El historiador Lluís Rodríguez Capdevila recuerda que la iniciativa que hoy tramita el Congreso no surge de una concesión política, sino de una relación histórica y jurídica creada por la propia administración española en el Sáhara Occidental.

El debate sobre la Ley de Nacionalidad Saharaui se ha intensificado desde que la proposición de ley superó el trámite de ponencia en el Congreso de los Diputados. Durante los últimos días se ha discutido sobre su alcance, sobre los requisitos que establece el texto, sobre los descendientes, sobre su capacidad real para reparar una injusticia histórica e incluso sobre si puede interpretarse como una renuncia al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Sin embargo, existe una pregunta previa que apenas aparece en ese debate: ¿por qué existe una ley específica para los saharauis?

Responder a esa cuestión obliga a apartarse por un momento de la actualidad parlamentaria y volver la vista hacia la historia. Precisamente eso es lo que hace el historiador Lluís Rodríguez Capdevila en un amplio trabajo publicado en el blog Sáhara Occidental, un artículo que constituye una de las explicaciones históricas más completas para comprender el sentido de la iniciativa que hoy se tramita en las Cortes Generales.

La ley no nace porque un partido político haya decidido conceder un privilegio. Tampoco responde únicamente a una demanda humanitaria. Su origen se encuentra mucho antes: en la forma en que España administró el Sáhara Occidental durante décadas y en las consecuencias jurídicas que aquella administración generó para miles de saharauis.

Cuando el Sáhara era una provincia española

Durante buena parte del siglo XX, el Estado español sostuvo oficialmente que el Sáhara Occidental no era una colonia cualquiera, sino una provincia española. Aquella decisión política tuvo consecuencias muy concretas. Los saharauis obtuvieron documentos nacionales de identidad españoles, pasaportes, libros de familia, acceso a la administración pública, escolarización bajo el sistema educativo español y un amplio conjunto de derechos derivados de esa condición jurídica.

Rodríguez Capdevila recuerda que España no solo ejercía la administración del territorio, sino que afirmaba públicamente que el Sáhara formaba parte del propio Estado. La célebre afirmación de Luis Carrero Blanco, según la cual «el Sáhara es tan España como la provincia de Cuenca», resume bien aquella política de provincialización. Hoy puede parecer una frase propagandística. Pero durante años produjo efectos jurídicos muy reales sobre miles de ciudadanos saharauis.

Una nacionalidad que desapareció con la retirada española

Todo cambió entre 1975 y 1976. La retirada española, los Acuerdos de Madrid y el inicio de la ocupación marroquí dejaron sin resolver la situación jurídica de una población que había vivido bajo administración española. España abandonó el territorio sin culminar el proceso de descolonización y sin ofrecer una respuesta clara a quienes habían sido considerados españoles pocos meses antes. Ese vacío jurídico continúa proyectando sus efectos medio siglo después.

Miles de saharauis conservaron durante años documentos españoles que dejaron de tener utilidad práctica. Otros iniciaron largos procedimientos administrativos para intentar demostrar unos vínculos que el propio Estado español había creado y posteriormente dejó sin reconocimiento efectivo. Es precisamente esa anomalía histórica la que explica que hoy exista una proposición de ley específica para los saharauis.

Una reparación parcial, no una solución política

Desde el primer momento, NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL ha defendido una idea muy sencilla: la Ley de Nacionalidad Saharaui no sustituye la autodeterminación. No pone fin a la ocupación marroquí. No devuelve el territorio ocupado. No sustituye el referéndum previsto por Naciones Unidas. No extingue la responsabilidad internacional de España como potencia administradora de iure. Pero precisamente porque no pretende hacer nada de eso, tampoco debería exigírsele que resuelva por sí sola un problema de descolonización pendiente desde hace cincuenta años.

Su finalidad es otra. Reconocer derechos concretos a personas concretas cuya situación jurídica deriva directamente de decisiones adoptadas por el propio Estado español. En ese sentido, la ley constituye una forma de reparación parcial. No completa. No definitiva. Pero sí coherente con una responsabilidad histórica que España nunca llegó a asumir plenamente.

La historia ayuda a comprender el presente

Uno de los principales méritos del trabajo de Lluís Rodríguez Capdevila consiste en devolver la historia al centro del debate.

Durante estos días se han multiplicado las opiniones favorables y contrarias a la ley. Algunas consideran que supone un avance necesario. Otras temen que pueda interpretarse como una forma de sustituir la autodeterminación por la integración jurídica en España.

Todas esas posiciones merecen ser escuchadas. Pero antes de adoptar cualquiera de ellas conviene recordar de dónde viene realmente esta iniciativa. No nace del Congreso de 2026. Nace de una relación jurídica construida durante décadas entre España y el pueblo saharaui. Nace de una administración colonial que convirtió el Sáhara en provincia española. Nace de miles de documentos nacionales de identidad expedidos por el Estado español. Nace de una retirada que dejó sin resolver la situación de quienes habían sido considerados ciudadanos españoles. Y nace, sobre todo, de una descolonización que continúa pendiente.

La historia no termina con un pasaporte

Quizá el mayor error sería presentar esta ley como el final del camino. No lo es. El pueblo saharaui seguirá teniendo derecho a decidir libremente su futuro. España seguirá siendo responsable de culminar la descolonización del territorio. La ocupación marroquí seguirá siendo incompatible con el Derecho Internacional. Nada de eso cambia.

Pero tampoco cambia otra realidad que el trabajo de Lluís Rodríguez Capdevila ayuda a comprender con claridad: la deuda histórica que España mantiene con miles de saharauis no comenzó esta semana en el Congreso. Comenzó hace medio siglo, cuando decidió abandonar el Sáhara Occidental sin cerrar el proceso de descolonización y sin resolver las consecuencias jurídicas de su propia administración.

Por eso, la Ley de Nacionalidad Saharaui no debe entenderse como una concesión política. Debe entenderse como el intento, todavía incompleto, de empezar a saldar una deuda nacida en el Sáhara Español.