La transición energética se ha convertido en uno de los grandes relatos del siglo XXI: cambiar el modelo productivo, apostar por renovables, abandonar los combustibles fósiles y avanzar hacia un planeta más sostenible. Pero en el Sáhara Occidental ocupado, esa transición no llega como esperanza, sino como una nueva forma de expolio. Marruecos se presenta en el escenario internacional como un “campeón de las energías limpias”, mientras en el terreno utiliza los proyectos eólicos, solares e incluso de hidrógeno verde para consolidar su ocupación ilegal.
Megaproyectos en marcha
En los territorios ocupados ya funcionan grandes parques como Boujdour (300 MW) y Aftissat II (≈200 MW), impulsados con tecnología y capital de multinacionales europeas. Según el observatorio Western Sahara Resource Watch (WSRW), estos proyectos se desarrollan sin el consentimiento del pueblo saharaui y tienen como efecto directo reforzar la ocupación de facto. Lejos de beneficiar a la población local, la energía se destina a la industria extractiva (fosfatos, pesca, agua desalada) y a alimentar infraestructuras coloniales.
El siguiente paso es aún más ambicioso: el hidrógeno verde. En marzo de 2025, Rabat aprobó un plan de 319.000 millones de dírhams (unos 32.500 millones de dólares) para producir hidrógeno y amoniaco verde. Parte clave del megaproyecto se ubica en Foum el Oued (El Aaiún), donde la energía eólica y solar, combinada con agua desalada, servirá para la electrólisis. Empresas españolas como Acciona y Moeve (antes Cepsa) figuran entre las implicadas. El objetivo declarado es exportar energía y derivados hacia Europa. Pero el trasfondo es claro: un proyecto “verde” que no respeta ni consulta al pueblo saharaui y que, por tanto, constituye una violación del derecho internacional.
Ilegalidad e ilegitimidad
El derecho internacional es cristalino: el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. La ONU lo reitera cada año y la Corte Internacional de Justicia, en su opinión de 1975, rechazó cualquier vínculo de soberanía marroquí sobre el territorio. De acuerdo con el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, toda explotación debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario.
Ese requisito ha sido subrayado con fuerza por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias de 2016, 2018, 2021 y, de nuevo, el 4 de octubre de 2024: ningún acuerdo de la UE con Marruecos puede aplicarse al Sáhara sin consentimiento expreso del pueblo saharaui. Por tanto, cualquier inversión en renovables en el territorio ocupado no solo es ilegítima, sino que coloca a las empresas y Estados implicados en una situación de abierta ilegalidad.
El informe “marca España”
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo ha publicado recientemente el informe “Neocolonialismo verde en el Territorio Ocupado del Sáhara Occidental – marca España”. En él se documenta cómo los proyectos de energías renovables en el Sáhara ocupado consolidan la ocupación mediante:
- la dependencia del pueblo saharaui de las infraestructuras marroquíes,
- la contratación preferente de colonos marroquíes,
- y la complicidad de empresas extranjeras, en particular españolas.
El informe señala que foros y acuerdos de cooperación España-Marruecos, así como agencias como el ICEX, promueven la entrada de compañías españolas al mercado energético marroquí sin advertir del estatus legal del Sáhara Occidental. Es decir: las empresas entran en un terreno minado jurídicamente, pero se les presenta como una oportunidad de negocio más.
Cuatro empresas españolas aparecen documentadas:
- Acciona, implicada en ocho granjas eólicas y un proyecto de hidrógeno verde en El Aaiún y Boujdour.
- Grupo TSK, con filiales que operan en Dajla y desarrollan proyectos de termosolar y eólica vinculados al hidrógeno.
- Siemens Gamesa, en cuatro parques eólicos, incluido el que suministra el 99% de la energía a la mina de fosfatos de Bucraa.
- Grupo Lasarte, encargado de transporte logístico para cinco parques eólicos, dos de ellos en territorio ocupado.
Todas ellas participan en proyectos que el informe califica de greenwashing, es decir, lavado de imagen “verde” que encubre la violación del derecho de autodeterminación y la desposesión del pueblo saharaui.
La voz saharaui
El pasado 26 de septiembre de 2025 en Ginebra, la activista Najla Mohamed Lamine Selma intervino en nombre de dos organizaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Denunció que el pueblo saharaui sigue sometido a represión, mientras sus recursos naturales —fosfatos, pesca, energía renovable y minerales críticos— son explotados sin su consentimiento, en flagrante violación del derecho internacional. Y añadió una frase que debería quedar grabada en el debate internacional:
“No puede haber justicia climática sin descolonización, ni futuro sostenible mientras se niegue a los saharauis la soberanía sobre sus tierras y recursos”.
La paradoja es dolorosa: los saharauis, que viven en campamentos de refugiados bajo temperaturas extremas y escasez de agua, son de los pueblos más vulnerables al cambio climático. Sin embargo, se les niega toda participación en proyectos que utilizan su sol, su viento y su mar.
Doble rasero europeo
Europa habla de transición energética justa y de hidrógeno “ético”. Sin embargo, tolera que empresas y fondos europeos participen en proyectos que se asientan sobre la ocupación. La contradicción es evidente: se condena a Rusia por explotar recursos en territorios ocupados, pero se aplaude o se mira hacia otro lado cuando Marruecos hace lo mismo en el Sáhara.
Las tres claves jurídicas son claras:
- El consentimiento del pueblo saharaui es condición indispensable de validez (CJUE 2024).
- Marruecos no puede disponer de recursos del Sáhara frente a terceros: se aplica el principio del efecto relativo de los tratados.
- Las empresas tienen responsabilidad de no beneficiarse de violaciones de derechos humanos, según las directrices de la OCDE y los Principios Rectores de la ONU.
Preguntas que desarman el “lavado verde”
- ¿Quién decide dónde se construye un parque eólico o una planta de hidrógeno en el Sáhara?
- ¿Quién se beneficia de la energía producida?
- ¿Ha habido consentimiento libre, previo e informado del pueblo saharaui?
- ¿Puede un kilovatio ser “verde” si consolida la ocupación y el despojo?
Conclusión
El verde no lava la ocupación. En el Sáhara Occidental, los megaproyectos de renovables son hoy herramientas de control y de saqueo. Lo que Marruecos vende como transición ecológica es, en realidad, colonialismo energético. No habrá justicia climática sin descolonización, ni transición justa sin referéndum de autodeterminación.
Toda empresa, fondo o gobierno que participe en estos planes sin consentimiento saharaui se convierte en cómplice del ecocolonialismo. La solidaridad exige denunciarlo, exigir transparencia y apoyar a quienes, desde el Sáhara y los campamentos, siguen defendiendo la tierra y el futuro de un pueblo.
Plataforma «No te olvides del Sahara Occidental»