Mientras en nuestro país se suceden las manifestaciones de agricultores y ganaderos, denunciando, entre otras cuestiones, la competencia  de los tomates procedentes de Marruecos, un país donde las normas ambientales, sanitarias, de bienestar animal no son las mismas que en España o Europa, Mundubat llama la atención sobre otras cuestiones en torno a esa producción de tomates.

Denuncian que detrás de esa supuesta rentabilidad del tomate marroquí, se esconde una realidad que se «diluye» en las rutas de exportación.

Según explica Mundubat, que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, el viaje de estos tomates «comienza en una ciudad llamada Dajla, en la costa atlántica, territorio del Sáhara Occidental ocupado por el reino de Marruecos. Las autoridades marroquíes implantaron allí, desde hace años, la llamada megalópolis del tomate: 5 grupos empresariales gestionan las explotaciones -uno de ellos además participado por el rey Mohamed VI-, además del exalcalde de Agadir y el ministro de Agricultura de Marruecos».

TOAMATE MARROQUINIZADO

Lo que sucede, según Mundubat es que Marruecos y las empresas que explotan este territorio «se están aprovechando de los beneficios fiscales acordados en este territorio ilegalmente ocupado, además de la sobreexplotación de la mano de obra -diez veces más bajo que en el estado español-, la climatología favorable -con 300 días de sol al año”-, donde producen a gran escala y a muy bajo coste los tomates que después Marruecos vende a los mercados europeos a unos precios extraordinariamente competitivos. Estos tomates se “marroquinizan” como por arte de magia al ser transportados de Dajla a Agadir, donde se mezcla con los tomates de la zona y son vendidos en cajas que llevan etiquetas “made in Morocco”.

Tal y como recalcaban Celia Murias y Jesús García-Longos en el estudio que elaboraron para Mundubat en 2020, “Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el Sáhara Occidental. Un estudio sobre la producción del tomate en la región de Dakhla”, utilizar, la política de desarrollo agrícola, como hace Marruecos, como herramienta para asentarse ilegalmente en un territorio, extraer beneficios del mismo y privar al pueblo saharaui de sus propios recursos, constituye una grave violación del Derecho Internacional; exactamente, conculca los reglamentos comunitarios 543/11 de la ley de Información del Consumidor (2011) y el Acuerdo Euro-Mediterráneo, entre otras normas.

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