El jueves 10 de septiembre el Pleno del Congreso votará el dictamen de la proposición de ley sobre nacionalidad española para los saharauis nacidos bajo administración española y sus descendientes. No será todavía la aprobación definitiva: si supera esta fase, el texto continuará su tramitación en el Senado. Pero sí será una votación decisiva para saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Parlamento español en una cuestión que arrastra medio siglo de abandono.

Carlos C. García – EQUIPO «NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL»

La nacionalidad saharaui vuelve esta semana al centro del debate parlamentario español. El próximo jueves, el Congreso de los Diputados deberá pronunciarse sobre el dictamen aprobado en julio por la Comisión de Justicia y decidir si la proposición de ley continúa su recorrido legislativo. Si obtiene el respaldo suficiente, la iniciativa pasará al Senado, donde todavía podrá ser aprobada, modificada o vetada antes de completar su tramitación. Conviene dejarlo claro porque el 10 de septiembre será una jornada importante, pero no el final del procedimiento.

En las últimas horas ha aparecido, sin embargo, una primera incertidumbre sobre ese calendario. La Razón asegura este lunes, citando fuentes parlamentarias de Sumar, que el PSOE podría intentar demorar la llegada de la iniciativa al Pleno. Por ahora no existe ninguna decisión oficial en ese sentido y el Congreso mantiene expresamente el debate de la proposición de ley en el orden del día del jueves. La Junta de Portavoces se reunirá este martes y será uno de los momentos a seguir para comprobar si ese posible aplazamiento llega a concretarse o la tramitación continúa según lo previsto.

La proposición de ley pretende abrir una vía específica para los saharauis nacidos bajo administración española hasta septiembre de 1977 y para sus descendientes directos. El texto contempla el acceso a la nacionalidad por carta de naturaleza y modifica además el régimen de adquisición por residencia para incluir a los saharauis entre los colectivos que pueden solicitarla después de dos años de residencia legal y continuada en España, en lugar de los diez exigidos con carácter general. La iniciativa intenta responder así a una situación excepcional que no nació ahora, sino cuando España abandonó el Sáhara Occidental sin resolver de manera suficiente las consecuencias jurídicas de décadas de administración sobre el territorio y su población.

El recorrido parlamentario tampoco ha sido sencillo. Sumar registró nuevamente la iniciativa en noviembre de 2023, después de que una propuesta similar impulsada en la legislatura anterior quedara interrumpida por el adelanto electoral de 2023. El Congreso aceptó su toma en consideración en marzo de 2025, pero la tramitación permaneció durante meses detenida en la fase de enmiendas. Finalmente, el texto consiguió avanzar y la Comisión de Justicia aprobó su dictamen el pasado 23 de julio. El PSOE votó entonces a favor, el Partido Popular optó por la abstención y Vox mantuvo su rechazo.

La crisis de Ceuta ha irrumpido ahora en esta recta parlamentaria y amenaza con cambiar el marco del debate. Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar, ha llamado a PP y Vox a reconsiderar su posición después de las acusaciones contra Marruecos por lo ocurrido en la frontera y ha señalado que votar a favor de la iniciativa impediría que ambos partidos adoptaran una posición que, a su juicio, solo beneficiaría a Rabat. También ha recordado las críticas realizadas desde el partido nacionalista marroquí Istiqlal a la posibilidad de que España reconozca la nacionalidad a los saharauis nacidos durante la administración española y a sus descendientes.

Ese componente político existe y forma parte de la actualidad de esta semana, pero sería un error convertirlo en la explicación principal de la ley. La nacionalidad de los saharauis no llega al Congreso porque España tenga ahora una nueva crisis con Marruecos, ni debería presentarse como una represalia diplomática contra Rabat. La cuestión es mucho más antigua. España censó a la población del Sáhara Occidental, expidió documentación, administró su territorio, reguló su vida civil y mantuvo durante décadas una relación directa con quienes vivían allí. Después se retiró sin culminar la descolonización y dejó tras de sí una situación jurídica que medio siglo después continúa produciendo consecuencias personales y familiares.

Por eso la pregunta que debería acompañar la votación del jueves no es si esta ley perjudica a Marruecos, ni si el PP o Vox pueden utilizarla ahora para responder a Rabat por Ceuta. La cuestión de fondo es si España está dispuesta a reconocer las consecuencias de su propia presencia y de su retirada del Sáhara Occidental. La ley no inventa en 2026 un vínculo entre España y los saharauis. Intenta dar una respuesta legislativa a un vínculo que existió, que quedó documentado por la propia administración española y que durante décadas ha obligado a muchos saharauis a recorrer procedimientos complejos para demostrar una relación histórica que España conoce perfectamente porque forma parte de sus propios archivos.

Tampoco conviene mezclar esta iniciativa con la cuestión de la soberanía sobre el Sáhara Occidental. La adquisición de la nacionalidad española por determinados saharauis no resuelve la descolonización pendiente ni sustituye el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. Son planos distintos. Una persona puede adquirir la nacionalidad española sin que ello modifique el estatuto internacional del territorio del que procede ni elimine sus derechos como saharaui. Presentar la ley como una alternativa a la autodeterminación sería tan equivocado como convertirla en un gesto hostil contra Marruecos.

El jueves cada grupo parlamentario tendrá que retratarse de nuevo. El PSOE deberá confirmar en el Pleno el voto favorable que ya emitió en la Comisión de Justicia. El Partido Popular tendrá que decidir si mantiene la abstención que adoptó en julio después de haber apoyado anteriormente la toma en consideración de la iniciativa. Vox deberá resolver si continúa votando en contra pese al endurecimiento de su discurso hacia Marruecos después de la crisis de Ceuta. El resultado permitirá conocer si el texto puede continuar hacia el Senado o si vuelve a quedar detenido después de años de intentos.

La semana estará probablemente llena de declaraciones, cálculos partidistas y referencias a la relación con Rabat. Todo eso formará parte del debate político, pero no debería ocultar lo esencial. La ley de nacionalidad saharaui no comenzó con Ceuta y tampoco terminará necesariamente el jueves. Su origen está cincuenta años atrás, en una descolonización que España dejó sin concluir y en una población a la que administró durante décadas antes de marcharse.

El 10 de septiembre no se cerrará todavía la tramitación legislativa. Lo que el Congreso decidirá es si esa reparación histórica puede seguir avanzando.