La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha sido especialmente dura con el Gobierno de Pedro Sánchez en una carta en la que le reprocha su cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, escenificado hace un año, al apoyar la postura del reino de Marruecos que pasa por seguir sometiendo a la excolonia española, pese a que Naciones Unidas reconoce su derecho a la libre determinación. La fiscal Inés Herreros, presidenta de la UPF, explica en esta entrevista sus percepciones tras la reciente visita de la UPF a los campamentos de refugiados de Tinduf.
¿A qué se ha debido su viaje a los campamentos de Tinduf?
En el marco del compromiso de nuestra asociación con el futuro
libre del pueblo del Sáhara Occidental, quedamos conmocionados al enterarnos que el presidente del Gobierno se separaba de la normativa nacional e internacional para abrazar las tesis marroquíes. Por eso, decidimos ir a los campamentos saharauis, en los aledaños de Tinduf, para comprobar de primera
mano la situación que vive la parte del pueblo saharaui refugiado y para seguir estudiando y analizando, con profundidad, la realidad jurídica que marca la Organización de las Naciones Unidas.
¿Qué se han encontrado en los campamentos?
«Quedamos conmocionados al enterarnos que el presidente del Gobierno se separaba de la normativa internacional para abrazar las tesis marroquíes».
Una realidad durísima. Un pueblo que lleva esperando 50 años que se haga efectivo el derecho que tiene reconocido para decidir libremente su futuro y que, en la actualidad, malvive de la escasa ayuda internacional que recibe mientras ve como sus recursos naturales son expoliados por Marruecos quien, además, reprime a su población civil en los territorios ocupados.
Estos campamentos, donde viven una 200.000 personas, se encuentran en una de las zonas más inhóspitas del desierto del Sáhara. Resulta evidente las carencias materiales que sufren las familias allí refugiadas, pero aun así, nos llamó la atención la eficacia en las estructuras de organización que han ido erigiendo.
Ustedes le piden al presidente Sánchez que adopte «las medidas necesarias» para lograr la celebración del referéndum de autodeterminación. ¿Por qué no se sanciona a España por no cumplir con esta condición como potencia administradora del Sáhara Occidental?
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