
El extenso análisis que publica hoy EL PAÍS describe a un Marruecos fortalecido por el respaldo de Estados Unidos, su alianza con Israel, el rearme y una creciente red de apoyos diplomáticos. Pero entre tantos avances queda una realidad que el propio artículo termina reconociendo: el Sáhara Occidental sigue sin resolverse y Rabat continúa lejos de obtener el reconocimiento internacional pleno de su anexión.
El artículo de Juan Carlos Sanz parte de una constatación difícil de discutir: Marruecos atraviesa uno de sus momentos de mayor fortaleza internacional. El reconocimiento estadounidense de 2020, la alianza estratégica con Israel, el incremento de sus capacidades militares y el progresivo respaldo de distintos gobiernos occidentales a la propuesta de autonomía han ampliado considerablemente su margen de actuación. EL PAÍS sitúa precisamente la decisión de Donald Trump como uno de los grandes puntos de inflexión: una decisión adoptada al margen del marco de Naciones Unidas que, según el arabista Bernabé López García, contribuyó a “envalentonar” a Rabat y a endurecer su política exterior.
Hay además algo especialmente relevante para quienes seguimos el Sáhara Occidental: el artículo reconoce que el Sáhara vertebra buena parte de la estrategia exterior marroquí. No aparece como una cuestión secundaria. La relación con Washington, la normalización con Israel, la política africana, la apertura de consulados en El Aaiún y Dajla, los movimientos en América Latina y hasta la forma en que Mohamed VI clasifica a sus socios internacionales están conectados con ese objetivo. El propio rey convirtió en doctrina oficial que Marruecos mida sus relaciones exteriores a través de la posición que cada país adopta sobre el Sáhara Occidental.
Y precisamente ahí aparece una de las debilidades del análisis. Cuanto más central resulta el Sáhara en el relato, más llamativa es la escasa presencia del pueblo saharaui. Hablan especialistas españoles, académicos y responsables marroquíes; se repasan las posiciones de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China o España; se estudian armas, consulados, alianzas e inversiones. Pero apenas encontramos una voz saharaui que explique qué significa ese avance diplomático desde el territorio ocupado, los campamentos de refugiados o la propia representación política saharaui.
Es una forma bastante habitual de contar este conflicto: se analiza quién gana posiciones alrededor del territorio y el Sáhara termina convertido en tablero diplomático, cuando el sujeto jurídico de la autodeterminación sigue siendo el pueblo saharaui. No es necesario negar los éxitos diplomáticos marroquíes para señalar esa ausencia. Precisamente porque esos avances existen, resulta aún más importante distinguir entre una posición política cada vez más favorable y la resolución jurídica de una descolonización.
La Resolución 2797 del Consejo de Seguridad ilustra bien esa diferencia. Supuso un avance importante para Rabat y otorgó una centralidad sin precedentes a la propuesta marroquí de autonomía. Pero no reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ni eliminó la libre determinación del pueblo saharaui del marco de Naciones Unidas. El propio artículo termina incorporando una precisión muy significativa de la profesora Irene Fernández Molina: la MINURSO continúa existiendo, la resolución mantiene parte de la ambigüedad anterior y Marruecos todavía está lejos de obtener el reconocimiento internacional pleno de la anexión.
Ese matiz adquiere especial importancia porque durante años se ha producido una acumulación de hechos políticos que pueden transmitir la impresión contraria. La apertura de consulados en El Aaiún y Dajla, los reconocimientos unilaterales, las inversiones extranjeras o los acuerdos militares tienen indudable valor para la estrategia marroquí. Pero ganar apoyos no equivale a adquirir soberanía. Un consulado no completa una descolonización, una inversión no cambia por sí sola el estatuto de un territorio y una decisión unilateral de otro Estado tampoco sustituye el procedimiento pendiente en Naciones Unidas.
El artículo resulta igualmente revelador cuando aborda la alianza con Israel. Marruecos ha adquirido sistemas antiaéreos y antimisiles, desarrolla cooperación militar y tecnológica y ha reforzado considerablemente sus capacidades. EL PAÍS menciona incluso el despliegue de sistemas israelíes en el Sáhara Occidental. Todo ello ayuda a entender por qué Rabat se siente hoy más seguro y por qué su política exterior se ha vuelto más asertiva. Pero también plantea una pregunta que apenas aparece en el análisis: qué significa profundizar la militarización de un territorio cuyo estatuto internacional permanece pendiente.
Y queda finalmente España. El artículo enlaza directamente el fortalecimiento marroquí con la nueva presión sobre Ceuta y Melilla. Eso merece atención porque Pedro Sánchez justificó en 2022 su apoyo a la propuesta de autonomía como el comienzo de una nueva etapa basada en la estabilidad y la confianza mutua. Cuatro años después, EL PAÍS describe a un Marruecos más fuerte que vuelve a incorporar Ceuta y Melilla a su discurso político y que ha protagonizado una nueva crisis migratoria en la frontera española.
Ahí aparece quizás la conclusión política más incómoda para Madrid: la concesión española sobre el Sáhara Occidental no parece haber cerrado las reivindicaciones marroquíes. Puede incluso haber contribuido a convencer a Rabat de que la presión produce resultados.
Por eso este largo artículo de EL PAÍS merece ser leído. Aporta claves importantes sobre Trump, Israel, el rearme, África, América Latina, Ceuta y Melilla y, sobre todo, sobre la manera en que Marruecos ha convertido el Sáhara Occidental en el eje de su diplomacia. Pero también permite extraer una conclusión que a veces se pierde entre tantos éxitos diplomáticos.
Marruecos ha ganado apoyos, capacidad de presión y reconocimiento político de su propuesta. Lo que todavía no ha conseguido es transformar ese respaldo en soberanía internacionalmente reconocida sobre el Sáhara Occidental.
Y mientras esa diferencia exista, el territorio seguirá siendo lo que lleva medio siglo siendo: una descolonización pendiente cuyo futuro no corresponde decidir a Washington, París, Madrid o Rabat, sino al pueblo saharaui.