Cincuenta años después de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, el nombre de Juan Carlos I vuelve inevitablemente al centro del debate histórico. No como símbolo aislado, sino como actor clave en el momento decisivo de 1975, cuando España optó por retirarse del Sáhara Occidental sin culminar el proceso de descolonización exigido por el derecho internacional.

En octubre y noviembre de 1975, en plena agonía del franquismo, el entonces príncipe asumió la jefatura del Estado en funciones y gestionó directamente la crisis del Sáhara. La Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia había rechazado las pretensiones de soberanía marroquí sobre el territorio. Aun así, pocos días después, España firmó los Acuerdos de Madrid, que no transferían soberanía —porque jurídicamente no podían hacerlo— pero abrieron la puerta a la ocupación del territorio por Marruecos y Mauritania. Naciones Unidas nunca reconoció validez jurídica a aquella fórmula.

Como ya analizamos en profundidad en “De la traición de 1975 a la de 2022”, la secuencia histórica conecta directamente la retirada de 1975 con el posicionamiento español actual.

Con los años, la desclasificación de documentación estadounidense ha aportado nuevos elementos de contexto sobre las dinámicas internacionales de aquel momento: la presión estratégica de la Guerra Fría, el papel de Washington en el equilibrio regional y la prioridad otorgada a la estabilidad del trono en España frente a un escenario de guerra colonial. Más allá de interpretaciones, lo que permanece inalterado es el dato jurídico: la descolonización no se completó.

Aquella decisión no cerró el expediente saharaui; lo dejó suspendido. El Sáhara Occidental continúa inscrito en la lista de Territorios No Autónomos pendientes de descolonización. España, pese a su retirada administrativa, no fue relevada formalmente por la ONU como potencia administradora de iure. Esa anomalía jurídica ha marcado medio siglo de política exterior española.

Durante décadas, los distintos gobiernos mantuvieron una posición ambigua: respaldo formal al proceso de la ONU y, al mismo tiempo, prioridad estratégica a la relación con Marruecos. Ese equilibrio se rompió en 2022, cuando el Ejecutivo español respaldó públicamente la propuesta marroquí de autonomía. El estatuto jurídico del territorio no cambió, pero sí cambió el papel político de España, que dejó de presentarse como actor estrictamente alineado con el principio de autodeterminación.

La comparación entre 1975 y 2022 no implica contextos idénticos, pero sí revela una constante: la subordinación del principio de autodeterminación a cálculos estratégicos. En 1975, la transición política y la Guerra Fría. En 2022, la energía, la migración y la estabilidad regional. En ambos momentos, el derecho del pueblo saharaui quedó relegado frente a intereses considerados prioritarios.

Hoy, en 2026, el conflicto sigue abierto. La MINURSO no ha organizado el referéndum para el que fue creada. Las negociaciones diplomáticas no han modificado las posiciones de fondo. Y las nuevas generaciones saharauis, lejos de asumir soluciones impuestas, mantienen intacta la reivindicación de autodeterminación.

Porque la cuestión no es únicamente histórica ni simbólica. Es jurídica y política. Mientras el proceso de descolonización no se complete conforme al derecho internacional, la decisión adoptada en 1975 seguirá proyectando consecuencias. Y mientras España no clarifique su posición conforme a ese marco jurídico, la anomalía seguirá vigente. El Sáhara Occidental no es un episodio del pasado: es una responsabilidad aún abierta.

Carlos C. García – PLATAFORMA «No te olvides del Sahara Occidental»