Organizada por la asociación Cantabria por el Sáhara, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, la cita tuvo como eje central la lectura de un comunicado reivindicativo en el que se denunciaron las condiciones de vida de los refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia), el silencio histórico sobre la descolonización inacabada del Sáhara Occidental y el papel del Gobierno español en el mantenimiento del statu quo.

«Una historia de la que España se avergüenza»

En el texto, la organización recordó que este año 49 menores saharauis serán acogidos en Cantabria, 35 por familias y 14 menores con discapacidad en el centro CIFP La Granja (Heras). Todos ellos son descendientes de saharauis que poseían Documento Nacional de Identidad español, expulsados de su tierra tras la ocupación militar marroquí en 1975.

“El Sáhara Occidental fue la provincia 53 de España”, recordó el comunicado, señalando la Marcha Verde como el inicio de una ofensiva que incluyó el uso de fósforo blanco y napalm, denunciado por organizaciones como Human Rights Watch, en un ataque que costó la vida a miles de civiles.

Una infancia entre minas y hambre

La ocupación se consolidó con la construcción del llamado «muro de la vergüenza», una barrera de más de 2.700 kilómetros fortificada con millones de minas antipersona, que ha separado a familias durante generaciones. Muchas de esas minas siguen activas, causando mutilaciones y muertes, incluso entre menores. La ONG Landmine Monitor ha denunciado que Marruecos es uno de los países con más minas antipersona sin desactivar.

En paralelo, cerca de 174.000 personas malviven desde hace cinco décadas en los campamentos de refugiados de Tinduf, en condiciones que la organización califica de inhumanas: temperaturas extremas, ausencia de agua potable, escasez de alimentos y una sanidad desabastecida. Según ACNUR, más del 40 % de esa población son menores de edad.

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