Agencias | ECSAHARAUI
Madrid (ECS).- La investigación en curso de las autoridades belgas sobre la corrupción y compra de influencias por parte de Qatar y Marruecos en el Parlamento Europeo, se ha ampliado para implicar a más eurodiputados, según una orden de arresto internacional obtenida por el diario italiano POLITICO.
Las eurodiputadas Maria Arena y Alessandra Moretti están vinculadas a la investigación que llevan a cabo los fiscales belgas. La orden fue emitida el pasado 10 de febrero por el juez de instrucción belga Michel Claise.
Según ese documento, Arena y Moretti eran miembros de una “organización», junto con Cozzolino y el eurodiputado belga Marc Tarabella, quien también fue arrestado la semana pasada.
El escándalo del Qatargate ha sacudido la capital de la UE, después de que las autoridades belgas allanaran casas y oficinas en diciembre de 2022, en medio de acusaciones de que Qatar y Marruecos entregaron dinero en efectivo y obsequios a varios eurodiputados para consolidar sus intereses en el Parlamento Europeo. En los meses transcurridos desde entonces, la institución europea, que a menudo se destaca en asuntos relacionados con el estado de derecho y la lucha contra la corrupción, ha atravesado un período de examen de conciencia mientras sus líderes intentaban distanciarse de los implicados y promulgar reformas.
La saga ha puesto particularmente de relieve el funcionamiento interno de los Socialistas y Demócratas (S&D), el grupo al que pertenecían los eurodiputados detenidos. El S&D ha excluido a Tarabella, Cozzolino y la exvicepresidenta del Parlamento Eva Kaili y respondió en enero con un amplio plan anticorrupción y transparencia.
La orden, a la que ha tenido acceso POLITICO arroja luz sobre la medida en que la red corrupta se infiltró en el Parlamento Europeo.
Según esa orden, se afirma que tanto Arena como Moretti actuaron siguiendo las instrucciones de Panzeri durante una reunión sobre una posible resolución del Parlamento Europeo sobre Qatar, a finales de 2021. Panzeri, que en ese momento ya no era eurodiputado y no asistió él mismo a la reunión, dio instrucciones directas a su ex asistente, para influir en la posible resolución.
El plan y las identidades de los miembros de esa red fueron revelados en mensajes de texto enviados a Panzeri por su ex asistente, Giuseppe Meroni, quien todavía trabajaba en el grupo S&D en ese momento, según la orden judicial. Panzeri llegó a un acuerdo con los fiscales belgas el mes pasado para intercambiar información a cambio de una sentencia reducida.
“Qatar resolvió”, dijo Meroni en un mensaje de texto a su exjefe Panzeri, según la orden judicial. Después de la reunión, Panzeri recibió información sobre lo que había sucedido tanto de Arena como de Francesco Giorgi, otro de sus antiguos asistentes, que en ese momento trabajaba para Cozzolino. Giorgi es pareja de Kaili, la exvicepresidente del Parlamento Europeo encarcelada.
A diferencia de los casos de Cozzolino y Tarabella, las autoridades belgas no han pedido, hasta el momento, al Parlamento Europeo que levante la inmunidad a Arena y Moretti, un paso necesario para investigarlas o acusarlas. Arena se negó a comentar sobre el asunto.
Arena se enfrentó a un escrutinio por un viaje a Doha en mayo de 2022, luego de no declarar a tiempo que el gobierno de Qatar había pagado su vuelo y alojamiento. Arena renunció el mes pasado como presidenta del subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo, cargo en el que sucedió a Panzeri. Moretti, mientras tanto, el pasado 17 de enero de este año declaró un viaje subsidiado a Qatar que tuvo lugar en febrero de 2020.
La orden también destaca el papel de Marruecos en el escándalo de compra de influencias.
El documento revela que, en una conversación interceptada, Panzeri y Giorgi discutieron el avance de los intereses marroquíes al colocar a Cozzolino o Kaili en un comité parlamentario especial que investiga el uso del software espía Pegasus para piratear los teléfonos de periodistas, activistas y políticos. Marruecos, según las denuncias en los informes de los medios de comunicación, puede haber utilizado el software espía para piratear a ministros del gobierno español.
Cozzolino y Kaili se convirtieron en miembros de pleno derecho del comité, aunque ahora han perdido esos cargos.
Giorgi también logró evitar que el Parlamento Europeo condenara a Marruecos, y se lo informó a Panzeri en mayo de 2022, según la misma orden judicial.
En la orden de arresto se nombra a dos marroquíes considerados cruciales para la red corrupta: el espía Mohamed Belahrech, cuyo nombre en código es M118 y conocido por los servicios de espionaje europeos durante mucho tiempo; y Abderrahim Atmoun, actual embajador de Rabat en Varsovia.
Según la orden, Atmoun “desempeñó un papel importante” al entregar dinero en efectivo, y se cree que trabajó “estrechamente” con la inteligencia marroquí y se puso en contacto con Belahrech.
Conflicto del Sáhara Occidental
Según la orden, Marruecos también intentó influir en la posición del Parlamento Europeo sobre el conflicto del Sáhara Occidental. El territorio, ahora bajo ocupación militar marroquí, es una antigua colonia española incluida en la lista de la Asamblea General como un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
España, que durante mucho tiempo se había mantenido neutral en el conflicto en curso, cambió de posición el año pasado y respaldó el plan de Rabat para una autonomía limitada para el Sáhara Occidental bajo la soberanía marroquí. La medida siguió a un año de crisis diplomática entre Madrid y Rabat.
La orden de arresto belga dice que Cozzolino emitió una declaración a pedido de Atmoun y Panzeri en marzo de 2022, respaldando el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental.
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