La Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos Cometidas por Marruecos (ASVDH) ha denunciado una vez más la . Lejos de tratarse de hechos aislados, la organización saharaui alerta de una estrategia estructural destinada a desposeer a la población autóctona de sus derechos históricos y legales, alterar la composición demográfica del territorio y consolidar una ocupación contraria al derecho internacional.

La denuncia emitida por la ASVDH el 3 de enero de 2026 vuelve a situar en el centro del conflicto una cuestión esencial y, a menudo, relegada a un segundo plano: la tierra. No como un elemento simbólico, sino como el núcleo material, jurídico y político de una ocupación que se perpetúa mediante mecanismos administrativos, económicos y represivos.

En su comunicado, la ASVDH condena “la política seguida por el Estado marroquí ocupante en la parte ocupada del Sáhara Occidental, basada en la apropiación de tierras saharauis y la privación de los saharauis de sus derechos históricos y legales sobre ellas, en violación de los derechos humanos y del derecho internacional”. La organización subraya que estas prácticas responden a una lógica coherente y continuada, no a abusos puntuales.

Una lógica colonial revestida de legalidad administrativa

La ASVDH describe con precisión el mecanismo utilizado por la potencia ocupante: una lógica colonial que somete la tierra saharaui a procedimientos administrativos y legales impuestos por la fuerza. Según el comunicado, estos procedimientos se utilizan para excluir a la población indígena y permitir que empresas vinculadas al Estado marroquí y colonos trasladados al territorio ocupado se apropien de tierras que no les pertenecen.

La asociación advierte de que esta política “se ha convertido en una herramienta de saqueo y de legitimación de la apropiación, al ignorar el derecho internacional y las normas, e imponer leyes y procedimientos administrativos que carecen de cualquier legitimidad internacional o legal”. En términos jurídicos, se trata de una vulneración directa del derecho a la propiedad, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos fundamentales.

Cambiar la demografía para consolidar la ocupación

Uno de los aspectos más relevantes de la denuncia es la finalidad última de estas prácticas. La ASVDH señala que el despojo de tierras tiene como objetivo alterar la estructura demográfica y económica del territorio ocupado, fomentando el asentamiento de colonos y facilitando su control sobre la tierra y los recursos, mientras se desplaza y empobrece a la población saharaui.

Este proceso constituye, en palabras de la organización, “una grave infracción de los derechos de la población indígena y del derecho inalienable del pueblo saharaui a su tierra, sus recursos, la autodeterminación y la libertad”. No se trata únicamente de una cuestión económica, sino de un ataque directo a la existencia misma del pueblo saharaui como sujeto de derechos.

El marco jurídico internacional ignorado

La gravedad de estas prácticas resulta aún más evidente a la luz del marco jurídico internacional aplicable al Sáhara Occidental. El territorio figura desde 1963 en la lista de Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas, pendiente de un proceso de descolonización que nunca se ha completado.

El Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 1975 fue inequívoco al afirmar que no existían vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental que pudieran afectar al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Desde entonces, ninguna resolución de la ONU ha reconocido soberanía marroquí alguna sobre el territorio.

Más recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en varias sentencias —incluidas las de 2016, 2018 y 2021— que el Sáhara Occidental es un territorio “distinto y separado” de Marruecos, y que cualquier actividad económica en él requiere el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. La explotación de tierras y recursos sin ese consentimiento es, por tanto, ilegal.

Asimismo, el derecho internacional humanitario, en particular la Cuarta Convención de Ginebra, prohíbe a la potencia ocupante confiscar bienes privados y transferir a su propia población civil al territorio ocupado. Las prácticas denunciadas por la ASVDH contravienen de forma directa estas normas.

La tierra como núcleo del conflicto

Frente a los intentos de presentar la ocupación como un hecho consumado, la ASVDH es tajante: la imposición de una política de hechos consumados “no cambiará el estatus legal del territorio ni la justicia de la causa saharaui”. La organización subraya que la tierra “seguirá siendo el núcleo del conflicto y una de las manifestaciones más evidentes de las violaciones continuas contra el pueblo saharaui”.

Esta afirmación desmonta la narrativa que pretende reducir el conflicto a una cuestión de desarrollo económico o inversiones. Sin respeto al derecho internacional y sin reconocimiento de los derechos del pueblo saharaui sobre su tierra, cualquier proyecto impulsado en el territorio ocupado carece de legitimidad jurídica y política.

ASVDH: documentar para resistir

Fundada en 2005 en El Aaiún ocupado, la ASVDH se ha consolidado como una de las principales organizaciones saharauis de derechos humanos. Durante dos décadas ha documentado desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y represión, incorporando cada vez con mayor claridad el análisis de las violaciones estructurales ligadas al expolio de la tierra y los recursos.

Su labor se desarrolla en un contexto de hostigamiento constante, restricciones administrativas y represión, lo que refuerza el valor y la credibilidad de sus denuncias. El comunicado de enero de 2026 se inscribe en esa línea de trabajo continuado y riguroso.

Un llamamiento que interpela a la comunidad internacional

La ASVDH concluye su denuncia con un llamamiento a los organismos internacionales y a los mecanismos de derechos humanos de la ONU para que intervengan con urgencia y pongan fin a la política de apropiación de tierras saharauis. No se trata de una petición simbólica, sino de una exigencia fundada en obligaciones jurídicas claras.

El silencio y la inacción ante estas prácticas contribuyen a consolidar una ocupación ilegal y a normalizar violaciones que el derecho internacional no deja de calificar como tales. En el Sáhara Occidental, la tierra no es solo un recurso: es memoria, identidad y derecho. Y mientras siga siendo confiscada, el conflicto seguirá abierto.

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Victoria G. Corera
En nombre de la Plataforma
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