Ait Melloul (Marruecos), 29 de junio de 2021 (SPS) – A principios de la semana pasada, la administración de la cárcel local, Ait Melloul 2, privó al preso político saharaui, Sidahmed Faraji Iyich Lamjeyad, miembro del Grupo Gdeim Izik y Presidente de Comité de Apoyo al Plan de Resolución de Naciones Unidas y la Protección de los Recursos Naturales del Sahara Occidental, de la visita de su familia.
Según informó la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes, “las autoridades de la mencionada cárcel impidieron a los miembros de la familia del activista realizar una visita sin proporcionar ninguna justificación, especialmente teniendo en cuenta la reanudación del sistema de visitas familiares en todas las cárceles e instituciones penitenciaras marroquíes, de acuerdo a los ajustes y medidas cautelares relacionados con la pandemia del COVID-19 que entraron en vigor a partir del 25 de mayo de 2021 y por un período de un mes, lo que confirma la naturaleza de la decisión arbitraria e inhumana tomada contra el preso político saharaui Sidahmed Faraji y todos los miembros de la familia”.
Desde su traslado desde la cárcel local de Al-Arjat 1, el 16 de septiembre de 2017, a la cárcel local de Ait Melloul 2, el preso político saharaui Sidahmed Faraji ha sido objeto de numerosos actos de hostigamiento y racismo, comenzando por su aislamiento total, seguido por la negligencia médica y la incitación de los los presos comunes a tomar represalias contra él por sus posiciones políticas y de defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia.
Cabe recordar que el preso político saharaui Sidahmed Faraji Iyich Lamjeyad, miembro del Grupo “Gdeim Izik”, se encuentra confinado en la cárcel de Ait Melloul 2, cerca de la ciudad marroquí de Agadir, como consecuencia de una injusta y cruel sentencia de cadena perpetua por su participación en los sucesos de Gdeik Izik, una sentencia que fue condenada por importantes organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Human Rights Watch y Amnistía Internacional. (SPS)