Según Western Sahara Resource Watch (WSRW), el Gobierno de Marruecos ha confirmado que gran parte de sus ambiciosos proyectos de hidrógeno verde —hasta 20 GW de energías renovables y 8 millones de toneladas de derivados— se desarrollarán en el Sáhara Occidental ocupado, un territorio no autónomo bajo ocupación ilegal desde 1975.
En una comparecencia ante el Parlamento el pasado 23 de junio, la ministra marroquí de Transición Energética, Leïla Benali, detalló que estos proyectos se inscriben en la denominada “Oferta Marruecos” e implicarán inversiones millonarias, el uso de 63 millones de m³ de agua al año y la instalación de complejos industriales para producir amoníaco, combustibles sintéticos y acero verde. Tres cuartas partes del suelo ofrecido para estas instalaciones está situado fuera de las fronteras reconocidas internacionalmente de Marruecos.
Entre las empresas implicadas figuran multinacionales como Acciona (España), Nordex (Alemania), Ortus Power Resources (EE. UU.), Taqa (EAU), Moeve (España, antes Cepsa), Nareva (Marruecos, del holding real Al Mada), Acwa Power (Arabia Saudí) y consorcios chinos, así como acuerdos con TotalEnergies y Engie (Francia). WSRW ha dirigido cartas a estas compañías solicitando explicaciones sobre la ubicación exacta de sus proyectos, sin obtener respuesta.
La organización recuerda que el derecho internacional, así como resoluciones de la ONU y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, exigen el consentimiento expreso del pueblo saharaui para cualquier actividad económica en su territorio. “Desarrollar energías limpias sin respeto por los derechos humanos no es transición verde, sino expolio”, afirmó Sara Eyckmans, coordinadora de WSRW.
Estos megaproyectos, presentados por Rabat como una oportunidad de inversión y lucha contra el cambio climático, son vistos por organizaciones pro-saharauis como una estrategia para consolidar la ocupación y explotar los recursos renovables del Sáhara Occidental bajo un “lavado verde”.