Por Jaume A. Tonda Área de Internacional de la Confederación Intersindical | ECS
La ONU, la Comunidad Internacional y España, como potencia administradora del territorio, tienen la obligación de intervenir para parar la guerra haciendo cumplir a Marruecos la legalidad internacional y las Resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.
El pasado 13 de noviembre Marruecos violó el Acuerdo Militar Nº 1 que estableció el Alto el Fuego firmado en 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos con la supervisión de Naciones Unidas. Tras semanas concentrando tropas militares en la zona de El Guerguerat, al Sur del Sahara Occidental, ese día las tropas marroquíes atacaron a miles de saharauis que protestaban pacíficamente ante esa brecha ilegal utilizada por el ocupante marroquí para trasladar parte de los recursos naturales saharauis expropiados ilegalmente, facilitar el tráfico de drogas y el contrabando.
Ese ataque militar contra la población civil saharaui ha supuesto la ruptura del Alto el Fuego y el reinicio de la guerra, por lo que el Frente Polisario ha respondido en legítima defensa de su soberanía nacional, con bombardeos diarios contra instalaciones militares marroquíes desplegadas a lo largo de los 2.720 Km. del muro de la vergüenza (que Marruecos ha ampliando en mas de 50 km tras el inicio de la guerra) que divide el Sahara Occidental y contra fuerzas militares atrincheradas en el sur de Marruecos que ya han costado numerosas pérdidas materiales y la vida de un número indeterminado de personas, pues el silencio informativo es enorme sobre esta guerra que se pretende ocultar por parte de Marruecos y sus aliados.
El Frente Polisario, por su parte, sí que informa mediante un Parte de Guerra que emite diariamente el Ministerio de Defensa de la República Saharaui, en el que indica los lugares atacados y las acciones llevadas a cabo por el Ejercito de Liberación Popular Saharaui (ELPS).
ATAQUE CON DRONES
El pasado 7 de abril cayó en combate el comandante del ELPS y Jefe de la Gendarmería Nacional, Dah El Bendir, en un ataque marroquí con un dron Heron de fabricación israelí pagado por los Emiratos Árabes. Ante ese ataque, Bachir Mustafa Sayed, Consejero en Asuntos Políticos del Presidente de la República Saharaui, ha advertido que «el uso de drones por Marruecos en ataques aéreos contra el Ejército Saharaui abre la puerta al infierno para el uso de cualquier arma eficaz por nuestra parte… la respuesta al martirio del comandante será dura y firme, y se dará en su momento». Ya sabemos que el Frente Polisario cumple su palabra, y paciencia no le falta. Por su parte, el comandante Sidi Uld Wagal, Secretario General del Ministerio de Seguridad y Documentación Saharaui ha afirmado que «los drones que están en posesión del ejército invasor marroquí son de diferentes tipos, algunos estadounidenses e israelíes y de otros.
Desde el 13 de noviembre estos drones se han utilizado en varias oca siones y para diferentes propósitos, algunos de reconocimiento y otros de combate ofensivo». Diferentes analistas consideran que el uso de drones por Marruecos constituye un punto de inflexión en el curso de la guerra, especialmente porque sigue el método que usa Israel para asesinar y liquidar a dirigentes de la resistencia Palestina en la Franja de Gaza.
AUMENTA LA REPRESIÓN, DETENCIONES, MALTRATO Y TORTURAS EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS.
Tas la ruptura del alto el fuego, Marruecos ha intensificado la durísima represión que ya venía ejerciendo con total impunidad contra la población civil saharaui en los territorios ocupados, aumentando el maltrato y las torturas contra las personas detenidas y presos políticos saharauis, las detenciones arbitrarias a decenas de personas, la persecución de periodistas y arrestos domiciliarios ilegales en casas de activistas defensores de los derechos humanos.
Especialmente grave es el asedio que está sufriendo desde hace meses la casa y la familia de Sultana Khaya, defensora de los derechos humanos, que hace sólo unas semanas sufrió el ataque y asalto por fuerzas paramilitares y policiales que lanzaron productos químicos que le derritieron el ojo de cristal que tenía fruto de torturas anteriores.
Muy preocupante es también la situación del periodista saharaui Mohamed Lamin Haddi, condenado injustamente por un Tribunal Militar a 25 años de cárcel por las protestas del campamento de la dignidad de Gdeim Izik, que hace meses inició una huelga de hambre bre para denunciar los malos tratos, las condiciones infrahumanas que sufre en las cárceles marroquíes y exigir el acercamiento a su familia. Su madre recorrió 1200 Km. para visitarlo y se lo impidieron. Finalmente, está siendo obligado a la alimentación forzada por parte de la administración marroquí.
Día tras día se multiplican los casos de detenciones arbitrarias y acoso en sus domicilios a activistas saharauis por parte de fuerzas policiales y paramilitares marroquíes que actúan con total impunidad.
En el momento de redactar este artículo, llega la información de la detención en la ciudad ocupada de El Aaiun de la activista saharaui Mahfuda Lefkir y de su marido desconociéndose en ese momento su paradero. Tras varias horas de interrogatorios fueron puestos en libertad.
