La formación política, a través del Grupo Parlamentario Sumar, interpela al Gobierno
sobre prácticas discriminatorias y violaciones de Derechos Humanos en el
tratamiento de solicitudes de asilo.
Izquierda Unida Canaria, a través del Grupo Parlamentario Sumar, ha llevado al Congreso de los Diputados una serie de preguntas urgentes respecto a la reciente negación de asilo a varios ciudadanos saharauis en circunstancias especialmente preocupantes. La organización demanda claridad y acciones concretas frente a lo que considera una gestión gubernamental que contradice los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos y protección de refugiados.
Recientemente, el Ministerio del Interior ha denegado la entrada en España y el asilo a Ali Hammou, un activista saharaui sordomudo en tratamiento por cáncer; a Mohamed Ali Mohamed Slimani y Rbab al-Tarad Yahi, junto con su hija Aziza de un año y medio, quienes huyen de la represión de las autoridades marroquíes. Estas personas llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, a pesar de su evidente vulnerabilidad y los riesgos que enfrentan en su país de origen, se les negó la protección internacional.
Además, se ha informado sobre la asignación inapropiada de un traductor que habla darja, un dialecto marroquí, a otro refugiado saharahui que no entiende dicho dialecto, ya que su lengua es el hassania, propio del Sáhara Occidental y Mauritania. Esto ha planteado serias dudas sobre la equidad y la justicia del proceso de asilo, especialmente cuando el Defensor del Pueblo ha recomendado evitar el uso de traductores que puedan ser vistos como parciales o incómodos para los solicitantes de asilo.
Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de Izquierda Unida Canaria, ha declarado:
«Es alarmante que el Gobierno español ignore las condiciones de vulnerabilidad de estos solicitantes de asilo y, además, comprometa sus derechos procesales mediante la asignación de intérpretes inadecuados. Estas acciones no solo representan una violación de los derechos humanos, sino que también contradicen los valores que España ha prometido defender en el ámbito internacional.»
El espacio político ha formulado preguntas directas al Gobierno, buscando
explicaciones sobre los criterios utilizados para denegar asilo a estas personas y sobre las medidas que planea tomar para rectificar la situación. Además, la formación política cuestiona la capacidad del Gobierno de proporcionar traductores para hablantes del hassania y evalúa cómo ha sido el trato a los saharauis que han solicitado asilo desde el cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental en 2022.
La formación también ha pedido estadísticas sobre las denegaciones de asilo a saharauis desde ese año, para evaluar si existe un patrón de desprotección hacia este grupo vulnerable.
«Es fundamental que el Gobierno actúe de inmediato para corregir estas injusticias y asegure que las políticas de asilo y los procedimientos de inmigración sean justos, transparentes y respetuosos con los derechos humanos de todas las personas», añadió Tamayo.
Izquierda Unida Canaria se compromete a seguir vigilante y activa en su labor de fiscalización, asegurando que los principios de justicia y humanidad prevalezcan en la gestión de las políticas migratorias y de asilo en España. La organización continuará presionando por una revisión de estas políticas para garantizar que sean coherentes con las obligaciones internacionales y respondan de manera efectiva y humanitaria a las necesidades de quienes buscan refugio.