La iniciativa ha superado el bloqueo parlamentario tras meses de movilización ciudadana y más de 18.500 firmas de apoyo. El debate ya no es si debía tramitarse, sino cómo afrontar una ley que amplía derechos sin sustituir la autodeterminación del pueblo saharaui.
La iniciativa ha superado el bloqueo parlamentario tras meses de movilización ciudadana y más de 18.500 firmas de apoyo. El debate ya no es si debía tramitarse, sino cómo afrontar una ley que amplía derechos sin sustituir la autodeterminación del pueblo saharaui.La Proposición de Ley para reconocer la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes ha entrado en su fase decisiva. La ponencia del Congreso ha dado un paso adelante en su tramitación con el apoyo de PSOE, Sumar y los grupos que impulsaron su desbloqueo, mientras PP y Vox han votado en contra y Junts se ha abstenido.
Este avance no ha llegado por casualidad. Durante los últimos meses, la campaña promovida por Juventud Activa Saharaui reunió más de 18.500 firmas para exigir que la ley saliera del bloqueo parlamentario. La iniciativa recibió además el respaldo de organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas Comisiones Obreras, que reclamaban al Congreso saldar una deuda histórica con miles de saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental era administrado por España.
Hasta aquí, el objetivo parecía compartido: desbloquear la ley y permitir que el Parlamento decidiera. Sin embargo, una vez superado ese primer obstáculo han comenzado a aparecer voces muy críticas que consideran que esta iniciativa supone un error político e incluso un riesgo para la causa saharaui.
Es un debate legítimo y conviene abordarlo con serenidad.
Quienes expresan sus reservas recuerdan, con razón, que la nacionalidad española no puede convertirse en una alternativa al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. España sigue siendo la potencia administradora de un territorio pendiente de descolonización y ninguna ley nacional resolverá un conflicto que continúa abierto casi cincuenta años después del abandono del Sáhara Occidental.
En eso no puede haber discusión.
Pero precisamente porque esa realidad sigue siendo la misma, tampoco creemos que reconocer derechos a miles de saharauis signifique renunciar a la causa nacional de su pueblo.
La Ley de Nacionalidad Saharaui no pone fin a la ocupación marroquí. No sustituye el referéndum previsto por Naciones Unidas. No libera a los presos políticos, no devuelve a los refugiados a su tierra y no exime a España de su responsabilidad histórica. Quien pretenda presentar esta ley como el final de la cuestión saharaui estará ofreciendo una visión profundamente equivocada.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse que miles de saharauis llevan décadas viviendo en una situación jurídica marcada por la incertidumbre. Muchos nacieron bajo administración española; otros son hijos o nietos de aquella generación. Para ellos, acceder a la nacionalidad española puede significar estabilidad jurídica, mejores oportunidades de estudio y trabajo o una protección que nunca debieron perder.
Mejorar la vida de esas personas no equivale a abandonar la reivindicación colectiva del pueblo saharaui.
La propia historia de la solidaridad con el Sáhara Occidental demuestra que ambas dimensiones pueden convivir. La ayuda humanitaria nunca sustituyó la autodeterminación. El programa Vacaciones en Paz tampoco. Ninguna de esas iniciativas hizo desaparecer el objetivo principal: que el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro.
Con esta ley debería ocurrir exactamente lo mismo.
El verdadero peligro no reside en ampliar derechos, sino en utilizar esos derechos como excusa para cerrar en falso un proceso de descolonización que sigue pendiente. España no puede considerar saldada su deuda con el pueblo saharaui por aprobar esta ley. Su obligación política y jurídica continúa siendo la misma: contribuir a que el conflicto encuentre una solución conforme al derecho internacional y garantizar que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.
Ahora que la ley ya ha iniciado su recorrido parlamentario, el debate también cambia de naturaleza. Durante meses se pidió su desbloqueo mediante campañas públicas, manifiestos y recogidas de firmas. Hoy la pregunta ya no es si debía tramitarse, sino cuál debe ser la posición de quienes defienden la causa saharaui ante una iniciativa que ya está sobre la mesa del Congreso.
Desde NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL seguimos pensando lo mismo que cuando comenzó esa campaña. Esta ley no sustituye la autodeterminación, pero tampoco se opone a ella. Es una medida de reparación para miles de personas que nunca debieron quedar abandonadas tras la retirada española de 1975.
La autodeterminación continúa siendo el único camino para culminar la descolonización del Sáhara Occidental. Ninguna ley española cambiará esa realidad. Pero mientras ese día llega, toda medida que amplíe derechos y contribuya a reparar una parte de la deuda histórica con el pueblo saharaui merece ser apoyada.
Porque defender la autodeterminación y defender a las personas nunca deberían convertirse en causas enfrentadas.