Sumar busca un acuerdo con el PSOE para desbloquear la norma mientras persiste la exclusión de los saharauis de la regularización extraordinaria.
El debate sobre la nacionalidad saharaui vuelve a entrar en una fase decisiva en el Congreso. La proposición de ley impulsada por Sumar para reconocer —o “retornar”— la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental durante la administración española avanza en su tramitación parlamentaria, con negociaciones abiertas para intentar atraer al PSOE a un acuerdo.
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Las conversaciones se centran ahora en una serie de enmiendas transaccionales que podrían facilitar ese consenso. Entre los cambios propuestos destaca la ampliación del periodo de nacimiento de los potenciales beneficiarios hasta el 11 de agosto de 1977, así como la posibilidad de presentar solicitudes durante varios años tras la entrada en vigor de la ley. Además, la iniciativa plantea reducir el plazo necesario para solicitar la nacionalidad de diez a dos años, equiparándolo al de otros colectivos con vínculos históricos con España.
Más allá de los detalles técnicos, lo relevante es el momento político. Tras meses de bloqueo, la ley vuelve a moverse en un escenario donde podrían configurarse mayorías suficientes para su aprobación, incluso con apoyos transversales. El debate deja de ser únicamente simbólico para situarse en el terreno de lo posible.
Pero esta discusión no se produce en el vacío. Coincide con una situación que ha vuelto a generar malestar entre la población saharaui en España: su exclusión del reciente proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno.
Miles de saharauis siguen viviendo esta realidad en primera persona. Su condición de apátridas —o de solicitantes de ese reconocimiento— les sitúa en un limbo administrativo que puede prolongarse durante años. Durante ese tiempo, muchas personas no pueden trabajar con normalidad, acceder a determinados servicios o desarrollar un proyecto de vida estable.
Asociaciones y representantes saharauis han denunciado que esta exclusión refuerza una situación de desigualdad difícil de justificar. La regularización extraordinaria fue percibida por muchos como una oportunidad para salir de ese bloqueo, pero finalmente dejó fuera a un colectivo que, en gran medida, mantiene vínculos históricos, culturales y jurídicos con España.
Detrás de esta realidad hay historias concretas. Jóvenes que no pueden acceder a determinadas oportunidades educativas, familias separadas entre España y los campamentos de refugiados, o personas que dependen durante años de redes de apoyo mientras esperan una resolución administrativa. En muchos casos, los procedimientos de apatridia se alargan mucho más allá de los plazos previstos, prolongando una situación de incertidumbre que afecta directamente a su vida cotidiana.
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En este contexto, la ley en tramitación adquiere un significado que va más allá de lo jurídico. Sus impulsores la definen como una medida de “memoria restaurativa”, destinada a corregir una anomalía que se arrastra desde el final de la administración española del Sáhara Occidental.
El debate político, sin embargo, sigue condicionado por factores que van más allá del propio Congreso. La relación con Marruecos, la política migratoria y los equilibrios en política exterior siguen influyendo en una cuestión que, en esencia, remite a la responsabilidad jurídica de España respecto al territorio.
Mientras tanto, la situación de fondo no cambia. El Sáhara Occidental sigue inscrito en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas y el proceso de descolonización continúa pendiente.
La ley de nacionalidad no resolverá ese escenario.
Pero sí puede actuar sobre una realidad más inmediata.
La de miles de personas que siguen esperando.