La eurodiputada española Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), condenó este lunes la expulsión por parte de Marruecos de una delegación de abogados españoles del Sáhara Occidental ocupado, cuando se disponían a investigar la situación de los derechos humanos en el territorio no autónomo.
«Condena total a esta expulsión por parte de Marruecos de miembros de la Asociación Internacional de Juristas del Sáhara Occidental», escribió en un mensaje publicado en redes sociales, denunciando la «impunidad» de Rabat y el «silencio» que sigue observando España, potencia administradora de este territorio según el derecho internacional.
» Marruecos no puede continuar con esta impunidad y el Estado español no puede seguir en silencio «, lamentó.
De hecho, esta expulsión es la última de una serie de prohibiciones a observadores y periodistas extranjeros de entrar en territorio saharaui, sometido a un bloqueo militar y mediático desde su invasión por Marruecos en 1975. El 2 de marzo, Marruecos ya expulsó a un representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Dajla, otra ciudad del Sáhara Occidental ocupado.
Unos días antes, a tres eurodiputados se les negó el acceso a la ciudad ocupada de El Aaiún. Se trata de la parlamentaria española Isabel Serra Sánchez, del partido Podemos, el parlamentario finlandés Teusi Saramo, del partido Vasimisto, y la parlamentaria portuguesa Catarina Martins, del partido Bloco de Esquerda, que vinieron por invitación del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA).
Nada más llegar de Canarias, se les impidió bajar del avión para realizar la visita de inspección prevista a la parte ocupada del Sáhara Occidental.
A los parlamentarios vascos también se les impidió en enero visitar los territorios del Sáhara Occidental, a los que querían acceder para conocer la situación de los derechos humanos en las zonas ocupadas. En febrero, fue el periodista de «El Independiente», Francisco Carrión, quien sufrió el mismo trato por parte del ocupante marroquí.
Según cifras de asociaciones de derechos humanos y de solidaridad con el pueblo saharaui, Marruecos ha denegado desde 2014 el acceso o ha expulsado a no menos de 320 periodistas, profesionales del derecho y activistas de derechos humanos del Sáhara Occidental ocupado por intentar investigar violaciones del derecho internacional humanitario.
Además, un grupo de trabajo creado en respuesta a las medidas represivas observadas en el Sáhara Occidental ocupado tras la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020 por parte del ocupante marroquí, calificó este territorio como un «agujero negro de información».