Ningún otro proceso de descolonización y autodeterminación ha generado tanta documentación y sucesión de declaraciones de las Naciones Unidas como el de Sáhara Occidental. Desde que España decidiese en 1976 abandonar a su suerte a los pobladores de un territorio de administraba desde 1860 -cuando la Conferencia de Berlín sobre África le reconoció derechos sobre la región-, lo que llegó a ser una provincia española más quedó en manos de Marruecos. El Reino Alauita se atribuyó lazos históricos y tribales para ocupar todo el territorio, primero mediante lo que fue una simbólica marcha verde civil y después militarmente.

La abrupta retirada de España de la región tras firmar con Marruecos, Mauritania y la Yemaá saharaui como parte de la representación local los Pactos de Madrid resultó ser una salida en falso. En primero lugar, porque estos acuerdos no era acordes a la ley internacional emanada de los procesos de descolonización que afectaban directamente a la región. Y a la postre porque la invasión militar de Marruecos y la indefensión, -de iure y de facto- de la parte saharaui hicieron de estos acuerdos papel mojado. Aunque no tenían una sólida base jurídica, la acción unilateral de Marruecos también los anuló como acuerdo particular.

 

En plena transición política, España renunció a dar marcha atrás y a ejercer la administración de la región que, según el derecho internacional y las primeras resoluciones de la ONU sobre la cuestión, le correspondía hasta que se desarrollase el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental mediante un referéndum. Desde entonces han sido varias las declaraciones de Naciones Unidas, que llegó a crear una misión específica para abordar el problema, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso).

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