En los últimos meses, Rabat ha intensificado una ofensiva diplomática que combina viajes oficiales, acuerdos bilaterales y declaraciones pactadas para imponer su lectura del conflicto del Sáhara Occidental. Lo preocupante no es solo el alcance de esta estrategia, sino la facilidad con la que varias capitales europeas —y algunos actores políticos y mediáticos— han asumido ese marco sin contrastarlo con el derecho internacional. El resultado es un escenario en el que Marruecos avanza, y Europa calla.

La visita del ministro Nasser Bourita a Países Bajos, la reunión de alto nivel entre España y Marruecos y la sucesión de comunicados oficiales difundidos desde otoño dibujan una estrategia perfectamente definida: convertir la propuesta marroquí de autonomía en un supuesto consenso internacional. Los comunicados siguen una estructura reiterada —cooperación estratégica, estabilidad regional, lucha contra la migración irregular— y reservan para un segundo plano la verdadera clave: la adhesión implícita al marco marroquí. La maniobra surte efecto. Al presentar el Sáhara Occidental como un “asunto bilateral”, Rabat consigue que la ocupación quede normalizada en textos diplomáticos que, tras su publicación, actúan como hechos consumados.

Europa, mientras tanto, ocupa un lugar cada vez más secundario. España ha abandonado incluso la prudencia jurídica, alineándose con Rabat sin un debate democrático sobre las consecuencias de ese giro. Otros países, como Países Bajos, recurren a un lenguaje deliberadamente ambiguo que evita mencionar la autodeterminación y destaca la “visión marroquí” como punto de partida, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que ninguna decisión puede tomarse sin el consentimiento del pueblo saharaui. La incoherencia —suscribir discursos incompatibles con la legalidad europea— revela la vulnerabilidad política de la UE, atrapada entre dependencias energéticas, acuerdos migratorios y prioridades estratégicas.

En este terreno favorable, el silencio europeo no es neutral: consolida la política de hechos consumados. Las inversiones en Dajla y El Aaiún, los vuelos turísticos y la apertura de delegaciones empresariales en territorios ocupados generan una apariencia de normalidad que diluye la naturaleza del conflicto. Mientras Rabat amplía su red de apoyos mediante una diplomacia económica intensa —energía, infraestructuras, pesca, educación, seguridad—, la Unión Europea evita cualquier gesto que pueda incomodar a un socio al que considera clave para el control fronterizo y para su proyección en África occidental.

A esta ofensiva marroquí se suma un factor decisivo: la colaboración necesaria de ciertos actores políticos y mediáticos, especialmente en España. El papel del PSOE resulta central: ha incorporado la tesis marroquí como referencia discursiva y se ha resistido sistemáticamente a explicar a la ciudadanía la realidad jurídica que aparece en todos los documentos de la ONU, según la cual España sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental. Esta renuncia política se proyecta después en muchos medios generalistas, donde la cobertura del conflicto aparece fragmentada, descontextualizada o directamente alineada con la agenda de Rabat. La dependencia energética, los acuerdos migratorios y la presión diplomática marroquí generan un clima en el que buena parte de las redacciones optan por callar o suavizar, alimentando un ecosistema político-mediático que, por acción u omisión, olvida al pueblo saharaui y normaliza la ocupación.

Frente a este panorama, el movimiento saharaui mantiene una diplomacia propia mucho más activa de lo que suele percibirse en Europa, pese al silencio mediático que la rodea. El Frente Polisario continúa articulando alianzas en África, América Latina y Asia, respaldado por Estados que no aceptan la política de hechos consumados de Rabat. En la Unión Africana, la República Saharaui participa plenamente como miembro fundador y ha logrado frenar repetidos intentos marroquíes de erosionar su posición institucional. Del mismo modo, la causa saharaui ha reforzado su presencia en foros parlamentarios, redes de juristas, universidades, organizaciones de derechos humanos y espacios donde se debate la descolonización pendiente. Lejos de la imagen simplificada que proyectan ciertos gobiernos europeos, la diplomacia saharaui no se limita a resistir: se expande, se profesionaliza y ocupa espacios, sostenida por una nueva generación de activistas, cuadros políticos y representantes que entienden que el conflicto también se libra en el terreno normativo y multilateral.

Esa actividad constante demuestra que, más allá de la ofensiva marroquí y del silencio europeo, la cuestión del Sáhara Occidental sigue viva donde siempre ha estado: en el derecho internacional y en la acción política del propio pueblo saharaui, que continúa reclamando —con legitimidad y persistencia— el lugar del que se le intenta expulsar.

Carlos C. García – PLATAFORMA «No te olvides del Sahara Occidental»