Las protestas se extienden por varias cárceles marroquíes mientras organizaciones saharauis y de derechos humanos reclaman el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas

Los presos políticos saharauis encarcelados en diferentes prisiones marroquíes han intensificado en las últimas semanas sus huelgas de hambre para denunciar la falta de atención médica, las condiciones de reclusión y el incumplimiento de diversas resoluciones de Naciones Unidas que cuestionan la legalidad de algunas de sus detenciones y reclaman garantías para sus derechos fundamentales.

Según información difundida por Equipe Media y diversas organizaciones de apoyo a los presos saharauis, las protestas afectan a varios centros penitenciarios y tienen como objetivo visibilizar una situación que califican de insostenible. Entre las reivindicaciones figuran el acceso a una atención sanitaria adecuada, el acercamiento a sus familias y el cumplimiento de las decisiones adoptadas por mecanismos internacionales de derechos humanos.

Uno de los casos más destacados es el del defensor saharaui de derechos humanos Naâma Asfari, condenado a 30 años de prisión y en huelga de hambre indefinida desde el pasado 8 de junio. Su esposa, la activista francesa Claude Mangin, ha señalado que esta protesta busca llamar la atención sobre una situación que considera bloqueada desde hace años y recuerda que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió en 2023 la liberación de los integrantes del grupo de Gdeim Izik.

A estas movilizaciones se suman otros presos como Mohamed Bani, Abdeljalil Laaroussi, Brahim Ahmed Al-Arabi (Fartat), Abdullah Toubali o Mohamed Khouna Babit, quienes han protagonizado huelgas de hambre para denunciar presuntas situaciones de abandono médico, traslados lejanos de sus familias o reclamar la aplicación de decisiones de organismos internacionales.

El contexto coincide con recientes informes sobre derechos humanos que alertan del deterioro de las condiciones de los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes y con nuevas iniciativas de organizaciones solidarias para reclamar un mayor seguimiento internacional de estos casos. Diversas entidades consideran que la situación exige una respuesta más decidida de los mecanismos de protección de los derechos humanos y una mayor atención por parte de la comunidad internacional.

Fuente: Contramutis