La proposición de ley para facilitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española ha sido reactivada en el Congreso tras más de un año paralizada, en un contexto marcado por la polémica exclusión de este colectivo del proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno.
El desbloqueo de la iniciativa, impulsada por Sumar y respaldada por varios grupos parlamentarios, se produce en un momento de creciente presión política y social. Según fuentes parlamentarias, la ponencia encargada de su tramitación volverá a reunirse en los próximos días, abriendo la puerta a que la ley pueda avanzar en su recorrido legislativo.
La reactivación no puede entenderse sin el contexto reciente. La exclusión de los saharauis —mayoritariamente solicitantes de apatridia— del proceso de regularización ha generado críticas por lo que diversos actores consideran una situación de discriminación específica. Esta circunstancia ha actuado como catalizador para volver a poner sobre la mesa una iniciativa que llevaba meses bloqueada.
En paralelo, el debate ha evidenciado las tensiones políticas en torno a la cuestión saharaui. En una reunión celebrada en el Congreso para abordar esta situación, en la que participaron varios grupos parlamentarios, la ausencia del PSOE, Vox y Junts ha sido interpretada por algunos actores como un reflejo de las dificultades para alcanzar un consenso amplio. A pesar de ello, formaciones presentes en el encuentro sostienen que existe una mayoría suficiente para desbloquear la tramitación de la ley.
La iniciativa legislativa plantea permitir el acceso a la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de 1976, cuando el territorio estaba bajo administración española, así como facilitar el acceso para sus descendientes. Sus promotores la defienden como una medida de reparación jurídica e histórica, vinculada a la responsabilidad de España en el proceso de descolonización inconcluso.
El trasfondo es también jurídico. En la actualidad, los saharauis enfrentan un proceso especialmente largo para acceder a la nacionalidad española, que puede extenderse durante años debido a la combinación de procedimientos de apatridia y residencia. Esta situación contrasta con otros supuestos previstos en la legislación española, lo que ha alimentado el debate sobre un posible trato desigual.
Más allá de la evolución concreta de la ley, la reactivación de esta iniciativa vuelve a situar en el centro una cuestión de fondo: la relación entre España y el Sáhara Occidental no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue teniendo consecuencias directas en el presente. La discusión sobre la nacionalidad, en este sentido, trasciende el ámbito administrativo para convertirse en un reflejo de una responsabilidad jurídica e histórica aún no resuelta.