Tesh Sidi, que ocupará el número dos de Frente Amplio por Madrid, ha vuelto a reclamar al Gobierno una vía extraordinaria para rescatar antes de las elecciones la ley de nacionalidad española para los saharauis. Su presión mantiene vivo un asunto que la disolución de las Cortes dejó sin culminar, pero la campaña del 29-N obliga a ampliar la mirada: no solo importa qué puede hacer todavía el Gobierno actual, sino también qué hará quien aspire a gobernar después.

Tesh Sidi ha vuelto a colocar la nacionalidad española para los saharauis en el centro de la actualidad política. La diputada de Más Madrid, que será número dos de Frente Amplio por Madrid el 29-N, ha pedido al Gobierno que intente recuperar por decreto una norma que había superado el Congreso pero que decayó con la convocatoria electoral cuando todavía estaba en tramitación en el Senado. Su argumento es claro: si existía una mayoría política suficiente para sacar adelante aquella proposición, el Ejecutivo debería explorar hasta el final las vías que permita el ordenamiento antes de que termine definitivamente la legislatura.

La presión al Gobierno es legítima, pero conviene no convertirla en la única pregunta de la campaña. La vía jurídica que ahora se reclama no es automática ni está exenta de dificultades y no debería presentarse como si bastara con sustituir una proposición de ley caída por un decreto equivalente. La carta de naturaleza existe en el Código Civil para circunstancias excepcionales, mientras que un Real Decreto-ley general plantea cuestiones diferentes que exigirían una fundamentación jurídica sólida. Generar de nuevo expectativas que después no puedan cumplirse sería el peor desenlace para quienes llevan años esperando una reparación.

Al mismo tiempo, la campaña electoral abre una segunda cuestión que mira más allá del actual Consejo de Ministros. El Partido Popular ha respaldado durante esta legislatura iniciativas que reclamaban recuperar otra posición sobre el Sáhara Occidental y, en noviembre de 2025, se sumó a Sumar para pedir al Gobierno que reafirmara el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y alineara la política española con el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Si Alberto Núñez Feijóo aspira a presidir el próximo Gobierno, tendrá que explicar también qué hará con la ley de nacionalidad caída y con el giro de 2022 que su partido ha cuestionado durante estos años.

Ahí deberían quedar claramente separadas las dos preguntas. Al Gobierno actual: ¿va a intentar alguna vía jurídicamente viable antes de que termine la legislatura para evitar que la nacionalidad saharaui vuelva a quedar aplazada? A Feijóo y al PP: si gobiernan después del 29-N, ¿recuperarán esa ley y qué posición adoptará España sobre el Sáhara Occidental, la autodeterminación y el respaldo concedido por Sánchez al plan marroquí de autonomía?

La presencia de Tesh Sidi en una posición destacada de la candidatura por Madrid garantiza que estas cuestiones tendrán una voz visible durante la campaña. Pero el debate no debería quedar reducido a exigir responsabilidades por lo que no se hizo antes de la disolución. El 29 de noviembre decidirá quién tendrá capacidad para actuar después. Y, antes de votar, conviene conocer no solo las críticas de cada partido, sino también qué compromisos concretos están dispuestos a asumir con el pueblo saharaui cuando termine la campaña y empiece la próxima legislatura.

LA LECTURA DEL DÍA — 21 de octubre de 2026 | CARLOS CRISTÓBAL

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