Molinos de viento, plantas solares e inversiones en energías renovables suelen presentarse como símbolos de un futuro limpio. Pero en el Sáhara Occidental existe una pregunta anterior a la tecnología y a las toneladas de CO₂ evitadas: quién tiene derecho a decidir sobre la tierra, el agua y los recursos de un territorio pendiente de descolonización. Este martes, esa contradicción llegará al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
El 8 de septiembre, coincidiendo con el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Apoyo de Ginebra para el Sáhara Occidental celebrará un encuentro dedicado a la justicia climática y los derechos humanos en el contexto de la ocupación extranjera. La formulación puede parecer especializada, pero toca una de las cuestiones que determinarán buena parte del futuro económico del Sáhara Occidental: hasta qué punto es posible hablar de transición energética justa cuando los proyectos se desarrollan sobre un territorio cuya población todavía no ha podido ejercer su derecho a la autodeterminación.
La cuestión importa porque el Sáhara Occidental no es un espacio vacío sobre el que puedan desplegarse infraestructuras sin preguntarse quién decide. Es un territorio pendiente de descolonización y sus recursos naturales están ligados al principio de soberanía permanente de los pueblos sobre sus riquezas y recursos. Por eso, el debate no termina preguntando si una planta solar produce electricidad limpia o si un parque eólico reduce emisiones. Hay que preguntarse también quién autorizó el proyecto, quién obtiene sus beneficios, qué actividades económicas alimenta y qué participación ha tenido el pueblo saharaui en decisiones que afectan directamente a su territorio.
El encuentro de Ginebra abordará precisamente esa relación entre autodeterminación, recursos naturales y justicia climática. Según la nota conceptual difundida por sus organizadores, se prestará especial atención a la explotación de fosfatos, la pesca y los proyectos de energías renovables desarrollados en el Sáhara Occidental ocupado. También se examinarán las consecuencias ambientales y jurídicas de inversiones que pueden terminar asociando la transición energética a estructuras económicas consolidadas bajo la ocupación.
Ahí aparece una de las grandes paradojas del nuevo discurso verde. Una infraestructura puede ser renovable desde el punto de vista tecnológico y, sin embargo, plantear graves problemas políticos, jurídicos y de derechos humanos. Que la energía proceda del sol o del viento no determina por sí sola que sea una energía justa. Si se produce sin la participación de la población del territorio, si favorece actividades extractivas sobre recursos cuya titularidad está sometida a un proceso de descolonización o si contribuye a integrar económicamente el Sáhara Occidental dentro de Marruecos, el problema no desaparece porque la instalación tenga paneles solares en lugar de chimeneas.
La cuestión del agua vuelve esa contradicción todavía más visible. Algunos de los grandes proyectos económicos asociados a la agricultura intensiva, la minería o las futuras industrias energéticas requieren cantidades importantes de agua y electricidad en una región caracterizada precisamente por su escasez hídrica. La discusión sobre una transición justa obliga, por tanto, a mirar también qué recursos naturales se consumen, para qué actividades y quién decide cuáles deben ser las prioridades de un territorio ocupado.
No se trata de rechazar las energías renovables en el Sáhara Occidental. Al contrario: pocas regiones tienen condiciones tan evidentes para aprovechar el sol y el viento. La cuestión es para quién se desarrolla ese potencial y bajo qué autoridad política y jurídica. Una futura economía saharaui necesitará energía, infraestructuras y oportunidades de desarrollo. Lo que resulta difícil presentar como transición justa es que ese futuro se construya dejando al margen precisamente al pueblo al que pertenece el derecho a decidir sobre el territorio.
El seminario reunirá en Ginebra a especialistas en derecho internacional, medio ambiente y explotación de recursos. Participarán, entre otros, el representante permanente de Mozambique y presidente del Grupo de Apoyo de Ginebra para el Sáhara Occidental, Geraldo Gonçalves Miguel Saranga; el asesor especial de la Presidencia saharaui Oubi Buchraia Bachir; el ex eurodiputado español Miguel Urbán; el investigador británico Nick Brooks; Erik Hagen, vinculado desde hace años a Western Sahara Resource Watch, y la profesora de Derecho de los Derechos Humanos Andrea Maria Pelliconi. La activista sudafricana Catherine Constantinides moderará el encuentro.
La discusión tampoco se desarrollará aislada del resto de la situación en el territorio. Durante el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos están previstas otras actividades relacionadas con los presos políticos saharauis, la situación de los defensores de derechos humanos y las restricciones de acceso al Sáhara Occidental ocupado. Organizaciones saharauis e internacionales volverán a reclamar que los mecanismos de Naciones Unidas puedan acceder al territorio sin restricciones y que las denuncias de detenciones arbitrarias, vigilancia, intimidación, malos tratos y represalias reciban una respuesta efectiva.
Eso recuerda que la cuestión ambiental y la de los derechos humanos no discurren por caminos separados. Cuando una población tiene dificultades para organizarse libremente, denunciar abusos o recibir observadores internacionales, resulta todavía más difícil hablar de una participación plena y significativa en decisiones sobre grandes inversiones, explotaciones mineras, pesca o generación energética.
Durante mucho tiempo, el expolio de los recursos del Sáhara Occidental estuvo asociado sobre todo a los fosfatos y la pesca. La transición energética está añadiendo ahora nuevas piezas al tablero: energía eólica, solar y proyectos vinculados a nuevas industrias que pueden aumentar enormemente el valor estratégico del territorio. El riesgo es que el lenguaje de la lucha contra el cambio climático termine proporcionando una nueva capa de legitimidad a actividades que siguen desarrollándose dentro de un problema de descolonización no resuelto.
Un ejemplo es el parque eólico CIMAR, de 5 MW, instalado en El Aaiún. Su producción eléctrica está destinada a abastecer la planta de molienda de cemento Indusaha, propiedad de Ciments du Maroc. Las turbinas fueron instaladas por Gamesa, posteriormente integrada en Siemens Gamesa. El caso muestra con claridad por qué el debate no puede limitarse a si la electricidad procede del viento: la cuestión es también qué actividad económica alimenta, quién controla esa actividad y bajo qué condiciones se explotan los recursos de un territorio pendiente de descolonización.
Por eso el debate de Ginebra tiene importancia más allá de una conferencia paralela. Obliga a formular una pregunta que Europa y las empresas interesadas en el potencial energético del Sáhara Occidental tendrán que responder cada vez con mayor claridad: ¿puede considerarse justa una transición que reduce emisiones mientras ignora el derecho del pueblo del territorio a decidir sobre sus propios recursos?
El Sáhara Occidental necesita desarrollo, energía limpia y oportunidades para las próximas generaciones. Pero una transición verdaderamente verde no puede empezar borrando del paisaje al pueblo saharaui.