Las autoridades marroquíes continúan restringiendo las actividades independientes de la sociedad civil y muestran cada vez menos tolerancia hacia los medios de comunicación y la prensa crítica. El ejemplo más destacado de reducir los espacios de opinión y expresión que Marruecos ha sufrido en los últimos años es la serie de juicios y condenas políticas contra cientos de activistas y miembros de movimientos de protesta en algunas áreas marginadas de Marruecos, como la región del Rif en el noroeste de Marruecos y la región de Jaradat en el noreste Marruecos debido a su participación en una serie de actividades de protesta y sentadas que piden la mejora de las condiciones económicas y sociales, o aquellos que rechazan las políticas de explotación ambiental que perjudican los recursos naturales, según el informe de Cairo Instutute For Human Studies.
Cairo Institute for Human Rights Studies condemns Morocco for violations in Western Sahara. Download the report on the MENA region from here: https://t.co/dFoC3oxKyv
— WS Campaign UK (@WSCUK) January 7, 2020
A mediados de 2018, los informes documentaron que algunos detenidos fueron torturados y maltratados en los centros de detención. En abril de 2019, el Tribunal de Apelaciones de Casablanca confirmó duras penas que alcanzaron 20 años de prisión contra más de 40 activistas y manifestantes, incluido Nasser Zafzafi, uno de los líderes más destacados del movimiento popular en la región del Rif.
Las protestas comenzaron en la región de Jarada a finales de diciembre de 2017 después de la muerte de dos hermanos menores en una mina de carbón, y estas protestas se expandieron durante el primer trimestre de 2018 después de que un tercer joven empleado perdió la vida en febrero en otra mina de carbón.
El gobierno marroquí cerró la industria minera de carbón de la ciudad en 1998 sin proporcionar alternativas económicas. Como resultado de las duras condiciones de vida y la alta tasa de desempleo después de esta decisión, muchos residentes de Jarada, especialmente los jóvenes, se han visto obligados a participar en actividades mineras peligrosas en minas abandonadas. Los manifestantes han instado previamente al gobierno marroquí a mejorar las condiciones económicas y la infraestructura en su ciudad, exigiendo alternativas económicas a las operaciones mineras inseguras.
Durante años, las autoridades marroquíes hicieron la vista gorda sobre la minería ilegal y peligrosa e ignoraron las quejas de los residentes sobre la marginación, la pobreza, el desempleo y la falta de infraestructura y servicios básicos. En respuesta a la movilización de manifestantes a través de las redes sociales, el Ministro del Interior emitió el 13 de marzo una prohibición de protestas no autorizadas en la ciudad. El 14 de marzo, las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas y una sentada cerca de las minas de carbón en la aldea de Yusuf y detuvieron a aproximadamente 55 activistas.
Algunas ONG, incluida la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y la Asociación de Raíces de la Cultura, han sido objeto de restricciones para organizar sus actividades, registrar sus sucursales regionales o impedirles llevar a cabo sus actividades debido a sus posiciones críticas frente a las autoridades estatales. En abril de 2019, el Tribunal de Apelaciones de Casablanca rechazó el recurso de la Asociación de Raíces, confirmando así la decisión de disolver la asociación emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de diciembre de 2018. Por otro lado, el Consejo Nacional de Derechos Humanos pidió recientemente a las autoridades marroquíes que modifiquen los artículos del código penal que violan los derechos personales, el derecho a la privacidad, luego de un caso reciente en el que la joven periodista marroquí Hajar Rissouni y su prometido fueron encarcelados por cargos relacionados con el aborto y el establecimiento de una relación ilegal.
Por otro lado, el continuo estancamiento en la solución política a la cuestión del Sahara Occidental entre Marruecos y el Frente Polisario deja repercusiones para ejercer los derechos y libertades fundamentales de la población saharaui, especialmente aquellos que exigen el derecho a la libre determinación. En abril de 2018, el Consejo de Seguridad renovó su pleno apoyo a la intención del Secretario General y su ex Enviado Personal de relanzar nuevas negociaciones con el objetivo de lograr una solución política aceptable, pero estos esfuerzos aún no han producido resultados tangibles sobre el terreno.
Las autoridades marroquíes continúan restringiendo las manifestaciones pacíficas o el derecho a organizarse y formar asociaciones independientes en el Sáhara Occidental. Además de restringir los medios de comunicación, especialmente las iniciativas de los jóvenes independientes, como el Grupo de Activistas de Derechos Humanos y Medios de Comunicación, Equip Media, a la luz de las instrucciones de los servicios de seguridad para arrestar a cualquier persona que fotografíe a la policía, en un intento de evitar la publicación de videos de violencia policial en las redes sociales.
Las autoridades marroquíes también muestran violencia contra manifestantes pacíficos en el Sáhara Occidental. Por ejemplo, la bloggera y periodista Nouzha Khalidi fue investigada y juzgada a mediados del año pasaso por ejercer de periodista sin cumplir con las condiciones de la profesión, de acuerdo con el artículo 381 del Código Penal de Marruecos, que se usó repetidamente para condenar a los periodistas después de publicar noticias e informes sobre protestas en la región del Rif en el norte de Marruecos. El patrón de detener a activistas saharauis y exponerlos a juicios políticos, o restringirlos a trabajar, viajar y educarse, también continuó. Del mismo modo, las autoridades marroquíes impiden que observadores internacionales y representantes de medios extranjeros ingresen a la región para discutir la situación de los derechos humanos y escuchar los testimonios de organizaciones independientes de derechos humanos.
En mayo de 2019, las fuerzas de seguridad marroquíes rodearon la sede de la Asociación Saharaui para Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos, impidieron la entrada de nuevos equipos que habían sido traídos por los trabajadores de la asociación para un propósito dentro de las actividades de la asociación.
Fuente ECSaharaui.com: INFORME | Situación de los DD.HH en Marruecos y el Sáhara Occidental, continúa la violencia policial y los juicios políticos