Escalada en el Sáhara Occidental: el ejército marroquí bombardea vehículos civiles mauritanos en territorios liberados
Hasta el momento, las autoridades mauritanas no han emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente, que se produce en un contexto preocupante de repetidos ataques contra civiles saharauis y mauritanos desarmados en zonas fuera del control marroquí. En esta ocasión, las autoridades de Rabat han reivindicado la responsabilidad del acto a través de su diario nacional, en un inusual reconocimiento de operaciones militares en esas zonas.
En los últimos años, se han reportado numerosos ataques con drones en territorios liberados y zonas de amortiguamiento, a menudo dirigidos contra mineros de oro, pastores o comerciantes civiles. Según el Informe de la SMACO (Oficina Saharaui de Coordinación de la Acción contra las Minas), entre 2021 y 2024 se documentaron 92 ataques con drones , con un saldo trágico: casi 300 víctimas civiles , incluyendo alrededor de 100 muertos , en su mayoría saharauis.
El informe destaca el uso de drones israelíes, turcos y de otros países por parte del ejército marroquí, no solo en operaciones militares, sino también contra objetivos civiles. 89 vehículos fueron destruidos , cientos de cabezas de ganado murieron y la infraestructura esencial para la supervivencia de las familias beduinas y rurales quedó devastada, muchas de las cuales se vieron obligadas a huir por temor a nuevos ataques. Se estima que entre 30.000 y 40.000 personas han sido desplazadas por la creciente inseguridad.
Los daños humanos y materiales no se limitan a las víctimas directas: la falta de instalaciones sanitarias en las zonas afectadas dificulta, si no imposibilita, la prestación de asistencia a los heridos, que a menudo mueren por falta de atención.
El Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis (CODESA) ha condenado repetidamente estos ataques, calificándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad , y ha pedido a la comunidad internacional -en particular a las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Cruz Roja- que intervengan urgentemente para proteger a los civiles y poner fin al uso indiscriminado de drones armados por parte de Marruecos.
En uno de sus informes más recientes, CODESA informó del atentado del 16 de mayo de 2025, en el que dos ciudadanos mauritanos fueron asesinados por un dron en la zona de Karzarz, al este del muro de separación marroquí. Sus cuerpos, encontrados carbonizados, fueron trasladados a Zouerat, a 200 km de distancia.
El destacado analista político mauritano Ismail Yaqoub Sheikh Sidiya también condenó públicamente el ataque, calificándolo de crimen cobarde. Subrayó que las víctimas eran civiles en busca de oro y que Mauritania no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. «Es hora», declaró, «de que la comunidad internacional disuada estos actos criminales e imponga sanciones».
En un nuevo ataque hoy en la zona de Akzerzer , dentro de los territorios liberados del Sáhara Occidental, un dron israelí operado por el ejército marroquí bombardeó un vehículo civil cerca de la ciudad de Mijek. Nuevamente, no se reportaron víctimas, pero el vehículo quedó completamente destruido.
La sistematicidad y gravedad de los ataques han generado una creciente alarma entre las poblaciones saharaui y mauritana. Las Convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario prohíben explícitamente los ataques contra civiles desarmados, lo que convierte estos incidentes en graves violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones locales e internacionales piden urgentemente:
– El cese inmediato de los ataques contra civiles;
– La apertura de una investigación internacional independiente;
– La activación de mecanismos de vigilancia en la zona;
– Envío de ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas;
– Reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Mientras estas demandas no se escuchen, el riesgo de una escalada irreversible en el Sáhara Occidental seguirá aumentando, con graves consecuencias para la estabilidad regional y la protección de los derechos humanos fundamentales.