ECS. Madrid. | Poco antes de la muerte de Franco en 1975, España firmó con Marruecos y Mauritania un acuerdo unilateral, los infames acuerdos tripartitos de Madrid, para la entrega del Sáhara Occidental a los dos países; ex colonias francesas y vecinos del territorio. El 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte del dictador Franco, el Gobierno de Arias Navarro y el rey de España, Juan Carlos I, impulsaron una decisión injusta e ilegal para deshacerse del territorio de su provincia 53. La ONU rechazó la decisión y pidió celebrar aquel referéndum prometido por España en 1973.

«Los saharauis estamos muy tristes hoy ya que España piensa que lo ha hecho todo y se olvida de la situación actual del pueblo saharaui, otra víctima de la transición española».

Franco gobernó España desde finales de la década de 1930 hasta su muerte en 1975. En este mismo año, España, Marruecos y Mauritania firmaron en Madrid un acuerdo (acuerdo tripartito de Madrid) para entregar y deshacerse, de manera ilegal, de su ex colonia. El régimen marroquí, a su entrada en el Sáhara Occidental, tras la firma de estos acuerdos, llevó a cabo decenas de centenares de ejecuciones contra los saharauis que resisten a la ocupación.

El Sáhara Occidental es un territorio desértico, que limita con el Océano Atlántico Norte, entre Mauritania, Marruecos y Argelia, una posición estratégica junto a las Islas Canarias. Además, es rico en recursos naturales, como fosfatos, pescado y petróleo crudo (todavía por descubrir).

En 1976, tras la invasión militar marroquí, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), luego de que la CIJ (Corte Internacional de Justicia) ratificó el derecho legal a la autodeterminación para los saharauis y rechazó los reclamos territoriales hechos por Marruecos y Mauritania en la región. Sin embargo, Rabat ocupó ilegalmente los dos tercios del Sáhara Occidental y construyó un muro militar, conocido como ‘La Berma’, vigilado a lo largo de toda su longitud por 160.000 soldados y custodiado por diez millones de minas terrestres que recorren el territorio de norte a sur.

Desde entonces, el área ha sido dividida en dos partes por el muro, una parte más grande ocupada por Marruecos y una más pequeña, conocida como Territorios Liberados, bajo el control del Frente POLISARIO. La RASD es un país fundador de la UA y reconocido por más de 80 de los 193 países de la ONU y la nación todavía está luchando por la independencia.

Darren Kew, presidente del Departamento de Resolución de Conflictos, Seguridad Humana y Gobernanza Global de la Universidad de Massachusetts, Boston, describió el enorme desequilibrio en el conflicto: Marruecos es un miembro estable de la ONU, con una economía desarrollada, consistente fuerzas militares y actuando con el consentimiento de la comunidad internacional, mientras que la República Saharaui lucha por su existencia. De hecho, la opinión consultiva de la CIJ dejó en claro que los saharauis tienen el poder soberano sobre el Sáhara Occidental y que un referéndum libre y trasparente es un derecho inalterable.

El Gobierno español, aliado de Marruecos, decidió proponer el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid, firmado el 14/11/1975. Por este acuerdo, España llevó a cabo la liquidación de su administración en dicho territorio mediante la transferencia ilegal de una administración temporal a favor de Marruecos y Mauritania. En este acuerdo no se transmitió la soberanía sobre el Sáhara Occidental ni se confirió a ninguno de los países signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía transferir unilateralmente, ya que, según el Derecho Internacional y para la ONU, una potencia administradora no puede abandonar unilateralmente sus responsabilidades en un territorio no autónomo.

El 26/02/1976, coincidiendo con la salida de los últimos militares españoles del territorio, el Gobierno español comunicó al secretario general de la ONU que a partir de dicha fecha daba por terminada su presencia en el Sáhara Occidental, haciendo constar que desde ese momento se consideraba exento de toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del territorio, puesto que había cesado su participación en la administración temporal establecida para el mismo, dejándolo de hecho bajo la ocupación militar de Marruecos y Mauritania en las zonas que cada uno de ellos ocupaba en función del Acuerdo de Madrid.

Tras el abandono del territorio por Mauritania, en 1979, Marruecos ocupó y administra también la zona mauritana. Pese a ello, Marruecos no figura como potencia administradora del Sáhara Occidental en la lista de la ONU. Es decir, el Ejecutivo español cree que tras el reparto del territorio a Marruecos y Mauritania y su retirada del mismo se desliga de toda la responsabilidad administrativa que le corresponde, pues ¿Cómo va a poder administrar algo que no controla? Esa es su postura.

Lo cierto es que la ONU no ha considerado a Marruecos (ni en su momento a Mauritania) como potencias administradoras del Sáhara Occidental, por lo que sigue figurando en la lista como un territorio español pendiente de descolonización. Y, por lo tanto, administradora del mismo. Así lo establece un informe jurídico (Documento S/2002(161), dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 29/01/2002.

El abandono del Sáhara por parte de España es nulo, por lo que, según la ONU, España sigue siendo su potencia administradora y responsable.

Precisamente por eso, España debe abandonar su giro actual y exigir que se materialice ya un referéndum en el territorio, condenando cualquier atentado al bienestar de una población sobre la que la Carta de las Naciones Unidas le hace responsable. Es cierto que al no tener la presencia efectiva en el territorio, España tiene limitaciones en su actuación. Sin embargo, sí puede exigir a la ONU y a Marruecos que lleven a cabo una consulta para la autodeterminación del pueblo saharaui.

La postura de España es muy hostil para el pueblo saharaui. Como potencia administradora del Sáhara Occidental, está obligada a implicarse a fondo en la búsqueda de una solución legal para el pueblo saharaui. Es su responsabilidad y la forma de reparar la injusticia y la chapuza que cometió con el reparto del territorio y su abandono.