La Comisión Europea ha defendido este miércoles un sistema de etiquetado para productos agrícolas que evita mencionar el Sáhara Occidental como origen, en una decisión que vuelve a situar a las instituciones europeas en una posición controvertida respecto al derecho internacional.

Durante una audiencia en el Parlamento Europeo, altos responsables de la Comisión reconocieron además la existencia de “inconsistencias” en los datos sobre importaciones, lo que refuerza las dudas sobre la trazabilidad de los productos procedentes del territorio ocupado.

Estas declaraciones llegan tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establecen que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos, y que cualquier acuerdo que lo afecte requiere el consentimiento del pueblo saharaui.

La directora general adjunta de Agricultura de la Comisión Europea, Brigitte Misonne, defendió el actual sistema como una solución “pragmática y jurídica”. Según explicó, los productos procedentes del Sáhara Occidental no se etiquetan como tales, sino que utilizan denominaciones regionales como “El Aaiún-Saguía el-Hamra” o “Dajla-Río de Oro”.

Sin embargo, este enfoque ha sido duramente criticado por eurodiputados, que consideran que este etiquetado resulta engañoso para los consumidores al no identificar claramente el origen en un territorio que, según el derecho internacional, no forma parte de Marruecos.

El debate se produce en un contexto jurídico especialmente sensible. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en varias sentencias que el Sáhara Occidental tiene un estatus separado y distinto, y que el pueblo saharaui debe dar su consentimiento para cualquier explotación de sus recursos o inclusión en acuerdos comerciales.

A pesar de ello, la Comisión ha optado por una fórmula que, en la práctica, permite que productos procedentes del territorio ocupado entren en el mercado europeo sin una identificación clara de su origen real.

Más allá del etiquetado, otro elemento especialmente relevante es el reconocimiento por parte de la propia Comisión de “discrepancias” en los datos de importación.

Según explicó otro alto funcionario europeo, existen diferencias entre los datos de Eurostat y los sistemas de vigilancia internos de la Comisión, atribuidas en parte a información incompleta proporcionada por algunos Estados miembros.

Este reconocimiento abre interrogantes sobre la fiabilidad de los datos comerciales y sobre el control efectivo de los productos que entran en la Unión Europea desde el Sáhara Occidental, en un contexto ya marcado por la controversia jurídica.

En conjunto, la posición de la Comisión Europea refleja una estrategia que busca compatibilizar las exigencias legales derivadas de las sentencias del TJUE con el mantenimiento de sus relaciones comerciales con Marruecos.

Sin embargo, la ausencia de una mención clara al Sáhara Occidental en el etiquetado y las dudas sobre la calidad de los datos refuerzan las críticas de quienes consideran que la Unión Europea sigue evitando afrontar plenamente las implicaciones jurídicas del conflicto.