Una de las cosas a las que nos ha acostumbrado el “sanchismo” en estos años es a aceptar que se puede cambiar de opinión y de posición política, según convenga. En política internacional, esa elasticidad moral suele presentarse envuelta en grandes palabras —legalidad internacional, derecho de los pueblos, resoluciones de la ONU— que se invocan con solemnidad o se archivan con discreción, dependiendo del caso. Y en ese ejercicio de contorsionismo, la izquierda española, ha alcanzado un nivel de virtuosismo digno de estudio.

El ejemplo más reciente es Venezuela. Cualquier acción de Donald Trump relacionada con el régimen de Nicolás Maduro —desde sanciones hasta amenazas retóricas— provoca una reacción casi automática: editoriales inflamados, tertulias indignadas y comunicados en defensa de la “legalidad internacional”. Trump, se nos dice, actúa al margen del derecho, vulnera la soberanía de los pueblos y desprecia las normas que rigen la convivencia entre Estados. Todo muy edificante. Todo muy correcto. Todo muy selectivo.

Porque basta con cambiar el escenario geográfico para que esa legalidad internacional, tan invocada en Caracas, desaparezca misteriosamente en El Aaiún. El Sáhara Occidental es, desde hace décadas, uno de los casos más claros y reiterados de incumplimiento del derecho internacional. Y, sin embargo, el silencio de buena parte de la izquierda española es tan espeso como incómodo. En esta cuestión, Pedro Sánchez no invoca ninguna legalidad que valga. Es más, se la pasa por el forro del abrigo.

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