El portal especializado Africa Intelligence publicó el 31 de julio de 2025 un artículo titulado “Washington s’apprête à donner son feu vert pour les investissements au Sahara occidental”, en el que revela que la administración de Donald Trump ha desbloqueado la autorización para que empresas estadounidenses inviertan directamente en el Sáhara Occidental ocupado (Africa Intelligence, 31/07/2025).
Según la investigación, “les entreprises américaines vont désormais être autorisées à investir dans le Sahara occidental” (AI, 31/07/25). Esta decisión se produce tras las últimas investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que analizó los riesgos de seguridad en un territorio que las Naciones Unidas siguen considerando “no autónomo” y pendiente de descolonización. La NSA actuó a petición de la US International Development Finance Corporation (DFC), que prevé abrir una oficina en la embajada estadounidense en Rabat a finales de 2025 o principios de 2026.
Los preparativos comenzaron poco después de la elección de Trump en noviembre de 2024. Africa Intelligence señala que “deux missions de la DFC se sont déroulées entre novembre et décembre”, destinadas a reunirse con actores clave de la economía marroquí y saharaui ocupada, como Banque Centrale Populaire (BCP), Attijariwafa Bank, el gigante fosfatero OCP —que explota la mina de Bucraa— y la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable (ONEE). El plan de la DFC contempla 5.000 millones de dólares en inversiones, que podrán canalizarse mediante joint-ventures o a través de proyectos financiados de forma exclusiva por Estados Unidos.
El artículo detalla que los sectores más atractivos son “les énergies renouvelables, les minerais — Groupe OCP y exploite la mine de phosphate de Bou Craa —, le tourisme et l’aquaculture”. Precisamente en estos ámbitos se están desarrollando ya proyectos ilegales en el Sáhara ocupado, a espaldas del pueblo saharaui.
El reportaje recuerda también la ventaja que tienen los inversores estadounidenses respecto a los europeos, puesto que “ces derniers restent susceptibles de voir leurs investissements attaqués devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)”. En efecto, la jurisprudencia del TJUE ha sido clara: ningún acuerdo económico puede aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. Esta inseguridad jurídica ha hecho que empresas como Senator Hotels & Resorts retrasen sus planes en Dajla, donde el hotel anunciado en 2024 sigue sin materializarse.
No ocurre lo mismo con Francia y Reino Unido. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), dirigida por Rémy Rioux, ha aprobado un plan de inversión de 150 millones de euros para 2025-2026 en infraestructuras dentro del Sáhara ocupado. Y Londres, tras la visita del ministro de Exteriores David Lammy a Rabat en junio de 2025, ha dado vía libre a sus empresas, ya que tampoco está sujeto a las decisiones del TJUE.
En palabras de Africa Intelligence, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha permitido al régimen marroquí “renouer avec la dynamique qui prévalait sur le territoire avant le mandat de Joe Biden”. Aunque Biden no revirtió formalmente el reconocimiento de Trump en 2020, sí había paralizado varias de las iniciativas previstas, como la apertura de un consulado en Dajla. Ahora, Washington parece esperar a que las inversiones se instalen sobre el terreno para justificar diplomáticamente esa presencia.
Nota de comentario
La información de Africa Intelligence confirma que Estados Unidos ha decidido convertirse en cómplice directo de la explotación económica del Sáhara Occidental ocupado, legalizando de facto el expolio marroquí. Con inversiones de hasta 5.000 millones de dólares en sectores estratégicos, Washington no solo financia proyectos, sino que consolida la ocupación y ata sus intereses al control colonial de Rabat.
Resulta especialmente grave que este giro se produzca en un territorio que la ONU reconoce como no autónomo y cuyo pueblo aún espera ejercer su derecho a la autodeterminación. Mientras la Unión Europea se ve frenada por las sentencias del TJUE, que reiteran la ilegalidad de cualquier acuerdo sin consentimiento saharaui, Estados Unidos y el Reino Unido actúan sin limitaciones jurídicas, aprovechando un vacío para legitimar lo que el derecho internacional condena.
La implicación de bancos como Attijariwafa y empresas como OCP demuestra que el núcleo de estas inversiones no es el “desarrollo” prometido, sino el saqueo de los fosfatos de Bucraa, el control de la energía y el turismo en Dajla. Un expolio que, como ha denunciado reiteradamente el Frente Polisario, constituye un crimen continuado contra el pueblo saharaui.
Lejos de ser una oportunidad económica, este proyecto representa la consolidación de una coalición colonial que une a Marruecos, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido en torno a la explotación de un territorio ocupado. La conclusión es clara: cada dólar invertido en el Sáhara Occidental ocupado sin el consentimiento del pueblo saharaui es un dólar invertido en la impunidad y la negación del derecho internacional.