Por Carlos C. García – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

La Unión Europea mantiene desde hace años una posición cada vez más difícil de justificar sobre el Sáhara Occidental. No por falta de información ni por ausencia de normas jurídicas claras, sino por una contradicción evidente entre lo que dicen sus tribunales y lo que hacen sus responsables políticos. Una contradicción que ya no puede ocultarse bajo fórmulas diplomáticas ni silencios calculados.

Desde 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido rotundo. El Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Es un territorio pendiente de descolonización. Marruecos no tiene soberanía ni condición de potencia administradora. Y ningún acuerdo comercial o económico entre la UE y Marruecos puede aplicarse al Sáhara sin el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario.

Estas sentencias no dejan lugar a dudas. No son ambiguas ni contradictorias. Al contrario: construyen una doctrina jurídica sólida y coherente, reafirmada una y otra vez. En términos legales, la posición europea sobre el Sáhara Occidental está perfectamente definida.

El problema aparece cuando pasamos del derecho a la política.

Pese a esta claridad judicial, la Comisión Europea y el Consejo han optado por seguir como si nada hubiera cambiado. Han buscado atajos, reinterpretaciones y maniobras administrativas para mantener en vigor acuerdos con Marruecos que incluyen, de facto, recursos del Sáhara Occidental. En lugar de cumplir las sentencias, han tratado de esquivarlas.

Esta ambigüedad no es inocente. Tiene consecuencias reales. Permite que continúe el expolio de los recursos naturales saharauis. Refuerza la ocupación marroquí. Y deja al pueblo saharaui fuera de cualquier decisión sobre su propio territorio, en abierta violación del derecho internacional.

Al mismo tiempo, esta actitud daña seriamente la credibilidad de la Unión Europea. ¿Cómo puede presentarse como defensora del orden jurídico internacional si ignora sus propias sentencias cuando resultan incómodas? ¿Con qué autoridad exige a otros países el respeto del derecho internacional si ella misma lo relativiza en función de intereses estratégicos?

La paradoja es aún mayor si se tiene en cuenta que la propia UE reconoce oficialmente que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo según Naciones Unidas. Reconoce también que el proceso de descolonización sigue sin concluir. Es decir, sabe perfectamente que Marruecos actúa como potencia ocupante. Lo que evita es asumir las consecuencias políticas de ese reconocimiento.

En el fondo, no estamos ante un vacío legal. Estamos ante una falta de voluntad política. La Unión Europea dispone de todas las herramientas jurídicas necesarias para actuar con coherencia. Lo que no parece dispuesta a asumir es el coste político de enfrentarse a Marruecos y de poner el derecho por delante de los intereses económicos y geoestratégicos.

Mientras tanto, la distancia entre la claridad judicial y la ambigüedad política no deja de crecer. Y esa brecha se traduce en una injusticia prolongada para el pueblo saharaui y en una grave incoherencia para el proyecto europeo.

La pregunta ya no es si la Unión Europea conoce la situación del Sáhara Occidental. La conoce perfectamente. La pregunta es cuánto tiempo más podrá seguir mirando hacia otro lado sin vaciar de contenido su propio discurso sobre legalidad, derechos y justicia internacional.

Carlos C. García