Madrid desdibuja su papel histórico y jurídico como potencia administradora de iure y envía a la comunidad internacional un mensaje claro: aceptará el marco marroquí sobre el Sáhara ocupado aunque este contradiga abiertamente el Derecho Internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos ha revelado un movimiento político cuidadosamente calculado: transformar la resolución 2797 en el certificado de normalidad de la ocupación del Sáhara Occidental. Tal como han advertido Victoria G. Corera y Mhamad Bujari, el Gobierno español ha asumido la lectura marroquí de un texto que no otorga soberanía a Rabat ni avala el plan de autonomía, pero que ahora se presenta como si fuese un respaldo inequívoco. Esta tergiversación deliberada es el centro de la estrategia marroquí: reconfigurar un proceso de descolonización pendiente como un conflicto bilateral y, desde ahí, imponer su marco político y jurídico.

El desplazamiento de la posición española es profundo. Lo que antes eran gestos, ahora son compromisos escritos en un documento de Estado que adopta como propio un lenguaje y una lógica política redactados desde Rabat. La tribuna francófona que analiza la RAN lo explica sin rodeos: España no solo se alinea con Marruecos, sino que asume un texto que podría haber sido dictado palabra por palabra por el Gobierno marroquí. Con ello, Madrid desdibuja su papel histórico y jurídico como potencia administradora de iure y envía a la comunidad internacional un mensaje claro: aceptará el marco marroquí sobre el Sáhara ocupado aunque este contradiga abiertamente el Derecho Internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En este escenario, el aviso del Frente Polisario a la CEOE adquiere un valor que va mucho más allá del ámbito empresarial. Recordar que invertir en el Sáhara ocupado vulnera el Derecho Internacional es también una advertencia política a un Ejecutivo que parece decidido a ignorar los riesgos legales, reputacionales y financieros que implica legitimar la explotación de un territorio cuya soberanía no ha sido reconocida por ninguna institución internacional. Mientras Rabat acelera la apropiación económica del Sáhara Occidental y España respalda esa agenda, la tensión no disminuye: aumenta, porque se amplía la brecha entre la legalidad vigente y las decisiones políticas adoptadas en Madrid. El resultado es un escenario más inestable, más injusto y más alejado del camino hacia una solución justa y duradera que garantice el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Plataforma «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»