El debate actual sobre el Sáhara Occidental no gira únicamente en torno a las propuestas de solución que se ponen sobre la mesa, sino, de manera cada vez más evidente, sobre el marco jurídico y político en el que se pretende encuadrar la cuestión. En un contexto internacional marcado por reajustes geopolíticos y por la búsqueda de salidas rápidas, se intensifican los intentos de redefinir la cuestión saharaui como un “conflicto regional”, desplazándola del terreno de la descolonización y del derecho internacional.
El artículo que publicamos a continuación analiza con rigor los riesgos de esta deriva, recordando que la calificación de un conflicto no es una cuestión semántica, sino el elemento que determina los derechos reconocidos y las soluciones posibles. Desde esta perspectiva, el texto contribuye a clarificar un debate clave: sin autodeterminación y sin el marco de Naciones Unidas, no hay solución justa ni duradera, sino una gestión política del conflicto ajena a la voluntad libre del pueblo saharaui.
La cuestión del Sáhara Occidental entre la descolonización y la “solución política”
Artículos y Opinión
Por: Mohamed Fadel El Hait
En medio de las aceleradas transformaciones geopolíticas, la cuestión del Sáhara Occidental vuelve a situarse en primer plano tras la recepción, la semana pasada, por parte de la administración estadounidense, de delegaciones de las dos partes del conflicto. Sin embargo, este regreso no se produce tanto desde la perspectiva de la búsqueda de una solución definitiva, como desde el intento de modificar la propia naturaleza del conflicto. Mientras Naciones Unidas sigue clasificándolo como una cuestión de descolonización, se multiplican los esfuerzos por presentarlo como un “conflicto político regional”, un giro que, aunque aparentemente pragmático, encierra profundas consecuencias jurídicas y políticas.
En derecho internacional, la calificación de un conflicto no es una cuestión meramente formal. La forma en que se define determina el marco en el que se resuelve, los derechos que se reconocen y los mecanismos que se adoptan para ponerle fin. Cuando una causa se define como un proceso de descolonización, el derecho de los pueblos a la autodeterminación se convierte en un principio fundacional ineludible. En cambio, cuando se presenta como un conflicto regional, se traslada al terreno de las transacciones políticas, donde los derechos se ponderan según la correlación de fuerzas y los intereses. En este contexto se promociona lo que se denomina “autonomía” como una solución “realista”, y quizá otras fórmulas de consumo rápido que se servirán en la mesa de las negociaciones previstas.
Los intentos de redefinir la cuestión del Sáhara Occidental como un conflicto regional, impulsados por Estados Unidos y otras potencias, se basan en la voluntad de cerrarla con la rapidez deseada, incluso mediante soluciones “realistas” presentadas como menos costosas políticamente. Desde esta óptica, el proceso de autodeterminación mediante un referéndum es visto como un camino largo, complejo e incierto, frente a una solución negociada más rápida, aunque claramente menos acorde con el derecho internacional.
Sin embargo, la historia reciente demuestra que cambiar la calificación de un conflicto no es un gesto neutral, sino una herramienta política utilizada reiteradamente para restringir o aplazar el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
En Timor Oriental, tras la retirada de Portugal, la cuestión fue presentada como un asunto de integración y soberanía interna, lo que condujo a la congelación del derecho a la autodeterminación durante décadas, hasta que este reapareció con fuerza al cambiar el equilibrio de poder internacional, precisamente porque la ONU mantuvo su consideración como un proceso de descolonización.
En Namibia, el régimen del apartheid sudafricano intentó transformar su control del territorio en una cuestión de administración regional y seguridad, pero la firme adhesión de Naciones Unidas a los fundamentos del derecho internacional condujo finalmente a la independencia.
En Eritrea, la propia ONU renunció al principio de descolonización y empujó al pueblo eritreo a aceptar una autonomía forzada bajo ocupación etíope, lo que obligó posteriormente a ese pueblo a tomar las armas durante años para regresar al marco del derecho internacional y alcanzar la independencia.
En Palestina, el proceso de transformación progresiva de una cuestión de descolonización de un pueblo bajo ocupación en un “conflicto palestino-israelí” condujo a la gestión del conflicto en lugar de a su resolución, y al progresivo debilitamiento de la referencia jurídica del derecho a la autodeterminación tras la entrada en la lógica de las transacciones políticas, iniciada con los Acuerdos de Oslo en la capital noruega. Oslo, de la que se dice que podría ser la sede de las próximas negociaciones sobre el Sáhara Occidental, no es sino un mal presagio.
Estos cuatro ejemplos muestran que la batalla por la calificación suele preceder a la batalla por la solución. Cuando se gana la primera, resulta mucho más fácil controlar la segunda. A la luz de ello, la cuestión del Sáhara Occidental se encuentra hoy ante dos opciones claras:
– Mantenerla en el marco de la descolonización, con lo que ello implica en términos de centralidad de Naciones Unidas y claridad de la referencia jurídica.
– O aceptar implícitamente su redefinición como conflicto regional, lo que abre la puerta a soluciones políticas que pueden imponerse al margen de la lógica de la autodeterminación.
El debate no gira únicamente en torno a las soluciones propuestas, sino en torno al contexto en el que se plantean. Incluso las iniciativas presentadas como arreglos prácticos pierden su carácter voluntario si se las desvincula del derecho fundamental del pueblo saharaui a elegir libremente su futuro.
La experiencia internacional demuestra que los derechos no se eliminan de golpe, sino que se erosionan progresivamente: primero se cambia el lenguaje, luego la referencia jurídica y, finalmente, el horizonte de expectativas. Por ello, el debate sobre la calificación de la cuestión del Sáhara Occidental no es, como algunos creen, un simple juego semántico, sino una discusión sobre su futuro político y jurídico.
En un mundo regido por la correlación de fuerzas, la defensa de la calificación jurídica puede parecer un camino lento e inútil. Sin embargo, la historia confirma que las causas que lograron mantener su definición legal como procesos de descolonización, incluso en momentos de debilidad, fueron las que mejor pudieron recuperar sus derechos más adelante.
De ahí que pueda afirmarse que cualquier desviación, por mínima que sea, de la clasificación de la cuestión saharaui como un proceso de descolonización, y de su resolución en el marco del derecho internacional y bajo el paraguas de Naciones Unidas, tendrá consecuencias graves. No cabe duda de que la dirección política del Frente Polisario es plenamente consciente de ello. Corresponde ahora a las élites saharauis, en particular a las mediáticas, avanzar a la primera línea para respaldar a la delegación negociadora y proteger su retaguardia: internamente, reforzando la unidad nacional; y externamente, defendiendo la causa frente a los intentos de vaciarla de contenido. El pueblo saharaui sabe cómo afrontar los desafíos y cómo resistir los vaivenes del equilibrio internacional, y los sacrificios de cincuenta años no serán en vano.
Por: Mohamed Fadel El Hait
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