La desaparición de la MINURSO ha abierto una nueva etapa, pero Marruecos pretende ir mucho más lejos: conseguir que Naciones Unidas deje de ocuparse del Sáhara Occidental. Confundir el final de una misión con el final de una descolonización sería aceptar que los hechos consumados pueden sustituir al derecho internacional.

Marruecos no se conforma con la desaparición de la MINURSO. El comunicado del Gabinete Real del 30 de octubre dejó clara una ambición mayor: retirar la cuestión del Sáhara Occidental de la agenda del Consejo de Seguridad y avanzar hacia su cierre definitivo en Naciones Unidas. Rabat presenta el final de la misión como una oportunidad para dar por superado un expediente que considera resuelto. Pero una cosa es conseguir que desaparezca un instrumento internacional y otra muy distinta lograr que desaparezca la responsabilidad que justificó su creación.

La pretensión resulta especialmente significativa porque el Consejo de Seguridad no aprobó el proyecto estadounidense que reforzaba la autonomía marroquí. Rusia ejerció su derecho de veto en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la propuesta alternativa para prolongar la MINURSO tampoco reunió los votos necesarios. El resultado fue un bloqueo, no una decisión sobre la soberanía del territorio. Sin embargo, Marruecos pretende extraer de ese fracaso una conclusión política favorable a sus reivindicaciones: si la misión ya no existe, tampoco tendría sentido mantener abierta la cuestión que debía contribuir a resolver.

Ese razonamiento tropieza con una realidad que no depende de las preferencias de Rabat. El Sáhara Occidental continúa inscrito desde 1963 en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Su descolonización no ha concluido y el pueblo saharaui conserva su derecho de autodeterminación. Los reconocimientos diplomáticos, las inversiones económicas y el control de gran parte del territorio pueden reforzar la posición marroquí, pero no sustituyen una decisión libre del pueblo al que corresponde determinar su futuro.

El problema no es únicamente lo que pretende Marruecos. También importa lo que estén dispuestos a aceptar los gobiernos que aseguran defender el orden internacional basado en normas. España, antigua potencia colonial, mantiene desde 2022 su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía. Pedro Sánchez acaba de reiterarlo. Pero ni España ni los demás Estados pueden convertir sus preferencias diplomáticas en una solución definitiva al margen del derecho de autodeterminación. El Frente POLISARIO continúa defendiendo ese derecho y rechaza que la soberanía marroquí pueda darse por establecida mediante decisiones ajenas al pueblo saharaui.

Este martes, la Asamblea General examina el veto ruso del 30 de octubre. No está convocada para decidir la independencia ni para restablecer la MINURSO, pero su reunión recuerda que el Sáhara Occidental sigue presente en Naciones Unidas. Precisamente por eso, la aspiración marroquí de cerrar el expediente encuentra un límite fundamental: la cuestión no puede considerarse jurídicamente resuelta por el simple hecho de que una de las partes reclame su desaparición de la agenda.

Marruecos puede aspirar a cerrar el expediente, pero no puede borrar la descolonización pendiente. El verdadero peligro sería que la comunidad internacional terminara aceptando esa confusión. Porque si bastara con controlar un territorio, acumular apoyos y esperar a que desaparezcan los mecanismos internacionales para dar por concluida una descolonización, el derecho de autodeterminación dejaría de ser un principio para convertirse en una promesa que solo se cumple cuando conviene a los más poderosos.

Victoria G. Corera – Plataforma No te olvides del Sáhara Occidental

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