Los Estados miembros autorizan a la Comisión Europea a negociar un nuevo acuerdo pesquero con Rabat, reabriendo un conflicto jurídico y político que afecta de lleno a los derechos del pueblo saharaui y al respeto del Derecho internacional.
Bruselas, 14 de enero de 2026.— Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (COREPER) han dado luz verde este miércoles a la Comisión Europea para iniciar negociaciones con Marruecos con vistas a establecer un nuevo Acuerdo de Asociación para una Pesca Sostenible (APPD) y su correspondiente protocolo de aplicación. La decisión, adoptada en Bruselas, autoriza al Ejecutivo comunitario a definir un marco de cooperación que permitiría nuevamente el acceso de los buques europeos a las aguas controladas por Marruecos, según informan medios europeos especializados.
La medida llega menos de dos años después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara que los acuerdos agrícola y pesquero entre la UE y Marruecos vulneraban el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a dar su consentimiento, al aplicarse a un territorio distinto y separado de Marruecos, pendiente de descolonización. En su sentencia de 2024, el TJUE reiteró una jurisprudencia ya consolidada desde 2016: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, y ningún acuerdo puede extenderse a ese territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario.
Pese a este marco jurídico claro, la Comisión Europea optó a finales de 2025 por modificar unilateralmente el acuerdo agrícola, en un intento de sortear la sentencia, una decisión que ya fue ampliamente cuestionada por juristas, eurodiputados y organizaciones de solidaridad. Ahora, con el inicio de negociaciones para un nuevo acuerdo pesquero, Bruselas vuelve a situarse en el límite —cuando no fuera— del respeto al Derecho de la Unión y al Derecho internacional.
Un acuerdo clave para la flota europea… y problemático desde el punto de vista legal
El último protocolo pesquero entre la UE y Marruecos expiró en 2023, lo que ha impedido desde entonces que la flota europea faene en esas aguas. Antes de su expiración, más del 90 % de las capturas realizadas por buques de la UE tenían lugar en aguas del Sáhara Occidental, según reconocen informes internos de la propia Unión Europea, un dato que ilustra la centralidad del territorio ocupado en el interés pesquero europeo.
La presión del sector no se ha hecho esperar. Europêche, la principal organización de lobby de los pescadores europeos, ha celebrado la decisión del COREPER y ha reclamado un acuerdo “vital” en un contexto de escasez creciente de alternativas, debido tanto a las restricciones en aguas europeas como a las prácticas pesqueras insostenibles de terceros países. Este argumento económico, reiterado desde hace años, vuelve a prevalecer sobre las obligaciones jurídicas y éticas de la Unión.
El dilema europeo: claridad judicial, ambigüedad política
La autorización concedida a la Comisión Europea abre un escenario de alto riesgo político y jurídico. Cualquier nuevo acuerdo que incluya, directa o indirectamente, las aguas del Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso del pueblo saharaui estará condenado a un nuevo recurso judicial, previsiblemente con el mismo desenlace. La experiencia de los últimos diez años demuestra que no existe ingeniería jurídica capaz de sortear el principio fundamental establecido por el TJUE: la soberanía sobre el Sáhara Occidental no corresponde a Marruecos.
Esta nueva iniciativa confirma una tendencia cada vez más evidente en Bruselas: claridad judicial frente a ambigüedad —cuando no abierta contradicción— política. Mientras los tribunales europeos fijan límites claros, la Comisión y los Estados miembros persisten en una política de hechos consumados, guiada por intereses económicos y por la voluntad de preservar una relación estratégica con Rabat, incluso a costa de erosionar la credibilidad jurídica de la propia Unión Europea.
Una decisión con consecuencias políticas
La reapertura de las negociaciones pesqueras con Marruecos no es un asunto técnico ni sectorial. Afecta de lleno al estatus del Sáhara Occidental, a los derechos de su pueblo, y al papel de la UE como actor que se proclama defensor del orden internacional basado en normas. En un contexto global marcado por la instrumentalización del derecho y el retroceso del multilateralismo, decisiones como esta debilitan aún más la posición europea y refuerzan la percepción de un doble rasero en la aplicación del Derecho internacional.
La cuestión de fondo sigue sin resolverse: ¿está dispuesta la Unión Europea a asumir las consecuencias de sus propias sentencias, o continuará buscando fórmulas para eludirlas? Mientras no haya una respuesta clara, cada nuevo acuerdo con Marruecos que afecte al Sáhara Occidental será no solo jurídicamente frágil, sino políticamente irresponsable.
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