FOTO: La Francia corrupta condecora al torturador Hammouchi. D. R.
Por Karim B. – Mientras responsables políticos franceses y españoles otorgan distinciones y condecoraciones a Abdellatif Hammouchi, jefe represor y cuestionado de los servicios de inteligencia marroquíes, la realidad judicial dibuja un panorama muy distinto. Lejos de las alfombras rojas diplomáticas, la justicia española y la francesa avanzan, con cautela pero con firmeza, en investigaciones sensibles que apuntan al régimen marroquí: el espionaje mediante el software Pegasus y el caso del narcotúnel que conecta Marruecos con Ceuta.
Según informaciones publicadas por La Razón, la justicia francesa sospecha ya de forma clara de la implicación de los servicios marroquíes en el espionaje a varios dirigentes europeos, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y tres de sus ministros —Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas—. Diez meses después del envío de una comisión rogatoria, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha recibido finalmente la respuesta de sus homólogos franceses.
En un intercambio de correos electrónicos entre magistrados franceses y españoles, se señala que la comparación de los datos técnicos obtenidos en las investigaciones realizadas en ambos países permitió identificar «dos marcadores idénticos». Una coincidencia lo suficientemente significativa como para apuntar a la existencia de «autores comunes» detrás de las operaciones de vigilancia ilegal. En un mensaje fechado el 3 de marzo, un magistrado francés llega incluso a plantear explícitamente el papel desempeñado por Abdellatif Hammouchi y por la DGST.
Las investigaciones se centran, en particular, en el uso del software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, así como en los controles internos que, en teoría, deberían regular su utilización. Pese a las dificultades técnicas y administrativas, la cooperación judicial europea avanza, también a través de Eurojust y de la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información.
Paralelamente, The Objective ha sacado a la luz otro expediente especialmente delicado: el del narcotúnel descubierto en Ceuta, utilizado para el tránsito de toneladas de hachís —y potencialmente también de migrantes— desde Marruecos hacia España. Diez meses después del desmantelamiento de la red por la Guardia Civil, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón se enfrenta a un muro de silencio por parte de las autoridades marroquíes. Las solicitudes oficiales de cooperación judicial siguen sin respuesta y no se ha facilitado ninguna información concreta sobre la salida marroquí del túnel, situada, según la prensa local, en una zona de carácter militar.
Fuentes policiales españolas hablan de un bloqueo deliberado: «Reabrir este asunto implicaría cortar muchas cabezas», señalan. Aunque las autoridades marroquíes han anunciado en la prensa la identificación de sospechosos y la implicación de «altas instancias», ninguna de esas informaciones ha sido trasladada oficialmente a la justicia española.
El contraste resulta evidente. Por un lado, honores oficiales concedidos a responsables de la seguridad marroquí por dirigentes políticos franceses y españoles preocupados por blindarse frente a posibles revelaciones comprometedoras. Por otro, jueces e investigadores que, tanto en España como en Francia, tratan de esclarecer casos de espionaje, corrupción y criminalidad transnacional. Dos lógicas enfrentadas: la de la protección política y la del Estado de derecho.
La investigación de las justicias española y francesa sacude los cimientos del poder político en París y Madrid.
K. B.
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