La desaparición de un activista saharaui en una patera y la brutal agresión sufrida por otro ciudadano en El Aaiún vuelven a poner el foco sobre las condiciones de vida de la población saharaui en los territorios ocupados.
Por Victoria G. Corera
A primera vista, las dos historias parecen no tener relación entre sí.
Por un lado, la familia de Daha Mohamed Fadel Lehbib, un ciudadano saharaui de 35 años originario de Bojador, ha denunciado ante la Justicia española su presunta muerte durante una travesía marítima hacia Canarias. Según los testimonios recogidos por sus familiares, el activista habría sido arrojado al mar tras una discusión ocurrida a bordo de la embarcación en la que intentaba llegar a las islas.
Por otro, un vídeo difundido por el medio saharaui Équipe Média muestra la brutal agresión sufrida por un ciudadano saharaui en El Aaiún ocupado. Según las denuncias difundidas por el propio medio, varios colonos marroquíes golpearon a la víctima en plena calle, continuaron la agresión en el interior de una panadería y posteriormente la entregaron a la policía marroquí.
Los hechos son diferentes. Los escenarios también. Sin embargo, ambos casos remiten a una realidad más amplia que rara vez aparece en los titulares internacionales: las dificultades cotidianas que afronta buena parte de la población saharaui que vive bajo ocupación marroquí.
Desde hace años, organizaciones saharauis e internacionales de derechos humanos denuncian restricciones políticas, discriminación económica, vigilancia policial, obstáculos al activismo y diversas formas de presión contra quienes defienden públicamente el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Numerosos informes internacionales han documentado además denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y limitaciones a la libertad de expresión y de asociación en el territorio. El propio Comité de Naciones Unidas contra la Tortura volvió a alertar recientemente sobre patrones persistentes de abusos contra presos políticos saharauis vinculados al grupo de Gdeim Izik.
La historia de Daha Mohamed Fadel Lehbib resulta especialmente reveladora. Su familia sostiene que había participado en las movilizaciones de Gdeim Izik y que había sufrido detenciones por su actividad política. Como ocurre con muchos otros jóvenes saharauis, su vida transcurría en un contexto donde las oportunidades económicas, sociales y políticas están profundamente condicionadas por una realidad de ocupación que dura ya medio siglo.
La desaparición de Daha también obliga a mirar más allá del propio suceso. Miles de jóvenes saharauis han crecido bajo una ocupación que limita sus expectativas políticas y personales. Cuando algunos de ellos terminan emprendiendo rutas migratorias tan peligrosas como la del Atlántico, conviene preguntarse qué factores empujan a tomar decisiones tan extremas. Detrás de cada patera suele haber una historia individual. Pero detrás de muchas de esas historias aparece también una realidad colectiva marcada por la ausencia de horizontes y por la prolongación indefinida de un conflicto sin resolver.
La agresión difundida por Équipe Média muestra otra dimensión del mismo problema. No se trata únicamente de una pelea callejera. Lo que ha generado indignación entre numerosos observadores es la aparente normalidad con la que se desarrolla la violencia contra un ciudadano saharaui y la denuncia posterior de que la víctima terminó en manos de las propias autoridades marroquíes.
Esta es la realidad que vive el pueblo saharaui bajo ocupación.
Un ciudadano saharaui brutalmente agredido por colonos marroquíes en El Aaiún ocupado, en su propia tierra y con total impunidad.
Luego algunos todavía preguntan por qué rechazamos la autonomía marroquí. pic.twitter.com/QrXBgb2vyh
— Taleb Alisalem (@TalebSahara) June 1, 2026
En ese contexto, resulta difícil analizar ambos episodios como simples sucesos aislados. Forman parte de un escenario más amplio donde la población saharaui continúa denunciando discriminación, vigilancia constante y una limitada capacidad para ejercer derechos fundamentales que en cualquier sociedad democrática deberían estar garantizados.
Estas realidades también plantean interrogantes sobre el modelo político que Marruecos presenta desde hace años como solución al conflicto. Rabat defiende regularmente su propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental como la única salida posible a la cuestión saharaui. Sin embargo, más allá de los apoyos diplomáticos obtenidos y de los discursos oficiales, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué confianza puede generar una propuesta política cuando buena parte de la población a la que va dirigida continúa denunciando vulneraciones de derechos fundamentales?
Resulta difícil imaginar que episodios como los conocidos estos días contribuyan a reforzar esa confianza. Al contrario. Para muchos saharauis, hechos como estos parecen confirmar que el problema no es únicamente jurídico o diplomático. Es también una cuestión de seguridad, dignidad y derechos.
A menudo se habla del Sáhara Occidental como un conflicto geopolítico, como una disputa territorial o como una cuestión pendiente en Naciones Unidas. Todo eso es cierto. Pero detrás de los comunicados diplomáticos siguen existiendo personas concretas. Personas que intentan construir su vida bajo ocupación, que afrontan limitaciones que otros ciudadanos no sufren y que continúan esperando una solución que les permita vivir en libertad en su propia tierra.
Quizá por eso las dos historias conocidas estos días terminan convergiendo en una misma pregunta. Si la propuesta marroquí pretende presentarse como una solución definitiva para el Sáhara Occidental, ¿qué dicen estas realidades sobre las condiciones en las que vive hoy la población saharaui en los territorios ocupados?
Mientras esa pregunta siga sin una respuesta convincente, será difícil sostener que el conflicto se acerca realmente a una solución justa y duradera.