrorismo, las relaciones económicas, la pesca, la energía y la estabilidad del Mediterráneo occidental forman parte de una compleja red de intereses que condiciona las relaciones entre Madrid y Rabat. Ninguno de estos elementos puede ignorarse al analizar la política exterior española.
Sin embargo, reconocer la existencia de intereses estratégicos no resuelve la cuestión principal. Los gobiernos están obligados a explicar las decisiones que adoptan, especialmente cuando implican abandonar posiciones históricas mantenidas durante décadas. Y eso es precisamente lo que no ha ocurrido.
Cuatro años después, España sigue sin conocer con precisión cuáles fueron los argumentos que llevaron al Ejecutivo a modificar una política que afectaba no solo a las relaciones con Marruecos, sino también a la posición española respecto a un territorio que Naciones Unidas continúa considerando pendiente de descolonización.
Mientras tanto, el debate permanece abierto. No porque existan teorías o especulaciones, sino porque la explicación política nunca llegó realmente a producirse.
Y esa ausencia de explicaciones sigue siendo, probablemente, una de las consecuencias más llamativas de aquel giro histórico.
La cuestión resulta aún más relevante porque no se trata de una decisión diplomática menor ni de un ajuste técnico de política exterior. Se trata del abandono de una posición histórica que afectaba directamente a un proceso de descolonización reconocido por Naciones Unidas. Cuatro años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué ocurrió para que España modificara de forma tan radical su postura sobre el Sáhara Occidental? Y mientras esa pregunta continúe sin una respuesta clara, el debate difícilmente podrá darse por cerrado.