ESPAÑA: POTENCIA ADMINISTRADORA DEL SAHARA OCCIDENTAL.
Todo esto se produce ante la pasividad, cuando no complicidad, de la denominada comunidad internacional y de la potencia administradora del territorio, es decir, el Estado español, que no sólo no hace nada para frenar esa violenta represión contra la población civil, sino que se permite seguir vendiendo armas al ocupante marroquí, como el buque de guerra que anunció el Gobierno español que fabricará para la Marina Real de Marruecos, contraviniendo así la legislación española para el comercio de armas y el Derecho Internacional.
La situación es de una gravedad extrema. El estado español, que el 14 de noviembre de 1975 firmó el ilegal Acuerdo Tripartito de Madrid por el que entregaba el Sahara Occidental y abandonaba a su suerte a quienes formaban parte de la que hasta entonces era su 53 provincia, debe cumplir con sus obligaciones y, en un momento tan grave como el actual, asumir su responsabilidad histórica y reparar el mal que infligió al pueblo saharaui con ese infame acuerdo.
46 años después, es hora de que se pase de las palabras a los hechos. De que exija a Marruecos la celebración del referéndum comprometido ante Naciones Unidas, el cese de la ocupación, de la violación de los derechos humanos y del expolio de los recursos naturales saharauis.
LA MINURSO Y LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL MIRAN PARA OTRO LADO.
Gravísima es también la actitud de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para la realización del Referéndum en el Sahara Occidental) y del CICR (Comité Internacional de Cruz Roja), que a pesar de estar viendo sobre el terreno lo que ocurre permiten que siga la represión con total impunidad. Unos y otros permiten esas gravísimas violaciones de los derechos humanos que están siendo documentadas y denunciadas por diversos organismos internacionales y defensores de los Derechos Humanos, como el demoledor informe de Human Rights Watch que denuncia esas violaciones del régimen marroquí contra la población civil saharaui en los territorios ocupados.
LA RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, 30 AÑOS DESPUES DE QUE SE ACORDÓ REALIZAR EL REFERÉNDUM.
30 años después de la firma del Acuerdo entre el Frente Polisario y Marruecos, con la supervisión de Naciones Unidas, que incluía la celebración de un referéndum de autodeterminación en enero del año 1992, para lo que la ONU estableció sobre el terreno a la MINURSO con objeto de organizarlo y llevarlo a cabo, el referéndum no se ha realizado por la oposición de Marruecos que, durante estos años, ha continuado saqueando los recursos naturales saharauis, violando los Derechos Humanos, con cientos de personas desaparecidas, encarcelando, torturando e incluso asesinando a población civil saharaui que exige sus derechos políticos, sociales y laborales, como reiteradamente denuncian asociaciones internaciones defensoras de los Derechos Humanos. El pueblo saharaui está harto de tantas promesas incumplidas, de sufrir la represión, el exilio, las penurias en los Campamentos de Refugiados… y la gota que ha rebasado el vaso ha sido la intervención militar del ocupante marroquí contra población civil saharaui que se manifestaba pacíficamente en la zona de El Guerguerat.
El Gobierno saharaui ya advirtió que cualquier irrupción militar en la zona o ataque a la población civil saharaui «será considerada una agresión flagrante a la que la parte saharaui responderá con firmeza, en legítima defensa de su soberanía nacional. Supondrá, asimismo, el fin del Alto el Fuego y abrirá la puerta ante el estallido de una guerra total en la región». Y así ha ocurrido.
El Gobierno marroquí, que según la legalidad internacional no tiene jurisdicción en esa zona, envió fuerzas militares contra la población civil para disolver su manifestación y evitar las protestas.
Tras ese ataque, como ya advirtió en su momento, el Secretario General del Frente Polisario y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, decretó el estado de guerra en todo el territorio del Sahara Occidental, al considerar roto el alto el fuego firmado con Marruecos en 1991.
UN PUEBLO PACIFICO Y PACIENTE QUE SOLO PIDE JUSTICIA Y LIBERTAD.
Nadie podrá acusar al pueblo saharaui, después de 46 años de sufrimiento y de promesas incumplidas, de no ser un pueblo pacífico y paciente. Un pueblo que ha demostrado una capacidad de autoorganización y de resistencia implacable, y que en estos momentos ha dicho basta y defiende su derecho a la libertad y a la independencia.
El pueblo saharaui y su legítimo representante el Frente Polisario sólo exigen que se cumpla la legalidad internacional, las múltiples Resoluciones de la ONU y los Acuerdos firmados ante las Naciones Unidas.
La ONU, la Comunidad Internacional y España, como potencia administradora del territorio, deben intervenir para hacer cumplir a Marruecos la legalidad internacional, las Resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, y para impedir una guerra que solo causa dolor y muerte a personas inocentes que sólo aspiran a vivir en paz y en libertad en su territorio, el Sahara Occidental. No hacerlo o seguir mirando hacia otro lado, les convierte en cómplices de una guerra que nadie desea y de las nefastas consecuencias que conlleva, especialmente en vidas humanas.
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